Así de caros se pondrán los créditos en los bancos en Colombia debido a nueva medida del Gobierno Petro: “Deja de asignarse”

El Gobierno de Gustavo Petro estableció, mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, la obligatoriedad de las inversiones forzosas para la banca, una medida que exige a las entidades destinar parte de sus recursos al financiamiento de sectores definidos como estratégicos tras la emergencia invernal. De acuerdo con la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la decisión incrementaría entre 50 y 100 puntos básicos las tasas de interés de los créditos y restaría hasta 0,3 puntos porcentuales al crecimiento económico nacional.

Según explicó Asobancaria, las inversiones forzosas son un mecanismo por el que los bancos están obligados a financiar sectores señalados por el Gobierno, como la industria, vivienda, agricultura, turismo y economía popular. La medida se dirige de manera prioritaria a regiones afectadas por las lluvias, entre ellas Córdoba, Antioquia y Santander.

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“Las inversiones forzosas son una alternativa inconveniente, pues una de sus consecuencias sería el encarecimiento del crédito para todas las empresas y hogares en el país”, afirmó Asobancaria en un comunicado. El gremio sostuvo que los efectos van más allá del costo del financiamiento, ya que la imposición puede distorsionar el mercado, reducir la competencia y afectar la confianza de inversionistas tanto locales como internacionales. “La estabilidad es un activo que el país no puede poner en riesgo”, declaró la asociación.

De acuerdo con los cálculos del gremio, la nueva política también provocaría un descenso en la dinámica económica general. La banca advierte que el riesgo para la estabilidad financiera aumenta si se exige colocar recursos sin criterios técnicos claros ni evaluación de riesgo.

Compromisos con sectores estratégicos

El gremio financiero argumenta además que las entidades bancarias cumplieron con los compromisos en sectores considerados estratégicos. “La experiencia demuestra que los incentivos funcionan mejor que las imposiciones. Prestar sin criterios técnicos no es audacia, es irresponsabilidad”, sostuvo la asociación al resaltar que los recursos administrados corresponden al ahorro de millones de colombianos y señalando la responsabilidad de generar rendimientos adecuados.

Como respaldo, la organización presenta los resultados del Pacto por el Crédito, un acuerdo voluntario anterior. Según Asobancaria, en los sectores objetivo se desembolsaron:

• $48,1 billones en vivienda e infraestructura, equivalentes al 119% de la meta.
• $7,6 billones al turismo (93%).
• $26,4 billones al agropecuario (87%).
• $135,4 billones a la manufactura (83%).
• $10,4 billones a la economía popular (83%).

El gremio destaca que estos avances se lograron en un entorno de política monetaria restrictiva, lo que, a su juicio, evidencia el compromiso del sistema bancario.

Decisiones que no son libres

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, dijo a Blu Radio que el decreto constituye “básicamente un mandato del Gobierno para que los bancos inviertan una parte de sus recursos en determinados activos o sectores, en lugar de decidir libremente a quién prestan”. Precisó que el mecanismo limita el margen de las entidades financieras para asignar recursos según criterios de riesgo, mercado y rentabilidad.

Según el dirigente, la ampliación de obligaciones introduce nuevos retos en la asignación eficiente del crédito. “El crédito deja de asignarse por eficiencia económica y empieza a responder a decisiones administrativas”, advirtió al medio. Añadió que, aunque el objetivo de orientar recursos hacia sectores prioritarios es legítimo, el uso prolongado o expansivo de estos instrumentos puede distorsionar la intermediación financiera y elevar el costo del crédito.

Aplicación moderada

López resaltó que las inversiones forzosas, aunque pueden ser útiles en momentos excepcionales, deben aplicarse con moderación. “Las inversiones forzosas pueden ser útiles en contextos muy específicos, pero sí se expanden demasiado, pueden reducir la profundidad del mercado financiero y afectar la inversión privada”, explicó el dirigente.

Otra “torpeza” del Gobierno Petro

La medida, aprobada en el contexto de la emergencia económica, ha provocado también reacciones en el ámbito político. El expresidente de Colombia Iván Duque calificó la disposición como “otra de las torpezas que este Gobierno viene haciendo durante todo este periodo”. Y es que, por un lado, “va a encarecer el costo del crédito para todo el país. Segundo, va a incrementar los riesgos de los recursos de los depositantes en los bancos donde están todos los colombianos, pero adicionalmente van a terminar afectando todo el sistema general de crédito en el país”.

Duque instó al Congreso de la República y al poder judicial a impedir que la medida entre en vigor. “Es muy importante que el Congreso y que las Cortes no dejen que esta medida se aplique, porque puede ser muy grave cuando la inflación crece y adicionalmente cuando se están empezando a ver grandes debilidades fiscales del país, con uno de los déficits fiscales más altos del mundo y con una de las tasas de endeudamiento más altas y a costos más altos”.

Por su parte, el exvicepresidente del Consejo Privado de Competitividad Daniel Gómez Gaviria señaló que la decisión del Gobierno es una “intervención directa en la asignación del crédito”. Dijo que “obligar a los bancos a prestar o invertir en sectores definidos por el Gobierno no es política de desarrollo. Es intervención directa en la asignación del crédito. Y eso distorsiona precios, riesgos y señales de mercado”.

También advirtió que estas decisiones pueden trasladar riesgos a los ahorradores. “El crédito no es un recurso político. Es ahorro de los ciudadanos administrado con criterios técnicos. Cuando se obliga a colocarlo en actividades específicas, se traslada el riesgo a depositantes y ahorradores”, puntualizó.