Más de 85.000 niños están en riesgo de abandonar los colegios en Bogotá: alertan sobre vulneración de derechos

La deserción escolar en Bogotá dejó de ser un dato técnico y se perfila como una emergencia de derechos, según alertó la concejal Rocío Dussán, del Polo Democrático.

La cabildante enfatizó que cerca de 85.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en alto riesgo de abandonar el sistema educativo oficial, pese a que la ciudad cuenta con uno de los presupuestos educativos más robustos del país.

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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Distrital 2025, Bogotá registró aproximadamente 708.201 estudiantes matriculados, de los cuales un 12% presenta marcación crítica de deserción. Este escenario reveló una crisis persistente en el acceso, la permanencia y la continuidad escolar.

Las localidades de Sumapaz (59%), La Candelaria (46%) y Santa Fe (30%) encabezan los índices de riesgo, evidenciando que los territorios con mayor vulnerabilidad social y menor presencia institucional enfrentan obstáculos adicionales para sostener la matrícula escolar.

Dussán cuestionó la efectividad de las estrategias actuales, al afirmar: “Menos niños no significa menos responsabilidad institucional; significa mayor obligación de planear con enfoque territorial y de derechos”. Esta postura subraya que la deserción escolar no responde solo a decisiones individuales, sino que obedece a fallas estructurales dentro del sistema educativo.

Entre las causas más recurrentes, el cambio de residencia representa el 26,93% de los casos, seguido por el bajo rendimiento escolar (4,01%) y la escasa valoración de la educación por parte de padres o acudientes (1,24%). Destacó también un factor alarmante: en 2025 se reportaron 522 casos vinculados a problemas de salud mental, cifra que constituye el 75% de los registros en esta categoría.

Aunque los orientadores escolares han activado protocolos institucionales, la concejal denunció que la respuesta distrital resulta insuficiente y tardía, lo cual deriva en exclusión educativa y vulneración de derechos fundamentales.

La gestión presupuestal es otro punto de disputa. Para 2025, el distrito destinó $6,97 billones al sector educativo, cifra que aumentó a $7,56 billones en 2026. Dussán fue enfática: “No es aceptable que miles de niños queden por fuera del sistema por falta de seguimiento y planeación, no se puede seguir normalizando la deserción escolar. Cada niño que sale del sistema educativo es un derecho vulnerado, una trayectoria truncada y una responsabilidad incumplida por el distrito”.

Durante el debate de control político, la concejala Heidy Sánchez advirtió sobre un proceso de privatización soterrada en la política educativa distrital, bajo la actual administración de Carlos Fernando Galán. De acuerdo con Sánchez, la tendencia se manifiesta a través de decisiones presupuestales, administrativas y contractuales que debilitan el carácter público del sistema educativo, desplazando al distrito de su función como garante del derecho a la educación.

La cabildante señaló una tercerización progresiva de funciones estratégicas —como la evaluación y formación docente— mediante contratos y convenios con fundaciones y entidades privadas. Entre los acuerdos destacados figuran dos contratos con la Fundación Santillana (por cerca de $1.900 millones), un proyecto con Fundación United Way ($3.539 millones) y otro con Corpoeducación ($606 millones).

El traspaso de estos componentes centrales a terceros afecta la soberanía pedagógica y promueve una visión tecnocrática de la educación pública. Para Sánchez, esto implica que los criterios de calidad, enfoques pedagógicos y prioridades del sistema se definen por actores externos, en detrimento del fortalecimiento desde lo público.

A este panorama se suma la denuncia de un clima de persecución laboral y sindical contra el magisterio, bajo el discurso de la “normalidad académica”. Según la cabildante, la administración ha emitido memorandos y advertencias que sancionan la participación docente en movilizaciones, reflejado en descuentos salariales a 732 docentes, configurando una sanción económica que desincentiva la organización sindical y vulnera derechos fundamentales.

Sánchez enfatizó que no debe contraponerse el derecho a la educación de niños y adolescentes con los derechos laborales del profesorado, ya que la Secretaría de Educación debe armonizarlos.

En materia de seguridad, durante 2025 la entidad reportó 257 alertas de riesgo docente, con especial concentración en la localidad de Usme (50 alertas), principalmente en los colegios San Cayetano y Paulo Freire. Como resultado, 45 docentes han debido ser trasladados, lo que ilustra la gravedad de las condiciones en estos territorios.

El déficit en infraestructura educativa también genera preocupación. Los avances en entrega de colegios nuevos y restituidos resultan insuficientes, y existe un rezago sistemático en la intervención de sedes educativas.

El presupuesto para 2026 profundiza esta problemática al reducir los recursos destinados a infraestructura, lo que, según Sánchez, habilita esquemas como las alianzas público-privadas que refuerzan la intervención del sector privado en un ámbito que debería ser garantizado plenamente por el Estado.

Ambas concejalas coincidieron en exigir a la administración distrital compromisos verificables: garantizar los derechos laborales y sindicales del magisterio, fortalecer la capacidad pública de la Secretaría de Educación y superar el rezago en infraestructura, evitando la normalización de la deserción escolar y la privatización encubierta del sistema educativo capitalino.