Salario mínimo de 2026: las aseguradoras dijeron qué no debe subir de precio con el sueldo para que no haya problemas con el aumento

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que estableció un aumento del 23% en el salario mínimo de Colombia para 2026, lo que llevó la remuneración a $2.000.000. Tomó la medida al considerar que el Gobierno de Gustavo Petro recurrió a conceptos como “salario vital” y “brecha de suficiencia material” en vez de los criterios técnicos exigidos por la ley, lo que obliga a expedir un nuevo decreto en los próximos días.

La Ley 278 de 1996 establece parámetros obligatorios para definir el salario mínimo, como la meta de inflación (5,3%), la productividad (0,91%) y el crecimiento del PIB. Según el alto tribunal, el decreto suspendido reemplazó estos criterios por otros ajenos, lo que motivó un aumento que cuadruplica la inflación y multiplica la productividad. Para el mismo, la justificación resultó insuficiente y retórica. Mientras se emite un nuevo ajuste, los empleadores deben seguir pagando el salario anterior, lo que evita así vacíos legales.

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El 16 de febrero de 2026, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunió en el Ministerio del Trabajo para responder a la orden del Consejo de Estado. Participaron representantes de los empresarios (Andi, Fenalco, Acopi, SAC), que solicitaron que el ajuste del salario mínimo se fundamente en variables técnicas y alertaron sobre los riesgos que implicaría un incremento desproporcionado en el empleo formal.

Por su parte, las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC) defendieron la idea del “salario vital” al argumentar que recuperar el poder adquisitivo impulsaría la economía nacional. Finalmente, en la misma jornada, Gobierno, sindicatos y empresarios acordaron presentar de manera conjunta una propuesta para defender ante el Consejo de Estado un aumento del 23,7% en el salario mínimo, incorporando ajustes conforme a las observaciones empresariales y a las exigencias del tribunal.

Decisión excepcional y acertada

Para el presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Gustavo Morales Cobo, la suspensión provisional representa una decisión excepcional y acertada.

“Esta figura de las suspensiones provisionales, que es delicada, que es excepcional, fue muy bien aplicada por parte del Consejo de Estado en esta ocasión. Es un ejemplo de buen derecho, de buen ejercicio judicial”, destacó. El directivo valoró la transparencia del proceso, al destacar que la publicación completa de la resolución hizo posible la participación activa de todos los sectores en el debate público.

Respaldó el líder gremial el fondo de la decisión judicial al resaltar que aunque es legítimo aspirar a un “salario vital”, esto debe hacerse dentro del marco legal: “Fasecolda comparte el sentido de la decisión del Consejo de Estado, eso no se puede hacer desconociendo los criterios de una ley vigente”.

Asimismo, cree que es adecuado abrir el debate sobre la suficiencia del salario mínimo, pero estima apropiada la suspensión del incremento hasta aclarar el cumplimiento legal.

Fundamentos de la ley

Respecto a los fundamentos técnicos que exige la ley, recordó que es imprescindible considerar inflación, productividad y crecimiento del PIB. Sostuvo que la introducción de conceptos como el “salario vital” carece de suficiente respaldo normativo, por lo que insistió en que la fijación del ingreso debe apoyarse en los “criterios que dice la ley y que es la orden del Consejo de Estado”. Las actas de concertación muestran que los empresarios defendieron esos parámetros clásicos, mientras los sindicatos impulsan los nuevos conceptos promovidos por el Gobierno.

El análisis jurídico sobre los derechos adquiridos fue abordado por Morales Cobo, que afirmó que el alza inicial no constituye un derecho irrenunciable. “No creemos que aquí se haya generado un derecho adquirido. Cuando uno revisa la Constitución, los derechos adquiridos solo los puede otorgar la ley. Y esto no es una ley, es un decreto administrativo”.

En este sentido, el Gobierno puede modificar el monto del aumento si lo justifican nuevas revisiones técnicas.

Recomendó al Ejecutivo actuar bajo un estricto respeto a los parámetros legales. “Invitamos al Gobierno a que aplique rigurosamente los criterios que dice la ley en los términos que ha establecido la jurisprudencia, tanto constitucional como administrativa”, apuntó.

También instó a preparar el terreno para una discusión ordenada y metódica que permita, en el futuro, materializar un “salario vital” sin perder rigor técnico en la toma de decisiones. Propuso, además, reformas legales para adecuar las normas a los desafíos actuales.

Desindexación de indicadores

“Hay que hacer unas modificaciones de las leyes donde están los criterios para fijar el salario mínimo. Hay que desindexar (desligar) todos esos indicadores de la economía que están atados al salario mínimo. Hay que cambiar la gobernanza de la decisión de cuánto aumentar el salario mínimo para que se escuchen otros sectores y se midan todas las variables”, puntualizó.

El vínculo entre la política salarial y el sistema pensional fue otro punto clave señalado por Gustavo Morales Cobo. “Es vital, perdón la reiteración, que se mire la interacción entre el salario mínimo y la sostenibilidad del sistema pensional. La discusión del salario mínimo no puede ignorar que cualquier cosa que se decida allí impacta y afecta también el sistema pensional colombiano. Y se puede hacer mucho daño si no se toman estas decisiones con ese cuidado”.

De igual manera, el directivo enfatizó en que la política de ingresos debe analizarse al considerar el efecto en el modelo pensional del país.

Acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios

El acuerdo alcanzado el 16 de febrero marcó un momento relevante, al establecer un consenso entre Gobierno, sindicatos y empresarios para respaldar un aumento del 23,7%. El presidente ejecutivo de Fasecolda llamó a mantener el debate en el canal del diálogo técnico y la concertación social. “El debate ha sido transparente, un debate donde han participado todos los actores porque hemos sabido a qué atenernos”.

Dicha postura aboga por acuerdos legítimos y sólidos, mientras se aguarda la decisión final del Consejo de Estado sobre el ajuste definitivo del salario mínimo conforme a los parámetros legales.

Para el dirigente, la coyuntura es la oportunidad de reconsiderar los fundamentos y la gobernanza del proceso, con lo que se respalde la necesidad de reformas estructurales en la ley laboral. Propuso institucionalizar la búsqueda de un “salario vital” como objetivo de largo plazo, con métodos sólidos que promuevan la sostenibilidad, la movilidad social y el equilibrio económico para todos los involucrados. Considera esencial abrir una discusión nacional sobre el salario mínimo mediante un diálogo técnico y consensuado.