A menos de 20 días para que se realicen las elecciones al Congreso de 2026, se siguen conociendo escándalos de congresistas que actualmente están aspirando a un nuevo periodo legislativo y presuntamente promueven estrategias para obtener la votación necesaria para que esto sea una realidad.
El turno fue para el senador Didier Lobo (Cambio Radical) y el representante a la Cámara Ape Cuello (Partido Conservador), quienes estarían implicados en una polémica tras revelarse que unos carrotanques cuentan con propaganda política de los parlamentarios y la exigencia de datos personales como requisito para el suministro de agua en el municipio de Aguachica, departamento de Cesar.
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El mecanismo, denunciado por el periodista Jacobo Solano y denuncias ciudadanas recogidas por Caracol Radio W, consiste en que los carrotanques, identificados con la imagen de Ape Cuello y Lobo, distribuyen agua únicamente a quienes se inscriben en planillas entregadas por los equipos de campaña. Estas listas registran datos personales de los beneficiarios antes de cada abastecimiento.
Esta situación se presenta luego de que en el municipio cesarense enfrenta una emergencia por “menor disponibilidad de agua”, confirmada por la Empresa de Servicios Públicos local a mediados de enero mediante una “alerta amarilla”.
“Existe menor disponibilidad de agua, lo que puede generar baja presión en el servicio y retrasos en la sectorización, especialmente en algunos sectores del municipio. Esto significa que el agua puede tardar más en llegar a ciertos hogares”, indicó la entidad municipal en un comunicado.
En este escenario de carencia, ciudadanos e imágenes divulgadas muestran carrotanques recargando agua desde hidrantes públicos.

“La gente de Ape Cuello y de Didier Lobo anda con planilla en mano y un carrotanque lleno de publicidad política, una casa sí y una casa no, donde son afines a las ideologías políticas de ellos, abastecen el servicio, aprovechándose de la necedad del pueblo”, expresó el abogado Francisco Peláez a Caracol Radio.
Además, el comunicador denunció que, detrás de esta presunta estrategia política, estaría Víctor Roqueme, alias El Indio, señalado como responsable de operar la logística de la entrega de agua en la zona.
“Carrotanques con publicidad del Senador Didier Lobo y el representante Ape Cuello toman agua publica de los hidrantes para llevarla a Barrios que tienen mas de 20 dias sin agua, pero antes de entregar el agua llenan planillas para reseñarlos y que voten, si no votan, no hay agua. Que horror. Todo es orquestado por Victor Roqueme Alias El Indio, quien tiene vínculos en el Catatumbo”, indicó Solano en su cuenta de X.

Además de los dos congresistas, sus campañas publicitarias figuran de forma prominente en los vehículos utilizados. Ciudadanos señalaron la presencia de símbolos de los partidos Conservador y Cambio Radical en los mismos carrotanques que acuden a zonas que suman más de 20 días de desabastecimiento.
Las denuncias también fueron cuestionadas por aspirantes al Congreso en el Caribe colombiano. Adolfo Rivas, candidato al Senado de Alianza Verde, criticó a sus reivales por utilizar una estrategia que, para él, manipula a los ciudadanos frente a una crisis sanitaria que atraviesa el municipio cesarense.
“Para estos políticos, el agua no es un derecho. Si usted está con ellos, le llevan el carrotanque. Si está con otro candidato, se queda sin agua. Lo que debería ser un derecho lo reparten como si fuera un favor, como si la dignidad dependiera de por quién votas. No es ayuda, es chantaje político. Es la vieja política usando la sed de la gente como mecanismo electoral”, denunció Adolfo Rivas, candidato al Senado por Alianza Verde.
Por el momento, los dos congresistas no han realizado ningun pronunciamiento a la opinión pública sobre esta denuncia. Tampoco existe confirmación oficial de que la Registraduría, la Procuraduría o autoridades electorales hayan iniciado procesos formales de investigación o verificación tras las denuncias, pese a que la indignación ciudadana crece en redes sociales y medios locales.
La indignación ciudadana se expresó abiertamente, mientras entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) advertían riesgos en al menos veinte municipios del país, aunque sin aludir directamente a Aguachica.
La controversia integra factores sociales y legales: el aprovechamiento de una emergencia para condicionar el acceso a un servicio básico, con el peso añadido de la proximidad de las elecciones.
Las imágenes y testimonios documentados reflejan la compleja interacción entre crisis humanitaria y competencia electoral, con uso de recursos públicos y privados en una coyuntura de alta sensibilidad social en el sur del Cesar.
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