3 hombres enfrentarán juicio con medida intramural por atentado en el que murieron 2 personas y más de 30 resultaron heridas

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la judicialización de tres hombres señalados de participar en el atentado terrorista ocurrido el 17 de abril de 2025, en plena Semana Santa, en el municipio de La Plata, hechos que dejaron dos personas muertas, entre ellas un menor de edad, y más de 30 heridos, además de cuantiosos daños materiales en el casco urbano.

De acuerdo con el ente acusador, John Faber Titimbo, Willian Enrique Ramos y Aldemar Caldón Ramírez fueron presentados ante un juez penal de control de garantías como posibles integrantes del autodenominado frente Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc, estructura armada que estaría detrás de la planeación y ejecución del ataque.

La Fiscalía sostuvo que cada uno habría cumplido un rol específico dentro del plan criminal, lo que permitió la materialización del atentado con explosivos en inmediaciones de la estación de Policía del municipio.

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Según la investigación, John Faber Titimbo habría ejercido un papel de coordinación, desplazándose al casco urbano el día de los hechos para verificar las condiciones del entorno y facilitar la ejecución del ataque.

Por su parte, Aldemar Caldón Ramírez estaría vinculado a labores de apoyo logístico, vigilancia y control del área, mientras que Willian Enrique Ramos sería el responsable de las actividades de inteligencia, recorriendo el parque principal y sectores cercanos para constatar la ubicación de la motocicleta cargada con explosivos y su posterior activación.

Durante la audiencia concentrada, las autoridades detallaron la gravedad del material utilizado y el nivel de planeación del atentado. En uno de los apartes expuestos ante el juez, se explicó que: “El anterior artefacto explosivo que ustedes, señores, transportaron, portaron y tenían en ese lugar, es considerado de uso privativo de las fuerzas militares conforme al decreto veinticinco treinta y cinco del diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres… Frente al cual ustedes no tenían permiso de autoridad competente. Ustedes conocían que estaban portando o estaban llevando a cabo este atentado terrorista, conocían que lo hacían de común acuerdo, conocían que tenían una distribución del trabajo criminal y conocían cuál era la importancia de su aporte en dicho actuar”.

Las autoridades también reconstruyeron con precisión el momento de la explosión, ocurrida cuando decenas de personas participaban en actividades familiares propias de la Semana Santa.

En la audiencia se indicó que: “Siendo más o menos las seis y veinte de la tarde, aproximadamente, en la carrera quinta número cuatro cuarenta y siete, barrio Páez, del municipio de La Plata, del departamento del Huila, y diagonal a la estación de policía, fue activada una carga explosiva compuesta por seis kilos de artefacto explosivo de alto poder destructivo, acondicionada en una motocicleta línea VW, causando la muerte de dos personas y lesionando de gravedad a muchas más”, precisaron los delegados del ente acusador.

Como resultado de la detonación, dos hermanos perdieron la vida, uno de ellos menor de edad, y al menos 30 personas resultaron heridas, varias de gravedad, generando conmoción en la comunidad y reavivando el temor por la presencia de estructuras armadas ilegales en el departamento del Huila.

En desarrollo de una operación conjunta entre la Fiscalía y la Sijín del Departamento de Policía de Huila, los tres señalados fueron capturados.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron seis teléfonos celulares, un revólver, una escopeta, munición y una motocicleta, elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso penal.

Finalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado les imputó los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas y explosivos.

Aunque los cargos no fueron aceptados, el juez ordenó medida de aseguramiento intramural, mientras continúa el proceso judicial por uno de los atentados más graves registrados en la región en los últimos años.