La Superintendencia Nacional de Salud inició una auditoría focalizada sobre el proceso de atención en salud de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció el 13 de febrero de 2026, tras haber sufrido un accidente que puso en riesgo su vida, al parecer, debido a su diagnóstico de hemofilia A severa.
La familia denunció que, aunque el menor estaba afiliado a la Nueva EPS, no recibió su medicamento profiláctico emicizumab durante dos meses, aproximadamente. El accidente en cuestión, que consistió en una caída de una bicicleta, le generó un trauma craneoencefálico severo y el niño requería de una cirugía. Sin embargo, según indicó su madre a los medios, no pudo ser operado porque tenía un alto riesgo de hemorragia, ya que no contaba con el medicamento.
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En consecuencia, la Superintendencia inició una auditoría con el fin de verificar qué pasó en todo su proceso de atención. La indagación incluye la evaluación de barreras administrativas y de la entrega del medicamento por parte de la EPS y del prestador del servicio (IPS). También involucra el análisis del cumplimiento del protocolo, las autorizaciones y el suministro del tratamiento para la hemofilia.
A través de la indagación, la entidad pretende determinar si se omitieron normas vigentes sobre la dispensación de medicinas y las directrices para la atención de usuarios que padecen enfermedades huérfanas. “Cualquier irregularidad detectada podría derivar en sanciones administrativas, multas o las medidas correctivas adicionales de ley a que hubiere lugar a los responsables de la prestación del servicio de salud para la garantía primordial de los derechos de los usuarios”, explicó.
En la comunicación oficial, la Superintendencia lamentó el fallecimiento del niño, que ha causado indignación y molestia en el país, y advirtió que su caso deja en evidencia lo que se debe mejorar en el sistema de salud colombiano para garantizar una atención adecuada y oportuna de los afiliados, sobre todo, de aquellos que viven con enfermedades huérfanas.
“Este lamentable hecho pone de relieve los desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, particularmente en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades huérfanas como la hemofilia, y de la importancia del autocuidado requerido en estos casos”, indicó la entidad en un comunicado.
Mientras la Superintendencia Nacional de Salud adelanta las investigaciones al respecto, una fiscal de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación hace lo propio. Fuentes del ente acusador confirmaron a Infobae Colombia que se inició una indagación para determinar si la Nueva EPS incurrió en alguna responsabilidad penal relacionada con la muerte del niño.
El lío detrás del suministro del medicamento para Kevin Acosta
La entidad promotora de salud tenía la obligación de garantizar la adecuada prestación de servicios en salud al niño, incluido el suministro del medicamento. Según un informe de la Nueva EPS revelado por El Tiempo, el menor recibía la medicación a través del prestador Medicarte en Pitalito (Huila), pero en noviembre, la madre del menor pidió el traslado temporal de su afiliación a Charalá (Santander). Entonces, le fue asignado otro prestador: Integral Solutions.
Al parecer, este prestador agendó la aplicación del medicamento para el 27 de enero de 2026 en Bucaramanga, pero, al día siguiente (28 de enero), la mamá de Kevin regresó a Pitalito. Entonces, la EPS hizo las gestiones requeridas para garantizar la atención del paciente, pero, esos cambios de locación afectaron el proceso de aplicación del fármaco que requería el menor.
Ante esta versión, Sergio Torres, primo del niño, informó que aunque Integral Solutions sí fue asignada como prestador de servicios en salud del menor, esta todavía no había firmado contrato con Nueva EPS, por lo que no pudo suministrar el medicamento.
La Sociedad Colombiana de Pedriatría emitió un comunicado lamentando la muerte de Kevin Acosta y advirtiendo sobre las falencias que se están presentando en la atención en salud de los menores de edad.
“Como sociedad científica comprometida con la defensa de la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes, manifestamos nuestra profunda preocupación por cualquier situación en la que el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos esenciales pueda verse interrumpido, especialmente en patologías crónicas y de alto riesgo que requieren tratamientos continuos, especializados y oportunos para preservar la vida”, indicó.
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