
Durante el 16 de marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación entregó detalles de la investigación sobre la muerte del padre Darío Valencia Uribe, ocurrida en septiembre de 2024. Tras una extensa investigación, se logró esclarecer el asesinato del párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira.
El ente judicial confirmó que se dictó una condena de 27 años y 9 días de prisión en contra de Julián Eduardo Cifuentes Gómez, que aceptó su responsabilidad en el crimen luego de ser detenido en Francia y extraditado a Colombia.
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La sentencia, dictada por un juez penal del circuito de Pereira, responde al asesinato cometido el 25 de abril de 2024, y contempla además los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como el ocultamiento y destrucción de pruebas, de acuerdo con la información del ente judicial.

Los investigadores lograron captar un hecho decisivo en la resolución del caso: el vehículo en el que ocurrió el homicidio fue lavado en un centro especializado para eliminar evidencias. Además, el sentenciado solicitó herramientas para desmontar la silla del conductor y dejó la pieza en el establecimiento.
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Según el reporte de La Patria de Manizales, durante la inspección del carro, los agentes hallaron tres vainillas percutidas, una navaja verde y dos armas de fuego bajo el asiento, una de estas fue entregada a un empleado. El comportamiento inusual del acusado fue clave para rastrear el paradero del cuerpo del sacerdote y avanzar en el proceso judicial.
El asesino del párroco fue capturado en Francia tras una alerta internacional
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el 29 de abril de 2024, apenas cuatro días después del asesinato, Cifuentes Gómez abandonó Colombia y viajó a Francia. Aunque la localización del fugitivo se logró gracias a una notificación roja de Interpol.
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Tras los trámites necesarios para su extradición, el hombre fue arrestado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en noviembre de 2025 y trasladado de inmediato a un centro carcelario, donde permanece desde entonces.
La reconstrucción de los hechos estableció que el ahora condenado citó a Darío Valencia Uribe para concretar una transacción por la compra de una camioneta valorizada en $30 millones. Los dos subieron al vehículo donde Cifuentes Gómez disparó en repetidas ocasiones contra el sacerdote, arrojó su cuerpo en una zona rural de Belalcázar (Caldas) y llevó el automotor a un lavadero especializado para eliminar rastros del crimen.
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El ocultamiento del cadáver y la alteración del vehículo generaron dificultades en la investigación, pero la coordinación entre el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional permitió hallar el cuerpo en septiembre de 2024.

Confesión y sentencia tras la contundencia de las pruebas
Durante la audiencia, Cifuentes Gómez, acompañado por su abogado, aceptó su culpabilidad y firmó un preacuerdo con la Fiscalía. El juez penal homologó el acuerdo y lo condenó a 27 años y 9 días de prisión por homicidio agravado, fabricación y porte ilegal de armas de fuego y destrucción de elemento material probatorio, según detalló la Fiscalía en su comunicado oficial.
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La investigación recogió testimonios y pruebas materiales decisivas, como el hallazgo de manchas de sangre, el decomiso de armas y la actitud sospechosa del condenado en el lavadero Las Palmas, donde fue visto por varios testigos tras el crimen. Estas evidencias resultaron determinantes para el esclarecimiento del asesinato del sacerdote y para que el responsable admitiera los cargos.

El condenado permanece privado de la libertad desde su captura y sobre la sentencia dictada proceden los recursos legales establecidos en la normativa colombiana.
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