El pleito que se vive en la JEP por el llamado al general (r) Óscar Naranjo a versión libre: fue llamado a declarar y después anularon la decisión

El tribunal especial dejó sin efecto la citación tras detectar irregularidades en el procedimiento y cuestionamientos sobre la motivación de la decisión, mientras las víctimas solicitaron el derecho a apelar la medida

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La JEP anuló el auto
La JEP anuló el auto que llamaba a versión voluntaria al general retirado Óscar Naranjo en el caso de crímenes de la fuerza pública en los Montes de María - crédito Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anuló internamente el auto que llamaba a versión voluntaria al general retirado Óscar Naranjo en el marco de la investigación por crímenes de la fuerza pública dentro del macrocaso 08, enfocado en los Montes de María.

La decisión de anular el llamado, adoptada tres meses después del auto inicial aprobado en marzo de 2025, mantiene el caso abierto y bajo revisión en el Tribunal para la Paz, según documentos conocidos por la revista Cambio.

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Óscar Naranjo, considerado figura clave en la Policía Nacional y en la política colombiana, fue jefe de inteligencia, director general de la Policía y vicepresidente de la República, además de negociador plenipotenciario durante el Acuerdo de Paz.

De hecho, su larga carrero fue considerada, inicialmente, como relevante para la JEP por su posible conocimiento de episodios relacionados con el conflicto armado y como testigo en investigaciones judiciales sobre la fuerza pública.

El llamado para la versión voluntaria a Naranjo se produjo en el Auto de Subsala L 051 de la JEP, bajo ponencia de la magistrada María del Pilar Valencia. La intención era obtener una declaración del exvicepresidente en la investigación sobre masacres cometidas por fuerzas paramilitares en la región.

El auto de la JEP
El auto de la JEP fue anulado tras detectarse irregularidades en el procedimiento y cuestionamientos sobre la motivación jurídica y el quórum requerido - crédito UNIR

Valencia fundamentó su propuesta en carpetas reservadas con 17 informes de inteligencia y en testimonios de Salvatore Mancuso y del general Mauricio Santoyo que hacían referencia al condecorado oficial retirado.

Sin embargo, después de que los cuatro magistrados de la Subsala L aprobaran el llamamiento, varios de sus magistrados, como Catalina Díaz y Oscar Parra, empezaron a mostrar sus reparos a la ponencia liderada por la magistrada Valencia.

Apenas 15 días posteriores a la emisión del auto, Díaz pidió a la magistrada ponente que hiciera la aclaración de su salvamento de voto, mientras que los otros dos magistrados pidieron claridad a Valencia sobre los motivos para llamar a versión libre al alto oficial.

La magistrada Catalina Díaz indicó que posiblemente el señor Naranjo había ocupado el cargo de presidente de la República, por lo cual tendría fuero ante la JEP, según el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, lo que haría anulable el llamamiento a versión voluntaria. Como despacho relator practiqué las pruebas respectivas y se determinó que no había ejercido ese cargo”, señaló Valencia en otro documento aclaratorio conocido por la revista Cambio.

Sin embargo, las explicaciones entregadas por la magistrada no fueron suficientes para sus compañeros. De hecho, para mayo de 2025, Catalina Díaz, que ya ejercía como vicepresidenta de la Sala de Reconominiento de la Jep pidió a sus compañeros que analizaran el presunto error cometido por Valencia para llamar a juicio a Naranjo.

La Sala de Reconocimiento observó
La Sala de Reconocimiento observó dudas sobre la pertinencia de citar a Naranjo como compareciente, ya que no tenía mando ni funciones en la zona de los hechos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Una persona que no ejercía funciones relacionadas con el control del orden público en el territorio en cuestión, donde habían ocurrido los crímenes, ni tenía condición de superior ni mando sobre los miembros de la fuerza pública que se concertaron o que omitieron actuar ante las incursiones paramilitares”, escribió Díaz en un documento obtenido por el medio.

Con las aclaraciones de la magistrada, la Sala de Reconocimiento de Verdad señaló irregularidades en el procedimiento. Además, los magistrados advirtieron la falta de motivación clara en la decisión y dudas sobre el cumplimiento del cuórum necesario.

También cuestionaron que el auto no incorporara los salvamentos ni las aclaraciones de voto correspondientes, lo que debilitó la base jurídica del proceso.

La anulación fue aprobada por cinco magistrados y contó con la oposición de tres, entre ellas Belkis Izquierdo y la propia Valencia, quienes argumentaron la existencia de mérito suficiente para una comparecencia. Los partidarios de la anulación advirtieron que no era posible justificar con claridad la legalidad de la vinculación.

El debate al interior de la sala mostró diferencias relevantes. Valencia respaldó el llamado a Naranjo presentando documentos reservados y declaraciones sobre vínculos y conocimientos relativos a masacres y relaciones entre la fuerza pública y paramilitares.

El magistrado Óscar Parra, que en principio firmó el llamado, revisó su postura tras examinar el expediente en mayor detalle y terminó considerando que Naranjo debía ser citado como testigo, no como compareciente directo.

La anulación del llamado motivó
La anulación del llamado motivó la apelación de las víctimas, quienes alertaron sobre un posible obstáculo para su derecho a la verdad en el proceso de la JEP - crédito Noelia F. Aceituno/EFE

El auto expedido el 10 de junio dispuso la anulación del llamado y, de forma inusual, estableció que no procedían recursos en su contra. Esta determinación fue rechazada por víctimas representadas en el macrocaso 08, quienes, según relataron a esa justicia especial, señalaron que la medida “constituye un precedente nefasto para el acceso a la verdad de las víctimas”, debido al temor de que se limite su derecho a conocer hechos documentados por la JEP.

La Procuraduría General de la Nación intervino para solicitar la admisión de la apelación de las víctimas y garantizar el debido proceso. La Sala de Reconocimiento admitió finalmente la apelación y remitió el caso a la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, máximo órgano decisorio de la JEP.

La ponencia final sobre la anulación será responsabilidad de la magistrada Sandra Rocío Gamboa, mientras otros magistrados de alto perfil, como Danilo Rojas, Eduardo Cifuentes, Patricia Linares y Rodolfo Arango, deberán decidir el rumbo definitivo del caso.

Por su parte, Naranjo manifestó a la revista Cambio que nunca fue notificado formalmente sobre el llamado y expresó desconcierto frente a la controversia. Destacó su respaldo al Sistema de Justicia Transicional y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades cuando sea requerido, reafirmando su apertura a contribuir con el esclarecimiento de la verdad.

“Si es que existe, cualquier diferencia entre los magistrados sobre mi nombre es innecesaria. No solamente fui negociador del acuerdo que le dio vida al sistema de justicia transicional, sino que soy un hombre de Estado. En esa medida, jamás faltaría a mi deber moral y legal de acudir ante cualquier autoridad que me requiera. Siempre estaré listo para contribuir a la justicia”, señaló el oficial a Cambio.