El Consejo de Estado emitió un fallo a favor de David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, tras una investigación que se extendió durante 18 meses.
En la decisión, el alto tribunal estableció que Racero no incurrió en irregularidades con su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el caso conocido como el “Fruver”, ocurrido en 2020.
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La sentencia desestimó los señalamientos que apuntaban a que miembros de su equipo habían sido empleados para labores privadas, cerrando así uno de los procesos judiciales más mediáticos en contra del congresista.
El propio Racero compartió la decisión a través de su red social de X, donde expresó: “El Consejo de Estado falló a mi favor. Después de un año y medio de investigación, determinó que yo no había empleado a ninguno de mis funcionarios de la UTL para que trabajasen en el fruver que tuve por allá en el 2020”.
El dirigente político agregó que, pese a las acusaciones que circulaban en su contra, optó por esperar los resultados de la justicia antes de pronunciarse públicamente sobre el proceso.
La investigación contra el congresista comenzó tras la difusión de denuncias en medios de comunicación y redes sociales, en las que se lo vinculó con presunta utilización indebida de personal público.
Según el relato del propio Racero, esas versiones construyeron “una narrativa violenta, mentirosa” dirigida a desprestigiar su gestión y su nombre.
“Fui prudente con la justicia, esperando justamente este momento en que los fallos empezaran a salir, para que quedara demostrado que yo no soy ningún explotador, que no violento a ningún trabajador, que he sido respetuoso con los recursos públicos, que no he cometido ningún acto ilegal, pero que sobre todo he sido leal, consecuente con la lucha de los trabajadores en Colombia”, afirmó el parlamentario.
El caso del “fruver” no fue el único proceso legal al que tuvo que enfrentarse el representante. Según su testimonio, ya se han archivado cerca de siete investigaciones promovidas en su contra, muchas de ellas impulsadas por sectores de la oposición.
“Han querido instrumentalizar la justicia, presionar a jueces y hasta han amenazado a miembros de mi UTL”, denunció el congresista, quien además advirtió sobre el riesgo de que estos procedimientos judiciales sean usados como herramienta para desacreditarlo.
En su publicación, Racero enfatizó que mantuvo una postura reservada a lo largo del proceso, evitando la politización del caso.
“Fui absolutamente prudente para no politizar el escenario en la justicia, como han pretendido ellos. Pero ya que se están resolviendo los procesos judiciales, voy a empezar a tomar medidas legales contra todos aquellos de oposición que de manera calumniosa y coordinada se refieren hacia mí como explotador de trabajadores, entre otras”, puntualizó.
El congresista también advirtió sobre la reaparición de informaciones que, según él, buscan impactar en la coyuntura política.
“Ahora que estamos a puertas de las elecciones del Congreso, vuelven a sacar refritos de noticias, inventan videos, comentarios, etcétera. No para atacarme a mí, sino para atacar las listas del Pacto Histórico y, por supuesto, al gobierno del presidente Petro”, señaló.
David Racero aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los simpatizantes del Pacto del Progresismo: “Les pido que no se dejen engañar, que no se dejen arrebatar la esperanza, que es lo que ellos quieren, porque un segundo gobierno del cambio se viene abriendo y unas mayorías del pacto se están consolidando”.
El representante agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores y reiteró su compromiso con la actual campaña electoral: “No nos vamos a dejar distraer y en esta campaña volveremos a vencer”.
En dicha resolución judicial, la situación de Racero se convierte en un caso emblemático sobre la utilización de denuncias en el debate público y la función de la justicia en la vida política de figuras vinculadas al gobierno nacional.
El desenlace favorable para el congresista se produce en vísperas de una nueva contienda legislativa, contexto en el que los señalamientos y las tensiones partidistas continúan ocupando un lugar central en la agenda nacional.
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