En los campos del suroccidente del país, donde la caña de azúcar marca el ritmo de la economía local, la preocupación empieza a sentirse en voz alta. Productores y proveedores advirtieron que el sector atraviesa uno de sus momentos más complejos en los últimos años, presionado por factores económicos, climáticos y de seguridad.
La alerta la encendió la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña), que manifestó su inquietud frente a la coyuntura social y económica que afecta a esta agroindustria. Según el gremio, la suma de variables adversas está golpeando por igual a micro, pequeños, medianos y grandes productores, así como a trabajadores, contratistas y municipios cuya economía depende de la caña.
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Uno de los frentes más delicados es el precio del azúcar. La caída en las cotizaciones, junto con la depreciación del dólar, redujo los márgenes de rentabilidad en un negocio que depende de volúmenes altos y costos controlados. A esto se suma la importación de etanol, que, de acuerdo con Procaña, impacta la demanda del producto nacional y presiona aún más la estructura financiera del sector.
El clima tampoco da tregua. Las lluvias afectan los niveles de productividad en varias zonas cultivadas, lo que se traduce en menores rendimientos y mayores costos operativos. Para los productores, el panorama es desafiante: menos ingresos, más riesgos y una incertidumbre que complica la planeación de la próxima cosecha.
Sin embargo, el componente económico no es el único motivo de alarma. La seguridad en las regiones productoras se ha deteriorado de manera significativa. Procaña advirtió que la presencia de estructuras delincuenciales agravó la situación, especialmente en el norte del Cauca.
El gremio reportó un incremento en secuestros, actos terroristas y extorsiones, así como invasiones a predios que afectan más de 5.000 hectáreas. Estas ocupaciones no solo alteran la producción; también elevan el riesgo para trabajadores y comunidades rurales que dependen directamente de la actividad agrícola.
En ese contexto, la incertidumbre va más allá de los balances financieros. Las condiciones actuales, señaló la asociación, comprometen la sostenibilidad de la actividad y la estabilidad social en territorios donde la caña es motor de empleo y desarrollo.
Las cifras dimensionan el impacto potencial. El sector genera alrededor de 280.000 empleos formales y beneficia a más de 1,2 millones de personas en todo el país. Una afectación prolongada no solo tendría consecuencias empresariales, también sociales, en municipios donde buena parte de los ingresos familiares está ligada a la cadena agroindustrial.
Ante este escenario, Procaña hizo un llamado directo al Gobierno nacional. La solicitud principal es fortalecer las estrategias de seguridad rural para garantizar los derechos humanos de trabajadores, cultivadores y sus familias. Para el gremio, sin condiciones mínimas de seguridad es inviable sostener la producción en el mediano y largo plazo.
Además, pidió la adopción de medidas integrales que respalden la sostenibilidad del sector. Entre ellas, reiteró la necesidad de priorizar la compra de etanol de origen nacional. A juicio de la asociación, esta decisión contribuiría a proteger el empleo formal, asegurar ingresos en las regiones productoras y reforzar la soberanía energética del país.
El debate no es menor. La industria de la caña no solo abastece el mercado interno de azúcar y etanol; también dinamiza economías locales, sostiene cadenas logísticas y articula miles de empleos directos e indirectos. Cuando el sector se debilita, el efecto se siente en cascada.
Hoy, los productores enfrentan una ecuación compleja como lo son, precios a la baja, mayores importaciones, menor productividad y un entorno de inseguridad creciente. En los cultivos, la caña sigue creciendo. La pregunta es si las condiciones alrededor permitirán que esa cosecha se traduzca en estabilidad económica para quienes dependen de ella.
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