Filtran chat que compromete un millonario proceso de contratación de vigilancia en el Sena: “Tiene que subir el porcentaje”

El proceso de licitación de seguridad por cerca de $200.000 millones en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se encuentra en el centro de la atención pública tras la filtración de un mensaje que circuló durante una audiencia oficial.

En el chat, un funcionario escribió que ya le había dicho a una empresa participante: “tiene que subir el porcentaje porque nos están cascando”, frase que reavivó los cuestionamientos sobre la transparencia en la contratación de servicios de vigilancia en la entidad.

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La conversación, divulgada en la audiencia de aclaraciones de la Zona 1 (Regional Sucre), también incluyó el comentario: “toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo con los medios, ahí está la FM, vamos a responder todo pero que vamos a negar todo”. Según reportó la emisora en mención, la filtración se suma a una serie de advertencias previas sobre supuestas anomalías en los pliegos de condiciones y limitaciones a la competencia.

Empresas bajo sospecha y participación reducida

El chat menciona a Jaime Esteban Pantoja, propietario de Seguridad Fénix, empresa que resultó adjudicataria del contrato en la Zona 3 (Manizales) el año anterior y que fue la única proponente que cumplió con los requisitos en esa oportunidad. La FM resaltó que el proceso actual repite patrones que ya habían generado suspicacias en el pasado.

En la Zona 4 (Regional Valle del Cauca), solo se presentó una unión temporal conformada por Servigpoder y Seguridad Cosmos Ltda.. Datos del sector citados por la misma emisora indican que procesos de esta magnitud suelen atraer al menos 20 propuestas, mientras que la licitación reciente del Invima en el mismo rubro contó con 24 oferentes. La baja participación fue explicada por los estrictos requisitos técnicos y de experiencia estipulados en los pliegos.

Pliegos de condiciones y denuncias de “pliegos sastre”

El 16 de marzo, Infobae Colombia tuvo conocimiento sobre los perfiles exigidos en la licitación del Sena, entre los que figuran: un general en retiro con título en seguridad e ingeniería, experto en gerencia humana, con seminario en derechos humanos, diplomado en gerencia, magíster en área de seguridad, consultor con cinco años de experiencia y un año de antigüedad en la empresa proponente.

Sectores gremiales señalaron que esta combinación de requisitos restringe la participación y podría favorecer a empresas específicas, lo que se conoce como “pliegos sastre”, es decir, condiciones diseñadas a la medida de ciertos contratistas. Un día después de la alerta, la Red de Veedurías radicó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por posibles irregularidades en los procesos de contratación del servicio de vigilancia, que superarían los $190.000 millones.

El documento advierte sobre la posible existencia de requisitos orientados a beneficiar a firmas que ya han obtenido contratos similares en otras entidades públicas, generando preocupación sobre la equidad y legalidad de los procedimientos.

El proceso de adjudicación, que avanza bajo la dirección de Jorge Eduardo Londoño, director del Sena, ocurre en un momento de especial escrutinio institucional, ya que los contratos en juego se distribuyen en cinco regionales.

Impacto político y repercusiones en otros sectores

En el entorno político, circulan versiones sobre el interés de Armando Benedetti en la Alcaldía de Barranquilla y el respaldo de sectores vinculados a figuras como Efraín Cepeda y Pulgar.

Al mismo tiempo, el impuesto al patrimonio generó estimaciones sobre el impacto en universidades como el Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, que podrían enfrentar pagos de $23.400 millones y $9.111 millones respectivamente, debido a su participación accionaria en grupos empresariales.

Mientras la denuncia sobre la licitación del Sena ya fue radicada en la Procuraduría General de la Nación, fuentes consultadas por La FM insisten en la necesidad de mayor transparencia y vigilancia institucional en los procesos de contratación pública.