Revelaron la millonada que tendrán que ahorrar ahora los colombianos para pensionarse con el salario mínimo en un fondo privado

El aumento del 23,7% en el salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro transformó las condiciones para acceder a la pensión mínima en el país. El aumento representa la necesidad de reunir un capital mucho mayor para alcanzar una jubilación básica, lo que complica el acceso a una pensión digna.

Frente a esto, el presidente de Protección, Juan David Correa, dijo a El Colombiano que “con incrementos tan considerables como el actual, se vuelve más difícil lograr el capital necesario para una pensión mínima”. Explicó que, según la Constitución, la pensión mínima en Colombia equivale siempre al salario mínimo vigente, que ahora es de $1.750.905 mensuales (sin auxilio de transporte). El ajuste impacta a los casi 20 millones de cotizantes del sistema nacional.

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Precisó que el sistema enfrenta desafíos en ambos regímenes. “En el régimen público de Colpensiones, los requisitos de semanas y edad se mantienen, pero la mesada se ajusta. En el sistema privado, donde es posible pensionarse anticipadamente si se tiene el capital suficiente, el desafío es mayor”, añadió. Destacó que “antes del incremento, una renta vitalicia para una pensión de salario mínimo costaba aproximadamente $350 millones. Con los impactos del aumento salarial y otros decretos, hoy se requieren cerca de $550 millones. Es un incremento de casi el 50% en la suma necesaria”.

De igual manera, explicó que el impacto no se verá modificado, aun si la reforma pensional entra en vigor.

Salario mínimo como variable fundamental

“Independientemente de la reforma, el sistema pensional colombiano tiene el salario mínimo como variable fundamental. Al ser la mesada mínima, cualquier incremento superior a los cálculos técnicos —por encima de la inflación y la productividad— genera un impacto. Existe un fenómeno técnico llamado deslizamiento, que es la diferencia entre el IPC y el aumento del salario mínimo; cuando esta decisión es política y no técnica, se generan sobrecostos en el sistema”, resaltó al medio.

Acerca de los fondos de pensión privados y sus afiliados ya pensionados, Correa detalló que en el retiro programado se calcula cada año la mesada según el capital acumulado y la esperanza de vida. “Como la ley prohíbe pagar menos de un salario mínimo, si el salario sube mucho y los rendimientos no alcanzan, el capital se agota más rápido. Esto genera una necesidad de reajuste o un sobrecosto importante para garantizar que el dinero dure toda la vida del pensionado”, anotó.

También habló de la actual situación de la reforma pensional. Recordó que la misma está en un limbo jurídico, ya que fue aprobada por el Congreso de la República en 2024, pero la Corte Constitucional aún no decide sobre su exequibilidad. Dijo que, a pesar de esto, hay elementos que ya están en marcha. Uno es la ventana de traslado para personas en sus últimos diez años de vida laboral.

Como ejemplo, precisó que en Protección, entre 50.000 y 60.000 personas decidieron pasar a Colpensiones, mientras otras llegaron a la entidad luego de recibir la doble asesoría, proceso que seguirá vigente hasta mediados de 2026.

Sobre el análisis fiscal y los riesgos estructurales, puntualizó que la reforma tiene elementos positivos, como el pilar solidario para la población vulnerable y la unificación de regímenes para eliminar inequidades. Sin embargo, para él, no resuelve problemas estructurales, ya que no aumenta la cobertura y plantea una complejidad fiscal inmensa.

Costo para el Estado es muy alto

“Al extender subsidios hasta los 2,3 salarios mínimos, el costo para el Estado es muy alto. El pasivo pensional del país, que hoy es del 120% del PIB, podría elevarse hasta el 180% o 200%. Estamos comprometiendo la sostenibilidad fiscal futura del país”, insistió.

Respecto a la política de inversiones y la medida del Gobierno sobre repatriación de inversiones, Juan David Correa resaltó que la base de cualquier inversión es la diversificación, es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta. Como ejemplo, anotó que gracias a esto, hoy, de cada $100 que recibe un pensionado en Protección, cerca de $70 corresponden a rendimientos generados.

“Actualmente, el 48% de los ahorros de los colombianos —que suman $525 billones en los fondos privados— está invertido en el exterior”, indicó.

Sobre el proyecto normativo que establece topes para la inversión internacional, agregó que “el planteamiento es que, en un plazo de cinco años, los fondos tengan como máximo un 35% de sus inversiones en el exterior. Esto implicaría traer al mercado local cerca de 13 puntos porcentuales (pp) de la inversión total. El riesgo técnico es que limita la capacidad de los colombianos para construir un mayor valor de pensión”.

Diferencia de la rentabilidad

En cuanto a la rentabilidad, advirtió sobre las diferencias en los rendimientos. Recordó que un ejercicio basado en datos desde 2011 lo ilustra:

• $1.000.000 invertido con diversificación internacional hoy valdría $3.200.000. $1.000.0000 invertido solo en el mercado local valdría $1.600.000.

“Es decir, la rentabilidad local ha sido la mitad de la internacional. Limitar la diversificación podría destruir valor para el ahorro de los trabajadores”, lamentó.

Para el presidente de Protección, las perspectivas sobre el futuro del ahorro pensional y el comportamiento de las cesantías muestran señales positivas y riesgos latentes.

“Tiene perspectivas positivas en cuanto al nivel de empleo. A pesar de la coyuntura, los niveles de ocupación se han conservado. Si bien la informalidad ha subido ligeramente y se ubica entre el 55% y el 60%, su impacto material no ha sido considerable en el flujo de recursos. Mientras no ocurra un deterioro significativo de la formalidad, los aportes no deberían sufrir un impacto negativo”, señaló el directivo.