Un paro nacional de los escoltas tercerizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) podría dejar sin resguardo a cerca de 12 mil personas protegidas, entre ellas líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos.
Así lo advirtió el sindicato Dinspro al medio La FM, en un escenario marcado por el avance de los decretos 019 y 020 del Ministerio del Interior, que reforman la planta de la entidad mediante un proceso de formalización que, según denuncian los trabajadores, excluye a la mayoría del personal actual y abre la puerta a lo que califican como una “masacre laboral”.
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La advertencia sindical se produce mientras el Gobierno Nacional avanza con la nueva normativa que establece el ingreso a la UNP a través de concurso abierto, además de cambios profundos en la estructura de la entidad encargada de la protección de personas amenazadas en Colombia.
Eduard Mendoza, presidente de Dinspro, afirmó en conversación con el medio de comunicación que están preparados para recurrir a acciones de hecho si se expide el decreto. “Si nosotros vemos que, agotando la instancia jurídica, el mismo Gobierno sigue en ese proceso de llevar a cabo este decreto, entonces estaríamos ya listos para irnos a las calles a vías de hecho”, indicó.
La eventual suspensión del servicio de protección impactaría de forma directa a quienes confían en los esquemas de seguridad del Estado, generando preocupación en organizaciones sociales y de derechos humanos por el incremento del riesgo frente a la violencia.
El sindicato cuestiona la forma en que se busca formalizar la planta laboral. Para Dinspro, el problema no es la formalización en sí, sino el modo de implementación. Mendoza señaló ante La FM que los decretos derogan artículos fundamentales para la cobertura de trabajadores actualmente vinculados bajo la figura de tercerización, lo que dejaría fuera del proceso a cerca de 12 mil escoltas.
“Se estaría tratando de una posible masacre laboral contra los hombres que en este momento estamos bajo la figura de tercerización”, denunció Mendoza, que insistió en la falta de garantías para trabajadores con funciones misionales dentro de los esquemas de protección. Según el sindicato, el manual de funciones de la nueva planta no refleja la realidad laboral de los escoltas tercerizados y limita su acceso al proceso de vinculación.
Además, el artículo 5 de la nueva normativa permite que cualquier ciudadano concursante pueda optar por los cargos de protección, lo que, según argumentan, puede desplazar a quienes han servido en la entidad durante años.
Preocupa entre los sindicalistas la exigencia de títulos profesionales para algunos grados de oficiales de protección, como el grado 15 y 18, un requisito que podría cumplirse solo en pocos casos y que excluiría a un gran número de escoltas.
La organización sindical también denuncia la posibilidad de nombramientos discrecionales por parte del director de la entidad, que podría implementar más de 7.200 cargos sin concurso público, según lo contemplado por la función pública. Mendoza recalcó en La FM que “la función pública le da la potestad al director de la entidad para que haga la implementación de más de 7.200 cargos a dedocracia. Actualmente hay cerca de 12 mil hombres tercerizados”.
Si bien el sindicato no presentó pruebas de irregularidades puntuales, expresó inquietud por la discrecionalidad en la aplicación de la nueva reglamentación y la falta de un procedimiento transparente y participativo para los trabajadores actuales.
El sindicato ya anunció ante La FM que presentará demandas ante el Consejo de Estado, argumentando que el decreto no toma en cuenta los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso. Mendoza enfatizó la ausencia de consenso: “Hacemos el llamado también al ministerio del Trabajo, al ministerio del Interior, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la misma Contraloría porque aquí hay recursos del mismo Estado”.
El líder sindical reclamó que las autoridades de la UNP aún no han sentado a discutir la implementación con la totalidad de las organizaciones sindicales, sino únicamente con algunos sectores, sin definir un mecanismo claro para la transición laboral.
El pulso entre la formalización laboral y la garantía de protección estatal apenas comienza. Según la advertencia de Dinspro en La FM, el choque podría escalar hasta convertirse en uno de los conflictos institucionales más sensibles del año, con consecuencias directas para miles de personas en situación de vulnerabilidad en todo el país.
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