Lo que comenzó como una denuncia sindical sobre presuntas trabas a una inspección oficial escaló rápidamente al más alto nivel del poder ejecutivo y terminó en una decisión administrativa que impacta directamente la operación de Alpina en Cundinamarca.
El Ministerio del Trabajo ordenó la paralización temporal de cuatro áreas en su planta de Sopó tras una visita técnica que se prolongó durante casi un día completo.
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El episodio tomó dimensión nacional cuando el presidente Gustavo Petro intervino a través de su cuenta en la red social X. Allí dejó claro que el ingreso de inspectores laborales no es opcional y que cualquier obstrucción puede acarrear consecuencias legales.
El mensaje se produjo luego de que dirigentes sindicales hicieran pública una supuesta negativa o dificultad para permitir el acceso de funcionarios a las instalaciones industriales.
El pronunciamiento presidencial no solo marcó la postura del Gobierno frente al caso, sino que también recordó que la legislación colombiana faculta a las autoridades laborales para ingresar a centros de trabajo cuando existan quejas relacionadas con seguridad industrial, condiciones de salud ocupacional o vulneraciones a derechos colectivos. La advertencia anticipó que el asunto no quedaría en el terreno de la controversia pública.
Horas después, un equipo especializado del Ministerio se desplazó a la planta ubicada en el municipio de Sopó. La diligencia se extendió por cerca de 24 horas y contempló recorridos técnicos, revisión documental y entrevistas.
Al cierre de la inspección, la cartera laboral informó que fueron detectadas situaciones que, a su juicio, representan riesgos inminentes para la integridad física de los trabajadores.
Entre los hallazgos consignados en el acta administrativa se mencionan fugas en sistemas de generación de vapor, deficiencias en tanques utilizados para procesos de limpieza que contienen sustancias químicas de carácter corrosivo y ambientes con temperaturas elevadas que podrían afectar la salud del personal expuesto de manera prolongada. Según la autoridad, estas condiciones ameritaban una intervención inmediata.
Con base en esos resultados, el Ministerio ordenó el sellamiento preventivo de cuatro áreas específicas de la planta. La medida es provisional y estará vigente mientras avanzan las investigaciones y hasta que la empresa demuestre que implementó correctivos eficaces y verificables. La decisión fue justificada bajo criterios de urgencia, necesidad y proporcionalidad frente a los riesgos identificados.
La actuación no se limitó a aspectos técnicos. Durante la visita también se abordaron denuncias relacionadas con posibles prácticas contrarias a la libertad sindical.
Según lo informado, se adoptó una orden preventiva para evitar cualquier represalia contra trabajadores que hubieran colaborado con la inspección o que tengan interés en afiliarse a organizaciones sindicales existentes o de nueva creación dentro de la compañía.
La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, explicó que la decisión responde a criterios de urgencia y prevención. Según indicó, la prioridad es evitar accidentes o afectaciones a la salud de quienes desempeñan funciones en la planta. La medida, subrayó, es de carácter temporal y estará vigente hasta que se compruebe que los factores de riesgo fueron eliminados o mitigados de manera efectiva.
La planta de Sopó es uno de los centros productivos más relevantes de la compañía en el país, por lo que la suspensión parcial de actividades podría generar ajustes en la operación mientras se cumplen los requerimientos oficiales. Sin embargo, desde la cartera laboral se insistió en que la prioridad es la protección de la vida y la salud de los empleados.
Hasta el momento, la empresa no ha presentado públicamente un pronunciamiento detallado frente a los hallazgos ni sobre las denuncias sindicales que originaron la inspección. Se espera que en los próximos días entregue un plan de mejora que deberá ser evaluado por la autoridad antes de autorizar la reanudación total de las áreas intervenidas.
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