Salario mínimo de 2026: hay malas noticias debido a pago extra que tendrá que hacer ahora el Gobierno en plena crisis

El aumento del salario mínimo en Colombia elevó el ingreso base mensual de una gran parte importante de la clase trabajadora a $2.000.000 desde enero de 2026, pero tendrá un billonario costo fiscal. Así lo advirtió la agencia Fitch Ratings, que señaló que la medida impuesta por el Gobierno de Gustavo Petro añadirá nuevas presiones fiscales y elevará los riesgos inflacionarios, en un contexto de déficit y deuda crecientes.

Según la agencia calificadora, el incremento beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, pero el impacto equivale solo al 0,35% del Producto Interno Bruto (PIB). Destacó que la cifra estimada no contempla efectos secundarios como un mayor costo de endeudamiento, el impacto en las pensiones indexadas (ligadas) ni en la generación de empleo formal.

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“El aumento del salario mínimo añadirá desafíos fiscales y de inflación, y provocará incrementos en la tasa de política que podrían afectar el crecimiento”, advirtió. Afirmó que el contexto de las finanzas públicas se ve agravado por el déficit fiscal estructural y por las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno, que solo compensan parte de la brecha presupuestaria.

Como se recordará, el presidente Gustavo Petro anunció el incremento junto con el Ministerio de Hacienda a finales de 2025, en medio de presiones sobre el presupuesto nacional. El Ejecutivo promulgó medidas fiscales adicionales por decreto por un valor de $11 billones (0,6% del PIB), aunque esto solo cubrirá de manera parcial un déficit estimado por la agencia en $16 billones (0,9% del PIB) en el corto plazo.

Fitch Ratings recordó que la persistencia de déficits fiscales fue un factor determinante para la degradación de la calificación crediticia de Colombia a BB/Estable en diciembre. Además, proyecta que para 2027 la deuda del Gobierno general alcanzará el 62,8% del PIB, lo que supera el promedio de países con calificación similar.

Efectos del salario mínimo en la economía

Remarcó que el incremento del salario mínimo tendrá efectos directos en la economía nacional. “El aumento del salario mínimo amplificará las presiones de demanda y oferta al incrementar los ingresos de individuos con mayor propensión a consumir, así como los costos de producción de las empresas”, describió.

En el ámbito inflacionario, el panorama sigue siendo complejo. Fitch Ratings reportó que la inflación en noviembre se situó en 5,3% y superó la meta del Banco de la República —fijada en 3%— desde mediados de 2021. La calificadora indicó que dicha situación podría desanclar las expectativas inflacionarias y motivar un incremento más rápido de las tasas de interés. El mercado financiero ya anticipa niveles superiores al 11% para la tasa de política monetaria en 2026, frente al 10,25% proyectado con anticipación.

Precio de los servicios

Desde el sector privado, el economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, Munir Jalil, concuerda en que el efecto del aumento del salario mínimo sobre la inflación será relevante, en especial, en los precios de los servicios. Teniendo en cuenta que la inflación cerró 2025 en 5,1% y subió a 5,35% en enero, prevé que la inflación podría alcanzar 5,54% en febrero y terminar el año cerca de 6,5%, lo que obligaría al Banco de la República a mantener una postura monetaria restrictiva.

Jalil explicó que, a diferencia de otras economías de la región, que lograron orientar las estadísticas inflacionarias hacia sus metas, Colombia sigue rezagada. “La subida de tasas de interés va a hacer que se afecte el crecimiento económico. El 2027 ya no va a tener esa buena perspectiva, va a ser más bajito”, apuntó Jalil.

Según Fitch Ratings, el principal riesgo es que la presión inflacionaria causada por la subida salarial desencadene ajustes aún mayores en la tasa de interés, con repercusiones negativas en el crecimiento económico y la generación de empleo formal.

Informalidad laboral

En el mercado laboral, Munir Jalil advirtió que el incremento del salario mínimo podría empujar parte de la fuerza de trabajo hacia la informalidad laboral (55,4%, según el Dane), dada la imposibilidad de muchas empresas para absorber el aumento de los costos laborales. El banco proyecta que la tasa de informalidad aumentará en los meses siguientes, aunque no se esperan variaciones significativas en el desempleo abierto.

Por su parte, el Gobierno sostiene que el efecto del aumento sobre la inflación es marginal, posición rechazada tanto por Fitch Ratings como por Jalil, que insisten en la relación directa entre la subida salarial y la aceleración inflacionaria.

Un componente clave del costo fiscal mencionado por Fitch Ratings es el impacto sobre el sistema de pensiones. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), “el mayor gasto fiscal asociado al ajuste de estas pensiones asciende a $3,1 billones para el 2026, en relación con el escenario base”. Dicha cifra corresponde al ajuste de las pensiones mínimas, que, por mandato constitucional, deben subir en igual proporción que el salario mínimo.

Anif detalla que, de los 1.853.855 pensionados reportados por Colpensiones a noviembre de 2025, el 55,4% (1.027.734 personas) percibe una pensión mínima. Por tanto, el impacto presupuestal es considerable. Las pensiones superiores a un salario mínimo, en cambio, solo se incrementan conforme a la inflación del año anterior.

Cobertura para el “deslizamiento” del salario mínimo

A este gasto se suma el costo estatal derivado del mecanismo de cobertura para el “deslizamiento” del salario mínimo en rentas vitalicias, regulado mediante el Decreto 036 de 2015. Anif calcula que este mecanismo representó $990.792 millones para el Presupuesto General en 2025 y prevé un aumento de $1,5 billones en 2026 por el aumento real del salario mínimo.

El escenario fiscal se complica también por otras contingencias no vinculadas directamente al salario mínimo, pero que intensifican la presión sobre las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la preparación de una nueva Emergencia Económica en Córdoba para atender las inundaciones, con un costo estimado en $8 billones. La suma se financiaría mediante un impuesto al patrimonio sobre empresas con bases desde $10.000 millones, con tarifas progresivas, y la expectativa de que aproximadamente 15.000 empresas contribuyan al fondo.

Fitch Ratings enfatizó que, a pesar de la voluntad mostrada por el Gobierno para implementar nuevas fuentes de ingresos, los retos políticos dificultan la aplicación de reformas estructurales frente al déficit. La agencia advirtió que incluso una eventual reforma tributaria posterior a las elecciones de 2026 solo tendría un efecto moderado en los ingresos estatales.

Además de los factores internos, Fitch Ratings alertó sobre riesgos externos, como las variaciones en los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas alrededor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que contribuyen a la incertidumbre sobre el crecimiento y la estabilidad fiscal de Colombia.