Crisis en el sistema de aseo de Bogotá destapa alertas sobre contratos, ineficiencia operativa y posible debilitamiento institucional

La crisis del modelo de aseo en Bogotá escaló a primer plano tras las denuncias de los concejales Juan David Quintero y Julián Rodríguez Sastoque, que advirtieron sobre un deterioro severo en la gestión de residuos, posibles riesgos de detrimento patrimonial y la persistencia de prácticas contractuales controvertidas en el Distrito.

Según Quintero, la ciudad enfrenta una situación crítica donde la administración estaría “pagando tres veces por el mismo servicio” de recolección de basuras. El cabildante sostuvo que la Alcaldía actúa con aparente negligencia al limitarse a recoger residuos solo después de que han sido esparcidos en el espacio público, desatendiendo las causas estructurales del problema.

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Quintero calificó esta práctica como “atender la punta del iceberg” y advirtió sobre la creación de una posible “Súper Aguas Bogotá”, que podría duplicar funciones y fomentar incentivos perversos.

Uno de los ejes de su denuncia gira en torno a la presunta proliferación de contratos de prestación de servicios (OPS), más de 80 en el contexto de la emergencia de basuras, lo que denominó como “contratitis”.

Según el concejal, esta estrategia contractual no solo carece de transparencia en su adjudicación, sino que podría utilizarse para fortalecer apoyos políticos y debilitar el control político ejercido por el Concejo.

Quintero ejemplificó la problemática con lo que denominó “la parábola de la bolsa”, un análisis que identifica fallas en la organización de horarios por parte de la Uaesp, el agravamiento por la crisis humanitaria de habitantes de calle, la falta de condiciones dignas para el reciclaje y la ausencia de sanciones efectivas.

El concejal subrayó que “en una ciudad de cerca de 10 millones de habitantes solo se impone un promedio de 2.000 comparendos al año bajo el Código Nacional de Policía”, lo que, a su juicio, denota una falta de autoridad y orden en el espacio público.

El concejal también cuestionó los convenios interadministrativos con Aguas de Bogotá, por 58.000 millones de pesos, destinados a conformar un equipo élite “caza regueros”. Quintero advirtió que la línea entre puntos críticos y sitios de arrojo clandestino es difusa, y la superposición de funciones con los operadores tradicionales podría derivar en un riesgo real de detrimento patrimonial.

A su vez, señaló que recoger residuos sin un enfoque de educación y sanción genera incentivos perversos y pone en riesgo la naturaleza institucional de la empresa.

El llamado de Quintero es directo al alcalde Carlos Fernando Galán, a quien solicitó liderazgo institucional, fortalecimiento de la cultura ciudadana, sanciones reales, atención social efectiva y condiciones dignas para los recicladores. “Bogotá debe avanzar en economía circular y no limitarse a trasladar el reguero a doña Juana”, cuestionó, instando a un giro estructural en la política de residuos.

Por su parte, el concejal Julián Rodríguez alertó sobre el deterioro acelerado del servicio de aseo, respaldando sus denuncias con cifras sobre el crecimiento histórico de quejas ciudadanas y los reiterados incumplimientos de los operadores.

Entre 2024 y 2025, las reclamaciones aumentaron un 36%, superando las 80.000 quejas en la ciudad. Las localidades de Suba, Kennedy, Usaquén y Engativá concentran el mayor número de reclamos, con cifras que oscilan entre 7.745 y 11.206 reportes, lo que evidencia una problemática generalizada en zonas densamente pobladas.

Rodríguez enfatizó que el aumento de quejas no es solo una percepción, sino un indicador de un sistema que falla sistemáticamente. Los informes de interventoría muestran que cuatro de los cinco operadores han incrementado su porcentaje de incumplimiento en la frecuencia y calidad de la recolección y transporte de residuos.

Casos como el de Promoambiental (ASE 1), con 105 microrutas en criticidad alta y 13 vehículos inoperativos, o el de LIME (ASE 2), con 159 hallazgos y falta de certificación de disposición final de más de 650 metros cúbicos de escombros, ilustran el deterioro operativo.

El concejal alertó también sobre la falta de herramientas para verificar la dotación y calidad del personal operativo, así como la insuficiencia y obsolescencia de la flota vehicular, lo que impacta directamente en la capacidad de cumplir con los horarios y frecuencias mínimas.

Rodríguez señaló que “sin vehículos suficientes ni personal verificado, es imposible garantizar el servicio”, resaltando el impacto en la acumulación de basura, el deterioro urbano y los riesgos sanitarios.

El panorama, según los concejales, es el de una ciudad que “camina entre la basura” y cuya administración debe actuar con contundencia para evitar que la crisis sanitaria y ambiental se agrave.

Ambos cabildantes coincidieron en la urgencia de fortalecer la supervisión, garantizar el cumplimiento contractual y adoptar medidas estructurales que prioricen tanto la salud pública como la transparencia en la gestión de recursos.