Movida del Gobierno Petro con el ahorro pensional hacia Colpensiones sería ilegal: Banco de la República explicó la razón

El Banco de la República advirtió sobre los riesgos legales y financieros que plantea el proyecto de decreto del Gobierno de Gustavo Petro para reglamentar el traslado de recursos pensionales desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) a Colpensiones.

La entidad explicó que permitir la transferencia anticipada de fondos de los afiliados, antes de que se consolide el derecho pensional, podría vulnerar la ley actual. Según el Emisor, la práctica altera el actual esquema legal y podría desestabilizar tanto los ahorros de los trabajadores como los mercados financieros y el sistema de pensiones en su conjunto.

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De acuerdo con un documento enviado al Ministerio del Trabajo, conocido por Portafolio, el principal argumento legal radica en que la normativa vigente establece que “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual seguirán siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta el momento en que se consolide la pensión”. Bajo este criterio, ejecutar el traslado antes de que se cumpla la condición excede la autoridad del Gobierno, ya que no es posible modificar el régimen por medio de un decreto reglamentario.

El banco central considera que la propuesta de reglamento autoriza a las AFP a transferir tanto el capital como los rendimientos de los afiliados que opten por la ventana de oportunidad, sin consolidarse la pensión. La medida, advirtió la entidad, “implica una modificación sustancial del esquema definido por el legislador”. La situación abre una controversia jurídica sobre si el Ejecutivo tiene facultades para transformar el sistema pensional mediante regulación administrativa.

Incertidumbre jurídica por la reforma pensional

El dictamen del Emisor aparece en un momento donde la Ley 2381 de 2024 —norma clave de la reforma pensional— está suspendida parcialmente por orden de la Corte Constitucional, salvo en algunos artículos específicos. El banco enfatizó en que “el contexto jurídico en el que se pretende aplicar el decreto es todavía incierto y no completamente consolidado”. Para millones de afiliados y para las propias instituciones gestoras de pensiones, esta suspensión genera mayor inseguridad respecto al futuro de sus fondos.

Dicho entorno jurídico inestable convierte en precario cualquier intento del Gobierno por introducir cambios regulatorios relevantes. La decisión de avanzar con el reglamento, mientras la ley matriz está en revisión, añade incertidumbre a uno de los componentes económicos más sensibles del país.

Riesgos financieros y repercusiones en el mercado

Asimismo, el análisis presentado resalta los riesgos financieros derivados de movilizar grandes volúmenes de capital en un corto periodo de tiempo. Se advierte que una parte importante de los activos manejados por las AFP está invertida en títulos de deuda pública (TES), instrumentos esenciales para el equilibrio del mercado local. De acuerdo con el documento, “la magnitud del traslado de recursos, sumada a los plazos establecidos para su ejecución, podría generar ‘implicaciones no despreciables sobre el funcionamiento de los mercados locales’”.

De igual forma, el traslado rápido y forzoso de estos fondos afectaría la liquidez del mercado de TES y podría presionar las tasas de interés de la deuda pública. Cambios bruscos limitarían la capacidad de financiación del Estado y tendrían repercusiones en otras variables macroeconómicas, lo que generaría desequilibrios en el sistema financiero. La estabilidad de los mercados se ve amenazada ante movimientos cuantiosos de capital sin los periodos de adaptación necesarios.

El informe indica que no existen condiciones para absorber un flujo masivo de recursos sin provocar alteraciones en los precios de los activos financieros. Entonces, la combinación entre el elevado volumen involucrado y los plazos cortos podría causar desajustes estructurales.

Condiciones técnicas y operativas pendientes

Es de recordar que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), previsto para facilitar la administración de recursos tras la reforma, aún no está en funcionamiento. La situación limita la capacidad del sistema para recibir y gestionar montos elevados provenientes de las AFP. El Banco de la República destacó que “mientras no se cumplan las condiciones institucionales y legales necesarias, debe mantenerse el esquema actual en el que los recursos continúan siendo administrados por las AFP hasta el momento en que se consolide el derecho pensional”.

Así las cosas, la protección de la seguridad jurídica y la estabilidad financiera depende de que todos los elementos institucionales estén plenamente activos. Entonces, anticipar el traslado de fondos antes de contar con infraestructura adecuada incrementaría los riesgos y dejaría expuestos tanto a los afiliados como al conjunto del sistema.