Con el fin de ayudar a las familias afectadas por la crisis climática en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro decidió crear un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas. El objetivo es recaudar recursos urgentes y financiar acciones inmediatas frente a los daños ocasionados por lluvias intensas en ocho departamentos.
El nuevo impuesto al patrimonio se aplicará sobre empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a cerca de $10.454.000. La meta es recaudar $8 billones para la recuperación de infraestructuras y zonas dañadas. “Las circunstancias nos llevaron a plantear este nuevo esquema de medidas, donde el centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, afirmó, el 24 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante Consejo de Ministros en Cartagena.
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La declaratoria de emergencia económica y climática fue anunciada el mismo día por el presidente Gustavo Petro, que informó que firmará, el 26 de febrero, el decreto que la establecerá. El balance oficial incluye afectaciones en 61 municipios, la muerte de diez personas y la destrucción de más de 4.100 viviendas, además de daños en instituciones educativas y centros de salud. El funcionario aseguró que “tuvimos que concentrarnos en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que toca de alguna forma a los sectores productivos, que no era la intención inicial para estas medidas tributarias”.

El tributo grava de manera exclusiva el patrimonio líquido de las empresas, es decir, el activo neto, y no las utilidades ni ingresos. La recaudación servirá para reparar daños en infraestructura, respaldar la recuperación agraria y reactivar la producción en regiones vulnerables.
Antecedentes históricos del impuesto al patrimonio
Existe un antecedente relevante en 2009, durante el fenómeno de La Niña, cuando el Gobierno implementó el llamado impuesto a la riqueza con una estructura progresiva. En aquel entonces, la tarifa fue del 2,4% para empresas con patrimonios que superaban 119.370 UVT y del 4,8% para patrimonios cercanos a 200.000 UVT. Luego, se sumó una sobretasa del 25%, lo que llevó la tarifa máxima al 6%.
“El equivalente a ese momento era más o menos la mitad de lo que estamos adoptando. En este momento, se aplicó una tarifa del 2,4% para estas empresas y del 4,8% para patrimonios cercanos a 200.000 UVT. Esa fue la medida conocida como el impuesto a la riqueza, que incluso se adicionó posteriormente con una sobretasa y llegó a ser del 6%”, indicó.
El diseño actual del impuesto toma como referencia este esquema, pero está adaptado a la coyuntura de la crisis climática y a la suspensión de medidas previas de la Corte Constitucional.

Alcance del impuesto al patrimonio para personas jurídicas
Para el sector financiero y minero-energético, se fijó una tarifa diferenciada del 1,6 %, en particular para empresas enfocadas en hidrocarburos y carbón.
La medida impactará a más de 15.000 empresas en Colombia. Según proyecciones oficiales, el 56% de la recaudación provendrá del sector financiero y minero-energético, mientras el 44% corresponderá al resto de los sectores productivos.
Ávila señaló que “esas empresas se dividen en dos tipos de tarifas: el 0,5% general para todas y una tarifa diferencial para el sector financiero y el sector de extracción de carbón y petróleo. La tarifa para estos dos sectores sube al 1,6%”.
Formas y plazos de pago del gravamen
Asimismo, el impuesto tiene carácter temporal y se liquidará en dos cuotas iguales. El 50% deberá pagarse el 1 de abril de 2026, y el restante 50% el 4 de mayo de 2026. Dicho cronograma busca aportar liquidez inmediata y facilitar la atención de la emergencia en las zonas más perjudicadas.
“El diseño busca garantizar liquidez en el corto plazo para financiar intervenciones en infraestructura, recuperación agraria y reactivación productiva en las zonas afectadas”, explicó el jefe de la cartera al hacer referencia a la eficiencia esperada en el uso de los fondos recaudados.

Contribución del sector financiero y minero-energético
El peso del aporte de los establecimientos de crédito y entidades bancarias será considerable, en coherencia con los resultados favorables reportados en los últimos años. En 2024, los establecimientos de crédito generaron utilidades por $8,7 billones, mientras los bancos alcanzaron $8,3 billones. Para 2025, las utilidades estimadas son de $17,7 billones y $14,2 billones, respectivamente.
“El sector prácticamente duplicó sus utilidades entre 2024 y 2025, lo que demuestra su solidez financiera. Por ello, el Gobierno considera razonable que contribuya de manera significativa a la financiación de la emergencia”, manifestó Germán Ávila. Destacó el funcionario que la cooperación obtenida luego de reuniones con el sector bancario para consensuar el esfuerzo fiscal y la implementación del gravamen, lo que prioriza la preservación de la capacidad crediticia.
Medidas adicionales de apoyo financiero y condiciones crediticias
Además de este impuesto, el Gobierno y la banca acordaron medidas de apoyo orientadas a las regiones más afectadas. Entre ellas está la propuesta de períodos de gracia de hasta 12 meses para los deudores en los municipios damnificados, sin generar intereses adicionales y manteniendo la calificación crediticia de los clientes. Se suma la suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos, la atención prioritaria a las familias afectadas y la promoción de educación financiera.
El Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de implementar una inversión forzosa al sistema financiero si no se logra un flujo de recursos suficiente para la recuperación del sector agropecuario y las microempresas. Además, se reportó que la tasa de interés promedio en el sector agropecuario es del 30%, mientras para la economía popular alcanza el 52,5%. El Fondo Nacional de Garantías ha respaldado hasta el 90 % de ciertos préstamos, con un monto total cubierto aproximado de $6 billones.
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