El fleteo se ha consolidado en Colombia como uno de los delitos de mayor crecimiento y preocupación en el panorama urbano, con un aumento exponencial de casos que elevó el riesgo para quienes efectúan retiros en efectivo en instituciones financieras.
Según reportes recientes de la Fiscalía General de la Nación, recogidos por el El Tiempo, el número de denuncias pasó de apenas un caso oficial en 2009 a 830 reportes en 2025, cifra que refleja una transformación profunda en la operación y escala de esta modalidad criminal.
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El fenómeno no solo ha generado alarma ciudadana sino que ha motivado a las autoridades a reconfigurar sus estrategias contra bandas organizadas, cuya presencia se ha extendido por las principales capitales del país.
El último balance oficial, actualizado hasta enero de 2024, muestra que Bogotá encabeza la lista de ciudades con mayor número de procesos abiertos por fleteo, registrando 256 casos.
Le siguen Barranquilla con 185, Cali con 168, Medellín con 99 y Cúcuta con 78. El informe destaca que, en términos departamentales, la situación en el Atlántico resulta especialmente preocupante: con 273 casos, supera incluso a Bogotá cuando se agrupa la estadística por departamento. Tras las cinco primeras ciudades, figuran en el listado Soledad, Santa Marta, Cartagena, Popayán y Barrancabermeja.
La Fiscalía, a través de las fuentes consultadas por el medio citado, identificó que las bandas dedicadas al fleteo han evolucionado de pequeñas redes locales a organizaciones articuladas a nivel nacional.
Entre los ejemplos más recientes y representativos de su peligrosidad figura el asesinato del fiscal Karin Sefair Calderón, coordinador seccional en Fusagasugá, ocurrido en junio de 2025.
Sefair fue abordado en el parqueadero de un centro comercial de Cundinamarca, luego de ser seguido por delincuentes desde un banco tras retirar dinero en compañía de un amigo.
La persecución implicó relevos entre criminales a pie, en automóvil y motocicleta, culminando en un forcejeo mortal y la posterior huida de los agresores.
Las investigaciones lideradas por la delegada para la Seguridad Territorial Deicy Jaramillo develaron el grado de especialización de estas bandas. El análisis del ente acusador, compartido a El Tiempo, describe cómo los delincuentes seleccionan preferentemente bancos y cajeros automáticos con baja presencia de vigilancia, así como sucursales en centros comerciales por la facilidad que ofrecen para operar con anonimato.
Un componente clave del nuevo método son los llamados “marcadores”: individuos entrenados para identificar potenciales víctimas en el interior de las sucursales. Según explicó una fuente de la Fiscalía al medio, estos sujetos son capaces de “distinguir la cantidad de dinero que el banco entrega observando y escuchando el funcionamiento de las máquinas contadoras de billetes”. El marcador situado en la fila o próximo al cliente detecta, en función del tiempo de funcionamiento de la máquina, la magnitud del posible retiro, activando así a la red de seguimiento.
La operación continúa con varios integrantes que circulan en automóviles y motos, listos para seguir discretamente a la víctima hasta identificar el momento de mayor vulnerabilidad: al ingresar a la vivienda, al detenerse en lugares apartados o al subir y bajar del carro.
El informe de Fiscalía precisa que “esperan a que la persona esté sin protección, especialmente justo después del retiro de efectivo”. El asalto, que se produce de manera violenta, tiene como objetivo primordial el apoderamiento rápido del dinero “sin prolongar el contacto”, como destacó otra fuente del organismo.
Entre los patrones identificados, resalta también el uso de cambios frecuentes de atuendo, cascos y gorras para dificultar su rastreo por las autoridades. Estas estrategias complican los procesos de captura, aunque en el caso del fiscal Sefair la labor conjunta de las seccionales de Cundinamarca y otras tres regiones permitió rastrear hasta las placas de los vehículos empleadas en el crimen.
La Fiscalía General de la Nación enfrenta el desafío de la fragmentación estadística a causa de la múltiple tipificación penal bajo la cual la ciudadanía reporta los fleteos. El historial judicial revela que el delito más frecuentemente invocado para denunciar estos hechos es el de hurto calificado de menor cuantía agravado por la destreza, con más de 500 casos registrados.
Le siguen el hurto sin agravantes, el hurto calificado agravado por establecimiento público y el hurto agravado por la confianza. Existe también un proceso activo por hurto atenuado, tipificación utilizada cuando se espera devolver el objeto en cuestión tras cierto tiempo de uso.
La fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que el fleteo constituye actualmente una de las problemáticas más sentidas —y visibilizadas— por la población urbana. Para atacar a las redes responsables, el organismo ha impulsado equipos especiales de investigación, como el establecido para esclarecer el homicidio del fiscal Sefair, logrando capturas en distintas regiones.
La persistencia del fleteo y su crecimiento en la última década exponen la adaptación constante de los grupos criminales en Colombia y sitúan el fenómeno como prioridad para las políticas de seguridad ciudadana, especialmente en las principales capitales y corredores bancarios del país.
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