La Contraloría General de Santander publicó el informe definitivo tras la denuncia realizada por el medio Metropolitano, en la cual se señalaban presuntas irregularidades en contratos de 2023 y 2024 firmados entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander (UIS) para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.
El documento, detalla que los contratos se enmarcaron en un convenio interadministrativo entre la UIS y el Ministerio del Interior, con el objetivo de ofrecer respaldo técnico y operativo a un programa nacional de fortalecimiento de la convivencia ciudadana y prevención de conflictos.
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De acuerdo con el informe de la Contraloría, la revisión abarcó el análisis de la legalidad en la contratación, la ejecución de los acuerdos, los documentos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.
El proceso, incorporó una evaluación especial de fiscalización sobre los procedimientos previos y la documentación aportada por la UIS.
La entidad de control advirtió falencias en la fase precontractual, señalando que la Universidad Industrial de Santander no especificó de manera clara las condiciones del perfil requerido para el cargo contratado.
Según el informe, “verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control ‘UIS’ y publicado en la plataforma transaccional Secop II, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas”.
El documento agrega: “No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con los conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.
El análisis de la Contraloría General de Santander resalta que esta situación afecta la trazabilidad y la verificación objetiva del principio de planeación y la justificación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa.
La auditoría identificó cinco hallazgos administrativos, dos disciplinarios y uno fiscal, este último por un monto de 2.000.000 de pesos.
Las observaciones administrativas se relacionan con deficiencias en la planeación del proceso, debilidades en la supervisión y seguimiento de las obligaciones contractuales, así como inconsistencias en los soportes documentales de la ejecución.
De acuerdo con el informe, estos hallazgos han sido remitidos a las instancias competentes para que se adopten planes de mejoramiento institucional.
Tras lo anterior, la Universidad Industrial de Santander aparece en el centro de la revisión sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del convenio con el Ministerio del Interior.
Según la Contraloría, las observaciones están dirigidas a quienes ejercieron la supervisión contractual y a las dependencias responsables del control y seguimiento del convenio interadministrativo.
Juliana Guerrero, vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por la entrega de títulos falsos y cercana al presidente Gustavo Petro, fue la persona contratada en los acuerdos objeto de la investigación.
La relación de Guerrero con figuras del Gobierno ha generado cuestionamientos adicionales sobre la transparencia en la adjudicación y ejecución de los contratos evaluados.
El informe de la Contraloría General de Santander subraya la importancia de avanzar en la mejora de los procedimientos internos de la UIS y de los mecanismos de supervisión para evitar futuras irregularidades.
Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero por presuntas irregularidades en títulos académicos
La Fiscalía General de la Nación informó el lunes 9 de febrero de 2026 la imputación de cargos contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación San José, debido a posibles irregularidades en la expedición de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.
El ente acusador solicitó detención domiciliaria, señalando delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Según la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, Guerrero habría utilizado títulos obtenidos sin cumplir requisitos legales para asumir como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Tras lo anterior, la Fiscalía estableció el 27 de febrero de 2026 como la fecha para la imputación de cargos contra Juliana Guerrero.
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