Veeduría ciudadana pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia en el caso del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa

La Veeduría por la Verdad y la Justicia pidió a las autoridades y a la opinión pública “abrir un debate esencial de cara al respeto irrestricto por las garantías constitucionales que rigen toda actuación penal” en el proceso que involucra a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. La organización expresó que el artículo 29 de la Constitución consagra el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia como garantías fundamentales en cualquier actuación.

El pronunciamiento, que se registró el 11 de febrero, surgió luego de que trascendiera información sobre el avance del caso en el que Roa está implicado. Voceros de la organización señalaron la necesidad de recordar que “a las personas se les juzga por lo que hacen, no por quienes son, ni por el cargo que ocupan, ni por la presión que pueda ejercer la opinión pública”. Este principio, reiteraron, constituye un límite esencial para que la justicia mantenga legitimidad.

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Este pronunciamiento se conoció tras filtrarse versiones según las cuales el fiscal a cargo del caso habría sostenido, según la veeduría, actuaciones comunicativas selectivas con algunos medios de comunicación. De confirmarse estos hechos, se advirtió, “podrían configurarse conductas contrarias a los deberes funcionales previstos en la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario”. Situación por la cual se pidió el respeto al ordenamiento jurídico colombiano.

Diego Pérez, profesor, abogado y vocero de la organización, explicó que tales prácticas “eventualmente darían lugar a la apertura de un proceso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. Y recordó que la función investigativa del fiscal “no habilita la construcción de escenarios de juzgamiento paralelo ni la anticipación de valoraciones por fuera del expediente judicial”; es decir, la información debe ser tratada con reserva y evitar así filtraciones que afecten garantías.

En ese sentido, la veeduría insistió en que la transparencia institucional no debe confundirse con la exposición mediática de investigaciones penales. Según el organismo, la comunicación selectiva puede afectar la imparcialidad y el equilibrio que exige el proceso penal, así como el respeto a la presunción de inocencia; en un caso que involucra a un alto funcionario del Gobierno, que fungió como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022.

Veeduría advirtió sobre estigmatización mediática y límites al derecho a informar

El comunicado firmado por Pérez recordó que la Corte Constitucional ha advertido de manera reiterada sobre los riesgos de la estigmatización mediática en procesos judiciales. De acuerdo con el jurista, en decisiones como la C-774 de 2001 y la T-219 de 2015, el alto tribunal ha establecido que “la presunción de inocencia no se agota en la etapa probatoria, sino que irradia el manejo de la información pública”; una premisa que no se estaría cumpliendo en este caso.

Según la interpretación de la Corte, utilizada por la veeduría en este proceso, la presentación anticipada de culpabilidad y la difusión de información incompleta o sesgada pueden vulnerar derechos fundamentales. Y se remarcó que tribunal ha sido enfático en que el derecho a informar, protegido por el artículo 20 de la Constitución, “no es absoluto y encuentra límites claros cuando se compromete la honra, el buen nombre y el derecho a un juicio justo”.

Así pues, el abogado Pérez destacó que una democracia constitucional exige que el debate penal se resuelva en los estrados judiciales y no en los titulares. Para el organismo, la presión mediática puede generar una percepción de culpabilidad antes de que existan decisiones judiciales en firme, lo que afecta la legitimidad de la administración de justicia y los derechos fundamentales de Roa, que también tendrá que responder por el punible de tráfico de influencias.

Exigen principio de imparcialidad y responsabilidad institucional en el proceso penal

Pérez también señaló la importancia de que el derecho a la defensa, reconocido por la Constitución y desarrollado por el Código de Procedimiento Penal, se ejerza en condiciones de equilibrio y mesura. “Respetar ese límite es condición indispensable para una justicia legítima y creíble”, afirmó el letrado en su postura, ligada al análisis jurídico en extenso del caso Roa.

La organización recordó que las instituciones responsables de la investigación y juzgamiento penal deben aplicar criterios de imparcialidad y responsabilidad. “El debate penal debe resolverse en los estrados judiciales y no en los titulares”, reiteró la veeduría, que citó los principios fundamentales del derecho penal garantista con los que se dispone en la justicia colombiana, siendo este un claro llamado a no apartar el caso de los fundamentos fácticos.

La veeduría concluyó su pronunciamiento haciendo un llamado a las autoridades judiciales y a los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad y respeto por las garantías constitucionales. En esencia, el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, reiteró, es indispensable para preservar la confianza ciudadana en la justicia y evitar la estigmatización indebida de las personas sometidas a investigación.