Armando Benedetti advirtió que el Gobierno dará la pelea con la reforma a la salud: “Vamos a intentar con la apelación”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno nacional no se dará por vencido con respecto a la reforma a la salud, a pesar de su rechazo en la Comisión Séptima del Senado en 2025, pese a que al presidente Gustavo Petro solo le quedan seis meses para que acabe su periodo presidencial.

Benedetti afirmó que, si bien la propuesta sufrió un revés importante, el Ejecutivo continuará su lucha para revivirla. Durante una rueda de prensa, el ministro detalló las acciones que el Gobierno tomará para revocar la decisión tomada por la Comisión.

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“Primero vamos a intentar con la apelación y depende del ministro de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo) cuándo se vuelve a radicar otra vez”, explicó Benedetti, al dejar claro que el camino no termina con este primer obstáculo.

En este sentido, el ministro Armando Benedetti, bajo la dirección del presidente Petro, indicó que el Gobierno buscaría todas las opciones posibles para sacar adelante el proyecto. Esto ocurre en el contexto de una crisis en el sistema de salud, que el Ejecutivo considera urgente de reformar.

Sin embargo, sus opositores argumentan que esta iniciativa solo abriría la puerta a más corrupción y podría empeorar aún más el sistema de salud.

La batalla por la reforma a la salud sigue viva para el Gobierno Gustavo Petro

El proyecto de reforma a la salud había generado gran expectativa, pero tras una discusión de más de cinco horas, la Comisión Séptima aprobó la ponencia de archivo, con 8 votos a favor. Los opositores al proyecto presentaron esta ponencia como una medida para frenar lo que consideran un cambio drástico en el sistema de salud, al que temen se vería afectado debido a las medidas propuestas, como la liquidación de EPS en quiebra -en marzo de 2025-.

Antes de las palabras de Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema, a pesar de la derrota sufrida en el Congreso, no descartó la posibilidad de insistir en el proceso legislativo.

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o no. Ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma y ya solo nos queda un último tramo. Las reformas a la salud y tributaria se presentarán de nuevo el 20 de julio como proyecto de ley. Será otro gobierno, otro Congreso y otra oportunidad. Dependerá del electorado colombiano”, expresó Petro en intervención en el Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2026.

El Gobierno nacional, tras este revés, anunció también que procederá con la liquidación de varias EPS que se encuentran en quiebra. Las compañías afectadas incluyen Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca, que en conjunto suman más de 12 millones de afiliados.

Las EPS que están siendo liquidadas son:

• Famisanar: 2,9 millones de afiliados
• Coosalud: 3,2 millones de afiliados
• Asmet Salud: 1,8 millones de afiliados
• Emssanar: 1,7 millones de afiliados
• Savia Salud: 1,6 millones de afiliados
• Servicio Occidental de Salud: 750.000 afiliados
• Capresoca: 170.000 afiliados

¿Qué significa “apelar” una reforma hundida en el Congreso?

Las declaraciones del ministro Benedetti también abrieron la puerta a una interrogante sobre las intenciones del Ejecutivo con la reforma a la salud. La acción que buscan, que puede parecer complicada, en realidad es un recurso legal contemplado en el reglamento interno del Congreso de la República, específicamente bajo la Ley 5ª de 1992.

Cuando un proyecto de ley es archivado en una comisión, como ocurrió con la reforma a la salud, el Gobierno tiene la opción de interponer una apelación para que el proyecto sea revivido y discutido nuevamente, esta vez en la Plenaria del Senado.

Para ello, se debe presentar un recurso ante la mesa directiva de la cámara correspondiente. Después de esto, se conforma una Comisión Accidental que evaluará el caso y hará una recomendación al respecto.

Si la mayoría de los congresistas apoya la apelación, el proyecto puede seguir su trámite, pero si el informe es rechazado, el proyecto queda archivado definitivamente, obligando al Gobierno a presentar un nuevo proyecto en una próxima legislatura, en este caso, que daría inicio el 20 de julio de 2026, el mismo día que se renueva el Congreso.