La acusación de María Fernanda Cabal: “Era un niño de solo 6 años rogando por un medicamento que nunca llegó”

La muerte de Kevin Arley, un niño con hemofilia, tras permanecer dos meses sin recibir medicamentos, generó una fuerte reacción de la senadora María Fernanda Cabal.

Cabal calificó al Gobierno colombiano como “criminal” y culpó directamente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de dejar a los pacientes desprotegidos, según lo expresó en su cuenta oficial de X.

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“Gobierno criminal. Era un niño de solo 6 años rogando por un medicamento que nunca llegó”, afirmó la senadora en la red social. Interpeló de manera directa al ministro Jaramillo, preguntando: “¿Cuándo va a responder por todos los pacientes que no recibieron su medicamento o tratamiento?”. También acusó a Petro de actuar de manera negligente frente a la crisis en salud.

Según Noticias RCN, el caso de Kevin, originario de Pitalito, Huila, evidencia una serie de demoras en la atención médica. La madre del menor relató que obtuvo por última vez el medicamento el 2 de diciembre.

Desde entonces, solicitó repetidas veces la remisión y el suministro, pero la Nueva EPS le informó que debía esperar la firma de un nuevo contrato, sin ofrecerle una solución.

La hemofilia que padecía Kevin requiere medicación continua considerada esencial para prevenir complicaciones graves, de acuerdo con los especialistas consultados por el medio. Los medicamentos son descritos como imprescindibles, comparables en importancia al oxígeno para los pacientes.

El estado de salud del niño se agravó tras una caída de bicicleta. La familia acudió al centro de salud en Palestina, Huila, donde la madre advirtió sobre la enfermedad y la carencia de fármacos, pero la atención adecuada no llegó a tiempo.

El menor sufrió hemorragias intensas y síntomas alarmantes. Fue trasladado a Bogotá ya en estado crítico, donde finalmente falleció. La madre responsabilizó públicamente a la EPS por la falta de reacción a la urgencia.

Noticias RCN, que tuvo acceso a este caso, explica que la Nueva EPS está actualmente bajo medidas de intervención administrativa a causa de irregularidades en la prestación de servicios.

Este proceso se ha traducido en múltiples denuncias por demoras en la entrega de medicamentos y trámites, principalmente para pacientes con enfermedades huérfanas. El suministro fue interrumpido debido a la falta de un convenio entre la EPS y la institución proveedora de tratamiento, situación que dejó a Kevin sin acceso a medicamentos esenciales durante más de dos meses. El traslado a Bogotá resultó insuficiente para revertir el desenlace fatal.

Ante este caso, Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, solicitó a las autoridades reforzar la protección de los derechos de la infancia en medio de la crisis sanitaria.

“Le pedimos al gobierno nacional, a la Defensoría del Pueblo, a todas las entidades de vigilancia y control que ejerzan su función de proteger especialmente los derechos de los niños y niñas en medio de esta crisis de la salud”, declaró Mayorga a Noticias RCN.

La situación de Kevin se suma a la experiencia de miles de familias que enfrentan trabas para acceder a tratamientos continuos, hecho particularmente desafiante para quienes conviven con enfermedades huérfanas. El caso alerta sobre las consecuencias de la desarticulación administrativa y la falta de respuestas efectivas en el sistema de salud colombiano. Familias temen que hechos similares se repitan si los problemas estructurales y de gestión persisten tanto en el sector público como en el privado.

La EPS Famisanar responde a denuncias sobre contratación y pagos durante la intervención

Famisanar defendió su gestión tras las denuncias del representante a la Cámara Andrés Forero sobre supuestas irregularidades en la contratación y remuneración de personal durante la intervención por la Superintendencia Nacional de Salud.

En un comunicado del 9 de enero de 2026, la EPS sostuvo: “Actuamos con la UPC asignada”, destacando que todas las decisiones financieras y administrativas se ajustan a los lineamientos de la Unidad de Pago por Capitación.

La polémica surgió después de que la información entregada por Famisanar a Forero no reflejara “de manera integral la formación académica ni el alcance real de algunas vinculaciones laborales cuestionadas”, según reconoció la EPS.

Famisanar aclaró que los reportes remitidos al congresista provenían del sistema interno Kaktus y admitió que solo uno de los títulos académicos de la gerente financiera y administrativa, el de Técnico Auxiliar en Enfermería, apareció en dichos reportes.

La entidad detalló que la funcionaria también cuenta con una técnica en administración en salud, una licenciatura en administración financiera, una especialización en economía y gestión de la salud, y un MBA actualmente en proceso de grado.

Sobre la contratación de un bachiller, Famisanar respondió que esta vinculación respondió a un periodo temporal de empalme técnico, justificando la decisión por la experiencia sectorial del empleado y la necesidad de asegurar la continuidad en diciembre de 2025. Además, la EPS aseguró que mantiene su funcionamiento bajo criterios de austeridad y eficiencia, cumpliendo los procedimientos internos y los manuales de funciones, y respetando el monto de la UPC autorizada.

Entre las medidas recientes, la empresa informó que ha fortalecido el saneamiento administrativo y financiero, implementado acciones para mejorar el talento humano y priorizado la consolidación de una red de prestadores eficaz, en línea con los principios de la ley de seguridad social. Famisanar afirmó que, bajo la administración intervenida, la organización ha priorizado la transparencia, la eficiencia y la atención al usuario, “manteniendo el enfoque humano del servicio”.