Gerente del Banco de la República justificó el aumento en las tasas de interés: “Una decisión fuerte y dolorosa”

Una reciente decisión de la junta directiva del Banco de la República encendió el debate económico en Colombia al incrementar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, ubicándola en 10,25%.

La magnitud de este ajuste sorprendió a los mercados y reconfiguró expectativas sobre la evolución de la inflación en el país, en un contexto donde los riesgos fiscales y las presiones sobre los precios siguen latentes.

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Esta medida, calificada por Leonardo Villar, gerente del Banco, como “dolorosa pero necesaria”, apunta a restaurar la credibilidad en las metas inflacionarias y alienta a los distintos sectores económicos a ajustar sus proyecciones, mientras el país espera la evolución de reformas estructurales, como la pensional.

Villar, en diálogo con El Espectador, precisó que la decisión contó con el aval de cuatro miembros de la junta, mientras dos codirectores votaron por una reducción de 50 puntos y uno más por mantener el statu quo.

Según explicó, el ajuste busca responder a la marcada alza de las expectativas de inflación, que en enero alcanzaron un 6,7%, desde el 4,6% observado en diciembre.

Esta variación de 210 puntos básicos en un solo mes, y 340 puntos básicos respecto a enero de 2025, revela un deterioro preocupante en la confianza sobre el control de los precios. Villar reiteró: “Los datos respaldan una decisión fuerte y dolorosa, pero necesaria dadas las circunstancias”, y defendió la intervención como indispensable para cumplir el mandato constitucional del Banco de la República.

Entre los factores que explica el aumento de la inflación básica, Villar identificó, en primer lugar, una demanda interna dinámica que supera la capacidad productiva nacional, lo cual se traduce en un crecimiento de las importaciones —en 2025 crecieron en más del 10% en dólares— y presiones adicionales sobre los precios internos.

A esto se suma un déficit fiscal que, preliminarmente, alcanzó el 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del 0,3% estimado a comienzos de ese año.

El tercer componente es un incremento inesperado del salario mínimo, del 23,2%, junto a una reducción de la jornada laboral, lo que llevó el salario mínimo por hora trabajada a repuntar otro 4,5% adicional.

El gerente subrayó que el alza del salario mínimo, aunque justa en términos de poder adquisitivo, puede incentivar nuevas presiones sobre los precios. Comparó la situación de Colombia con la de países como Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Perú, donde políticas monetarias restrictivas similares lograron recuperar la inflación hacia las metas de sus bancos centrales, al contrario de lo ocurrido en Colombia, donde la inflación se resiste a descender con la rapidez esperada.

Consultado sobre la posibilidad de un ciclo prolongado de alzas en las tasas, Villar respondió que aunque el Banco no suele anticipar sus movimientos, la fuerte reacción de las expectativas inflacionarias exige sostener una política restrictiva. Indicó que solo si las expectativas vuelven a ceder, podría abrirse la puerta a una reducción gradual.

“La esperanza es que las expectativas de inflación vuelvan a ajustarse a la baja ante la perspectiva de que el Banco de la República va a adelantar una política encaminada a facilitar un proceso de convergencia de esa inflación hacia la meta en 2027”, señaló el directivo.

El ambiente en la junta directiva estuvo marcado por la preocupación. Villar expresó que todos los miembros preferirían reducir la tasa, pero el escenario de persistente inflación alta forzó a la mayoría a tomar una medida firme para evitar el riesgo de perpetuar niveles elevados que dificultarían los créditos de largo plazo, tanto para el Gobierno como para empresas y particulares.

Enfatizó que solo el sostenimiento de tasas bajas de inflación permite tasas de interés estables y viables en horizontes extendidos, un logro alcanzado tras la consolidación de la autonomía del Banco de la República.

Al abordar el impacto del déficit fiscal, Villar manifestó que un saldo elevado compromete la sostenibilidad financiera nacional e incrementa el costo del endeudamiento, afectando los márgenes de riesgo y obligando a futuros ajustes fiscales que pueden tornarse críticos para el gasto social y la inversión pública.

“Un déficit fiscal alto solo se puede financiar con deuda. Al final, el Gobierno tiene que destinar una porción muy grande de ingresos para pagar la deuda y se ve forzado a reducir el gasto, incluso en los rubros más loables y necesarios”, destacó.

El costo de la deuda pública, explicó Villar, depende sobre todo de las expectativas a largo plazo sobre inflación y gestión fiscal, mucho más que de la tasa a corto plazo fijada por el Banco. Paradójicamente, una señal estricta del emisor puede incluso hacer retroceder el interés de la deuda a largo plazo si el mercado percibe mejoría en credibilidad.

En cuanto al comportamiento del dólar, señaló que la apreciación del peso ha ayudado a contener parte de la inflación, pero advirtió que depositar las expectativas de estabilidad inflacionaria en esta tendencia representa un riesgo para sectores como el exportador, que ya siente el efecto de un salario medido en dólares cerca del 40% más alto.

Con relación al impacto de la inflación sobre los hogares, Villar puntualizó que, si bien quienes reciben salario mínimo —alrededor de dos millones de personas— han mejorado su ingreso real, una inflación en ascenso puede significar una pérdida de poder adquisitivo para un amplio sector, reduciendo la capacidad de consumo.

Finalmente, sobre la reforma pensional y la administración del fondo de ahorro, Villar expuso que el Banco de la República tiene toda la disposición para asumir su rol según disponga la ley, pero solicitó a la Corte Constitucional que, si se aprueba la legislación, se concedan al menos tres meses desde la comunicación de la sentencia de exequibilidad para completar los procesos de alistamiento necesarios.