La reciente suspensión provisional del aumento al salario mínimo decretado para 2026 por el Consejo de Estado ha generado un ambiente de incertidumbre en Bogotá, especialmente por el impacto que esta medida podría tener en el costo del transporte público.
El Decreto 1469 de 2025, que fijó un incremento récord del 23,7% en el salario mínimo —llevando el monto a 2 millones de pesos—, fue suspendido tras señalamientos sobre posibles fallas en los requisitos legales para su cálculo por parte del Gobierno nacional. El alto tribunal ordenó emitir un nuevo decreto que detalle y pondere los factores establecidos en la ley, lo que abrió la puerta a un eventual ajuste a la baja del salario mínimo.
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Este escenario ha puesto en el centro del debate el futuro del pasaje de TransMilenio y del resto del sistema, cuyo aumento para 2026 se fundamentó precisamente en el alza del salario mínimo.
La tarifa de TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal fue fijada en $3.550 para 2026, tras un incremento de $350 respecto al valor previo, en consonancia con el ajuste salarial. Sin embargo, la suspensión del mínimo ha dejado en vilo la continuidad de esa tarifa, mientras las autoridades distritales aún no han emitido un pronunciamiento claro sobre el rumbo a seguir.
El distrito y TransMilenio han argumentado que los contratos de concesión obligan a actualizar anualmente las remuneraciones a los operadores del sistema según variables como el IPC (5,3% anual), el incremento del salario mínimo (23,7%), el precio del Acpm (var. superior al 15% entre octubre de 2024 y octubre de 2025) y el GNV (más del 10%, con riesgo de alzas superiores al 50% en 2026).
Estas alzas, según la empresa, inciden directamente en los costos operativos del Sitp y justifican la necesidad de una actualización tarifaria para evitar una sobrecarga fiscal sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
Y es que el aumento de $350 en el pasaje de TransMilenio representó un alza del 10,9%, porcentaje inferior al observado en los principales insumos del sistema. Según la empresa, este ajuste es indispensable para garantizar la continuidad de la operación, reducir la presión fiscal, avanzar en la transición hacia flotas de bajas y cero emisiones, y evitar afectaciones en la calidad del servicio. De no realizarse el incremento, se advierte sobre posibles recortes en la oferta, intervalos más largos y menor confiabilidad en la operación.
No obstante, tras la suspensión del aumento salarial, varios concejales de Bogotá han exigido coherencia administrativa y respuestas inmediatas del alcalde Carlos Fernando Galán.
La cabildante Heidy Sánchez Barreto cuestionó la falta de suspensión temporal del pasaje, argumentando: “¿Se entiende con el pronunciamiento del Consejo de Estado que las decisiones administrativas basadas en el aumento del 23% del salario mínimo también se deben suspender y ajustar? Porque, así como argumentaron para subirle, igualmente, al alcalde Carlos Fernando Galán, el pasaje de Transmilenio y el resto del Sitp también debería ajustarse acorde a las nuevas decisiones”.
Por su parte, el concejal Julián Espinosa sostuvo que, si la base del incremento tarifario fue el alza del salario mínimo, la Alcaldía y TransMilenio deberían suspender también el incremento de $350 en el pasaje: “Eso es actuar con coherencia y responsabilidad ante los bogotanos”.
Barreto, además, advirtió sobre las implicaciones más amplias de la suspensión del salario mínimo, señalando que se trata de una disputa clave por los derechos laborales en el país. “Cada vez que la clase trabajadora conquista un derecho, el poder económico reacciona. (...) No podemos permitir un ciclo de desmontaje de derechos en Colombia. Se requiere mayoría legislativa y un liderazgo en la Presidencia que defienda sin ambigüedades a trabajadores y trabajadoras”.
Mientras tanto, el silencio del distrito sobre el futuro del pasaje de TransMilenio alimenta la incertidumbre entre los usuarios y los operadores del sistema, así como entre los trabajadores, quienes ven en la suspensión del aumento salarial un posible retroceso en sus ingresos.
Hasta la fecha de la publicación de esta noticia, la administración de Bogotá no ha aclarado si revisará la tarifa vigente del transporte público en caso de que el nuevo decreto presidencial fije un salario mínimo inferior, lo que mantiene en suspenso el impacto real de la decisión judicial en la vida cotidiana de la capital.
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