En los últimos años se ha hablado sobre la situación de los presos en Colombia como un tema que debe ser prioridad para los candidatos a la Presidencia de la República, puesto que en el último operativo sorpresa se descubrieron más de 1.000 teléfonos celulares en centros de reclusión del país, mientras que las denuncias por casos de extorsión perpetrados por condenados siguen aumentando.
En ese sentido, ha llamado la atención todo lo ligado al proyecto de construir una cárcel metropolitana en Medellín, que el alcalde, Federico “Fico” Gutiérrez, ha resaltado que será desarrollado bajo una alianza público-privada.
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En Medellín afirman que la estructura mencionada permitirá que se responda de manera efectiva a la crisis de hacinamiento y fortalecer el sistema penitenciario de la región. El modelo de gestión estará a cargo de un operador privado seleccionado mediante licitación, responsable de la construcción, dotación, operación y mantenimiento de la infraestructura durante un periodo acordado.
El establecimiento tendrá capacidad para más de 1.300 internos, divididos en distintos pabellones según el perfil de los reclusos y el nivel de seguridad requerido. El diseño contempla espacios diferenciados para hombres y mujeres, así como módulos de reclusión provisional para quienes están en detención preventiva.
La Alcaldía de Medellín ha anunciado que se incluirán áreas destinadas a programas de resocialización, educación y trabajo, con el objetivo de facilitar la reintegración social de los internos.
La operación de la cárcel estará supervisada por el Estado, que se encargará de garantizar el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. El operador privado asumirá funciones como la administración de servicios de alimentación, salud y aseo, además de organizar talleres y actividades productivas para la población carcelaria.
El financiamiento del proyecto combinará recursos públicos y privados, lo que permitirá optimizar la inversión estatal y asegurar estándares de calidad en la gestión penitenciaria; aunque opositores han mencionado que dará cabida a procesos irregulares sobre beneficios para algunos de los reclusos.
Alcalde de Medellín reveló detalles del proyecto
En diálogo con Blu Radio, Federico Gutiérrez entregó nuevos detalles del proyecto que tendrá que ser entregado en 2027, responsabilizando a la administración anterior de no permitir que la presentación se hiciera antes.
“Lo primero es que con esto damos cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema que le ordena a los alcaldes encargarse de las personas sindicadas, no condenadas. Desde el 2018 empezamos con la reestructuración de una cárcel. Cuando terminamos, dejamos avanzado eso, pero la administración anterior adjudicó ese proyecto una semana antes de irse, pero no la interventoría, algo que es irregular”.
Gutiérrez mencionó problemas que se registraron durante la adjudicación de la construcción y la interventoría, lo que mencionó como los puntos claves que hicieron que la cárcel no pueda ser inaugurada sino hasta mediados del próximo año.
“Suspendimos un tiempo eso; ya adjudicamos interventoría y se logra ajustar los diseños definitivos. Las obras empezaron en noviembre del año pasado, vamos en 9% del avance y se va a entregar en marzo del próximo año”.
Por último, el alcalde de Medellín se mostró orgulloso del proyecto, mencionando que servirá como una solución que debe registrarse en todo el país para terminar con el hacinamiento que se registra en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que no deberían ser utilizadas para mantener a sindicados por delitos de toda índole.
“Tenemos problemas de hacinamiento; hoy tenemos 1.200 personas en lugares que no son centros de reclusión. Vamos a dar solución completa a la situación de las estaciones de policía, liberar cupos para algunas cárceles en las que deberían ser solo para condenados, pero hoy hay un montón de sindicados”.
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