Tres organizaciones sindicales del sector salud colombiano —Asuntssanar, Sindisalud y Sintrafamisanar, que representan a trabajadores de Emssanar, Asmet Salud y Famisanar, respectivamente— se pronunciaron ante la opinión pública tras el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro el pasado 16 de marzo en el Consejo de Ministros.
En el documento, las organizaciones señalan que el escenario de liquidación de estas tres EPS no debería adoptarse sin antes agotar alternativas financieras y territoriales que, según ellos, aún no han sido exploradas con seriedad.
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El comunicado, titulado “La salud y el trabajo como derecho fundamental”, establece desde el inicio que la postura sindical no parte de la confrontación, sino, en sus propias palabras, “desde la responsabilidad de poner en el centro de esta conversación lo que aún no se está diciendo con suficiente claridad: lo que implica una liquidación y, sobre todo, lo que todavía es posible evitar”.
Las cifras en juego
Las tres EPS concentran en conjunto aproximadamente 6.100 trabajadores directos y una base de afiliados que supera los 5,8 millones de personas. Según el comunicado, Emssanar cuenta con 1.668.880 usuarios, Asmet Salud con 1.585.721 y Famisanar con 2.599.365. Esta población está distribuida en 15 departamentos, con presencia en el suroccidente del país, el Eje Cafetero, la Amazonía, la Costa Caribe y el centro del territorio nacional.
Para los sindicatos, trasladar de forma inmediata a esa cantidad de personas a otras entidades del sistema, sin un plan técnico construido con anterioridad, no resuelve los problemas identificados en estas EPS.
El comunicado lo dice con precisión: “Trasladar a seis millones de personas sin un plan técnico, serio y previamente construido no soluciona de raíz las dificultades señaladas, al contrario, agudiza las situaciones que se vienen presentando en el sistema de salud”.
El argumento laboral
Una parte central del documento es la situación de los 6.100 empleados. El comunicado los describe como hombres y mujeres que sostienen hogares en los que conviven menores, adultos mayores y personas con discapacidad, y que dependen de ese ingreso para vivir con dignidad. Según las organizaciones sindicales, en las regiones donde operan estas EPS las tasas de desempleo son altas, lo que hace que perder el empleo en el sector formal de la salud pueda marcar el futuro de una familia durante décadas.
El texto también apunta una contradicción que los sindicatos consideran relevante: dentro de la política del Gobierno se ha promovido el discurso del trabajo digno y decente, y frente a esa premisa exigen saber qué garantías concretas existen para los trabajadores que quedarían afectados.
Las alternativas que proponen
Los sindicatos no se limitan a rechazar la liquidación. Mencionan que estas entidades pueden ser financieramente viables a través del pago de la cartera que se les adeuda, la apertura de procesos de capitalización y la exploración de acuerdos de reestructuración. Sostienen que estas son herramientas existentes y disponibles que aún no han sido agotadas.
Por ello exigen que, antes de cualquier acto administrativo, el Gobierno garantice la continuidad en la atención mediante lo que el comunicado denomina “un plan territorial definido antes de cualquier decisión”. La advertencia es directa: “Mientras estas alternativas no se hayan explorado de manera real, cualquier decisión de liquidación resulta prematura y sus efectos, irreversibles”.
Al cierre, las tres organizaciones invitan a los trabajadores a mantenerse informados y a hacer circular el comunicado para que llegue a quienes toman decisiones y a quienes pueden exigir que estas se adopten con responsabilidad.
La posición de estos sindicatos se suma al debate sobre el futuro del sistema de salud colombiano en un momento en que varias EPS enfrentan procesos de intervención o liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
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