Condenan a 10 años de prisión al reconocido ginecólogo Héctor Hernán Ramírez: pacientes lo denunciaron por tocamientos indebidos durante las citas médicas

La justicia declaró responsable a Héctor Hernán Ramírez Giraldo por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, bajo la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo.

Así lo dio a conocer el portal Brava News la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, luego de conocerse la sentencia que se impuso 120 meses (10 años) de prisión, junto con la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.

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Según consta en el expediente, el fallo aplicó la Ley 906 de 2004 tras comprobar la autoría dolosa de Ramírez Giraldo en los hechos investigados, los cuales incluyeron circunstancias de agravación punitiva, destaca el documento judicial.

La denuncia que dio origen al proceso judicial: qué se sabía de los casos

En Florencia, capital del departamento de Caquetá, la violencia sexual ejercida por profesionales de la salud ha trascendido los límites del consultorio para convertirse en una práctica sistemática, sostenida por un entorno de impunidad y silencio institucional.

Esta realidad no solo afecta el bienestar físico y emocional de las mujeres, sino que condiciona su derecho a la salud, obligándolas a optar entre exponer su integridad o dejar de recibir atención médica fundamental, según documentó la revista Volcánicas.

En testimonios recopilados entre 2013 y 2021, cinco mujeres denunciaron agresiones sexuales cometidas por cuatro médicos de diferentes especialidades, que incluyen abuso, acoso y, en un caso, violación.

El modus operandi suele repetirse: el agresor aprovecha la relación de poder derivada de su condición como especialista y la vulnerabilidad de pacientes —o colegas de menor jerarquía—, cometiendo actos sin testigos en recintos cerrados y valiéndose de la autoridad y confianza inherentes a la práctica médica.

Las consecuencias se extienden mucho más allá del acto violento. Marta, una de las mujeres que denunció al urólogo Elías Rojas Falla, relató que tras el episodio que vivió en 2013 se rehusó a recibir atención médica especializada, incluso cuando su salud renal se deterioró de manera crónica.

“No quise volver a urología y me descuidé por completo”, afirmó al medio Volcánicas, dando cuenta del costo en términos de salud derivado de la desconfianza y el miedo. Las voces recogidas por esta investigación sostienen que en Florencia los pacientes, especialmente las mujeres, enfrentan un circuito sanitario en el que reportar conductas indebidas es percibido como inútil o incluso riesgoso para su integridad profesional y personal.

Entre las entidades clave, Urocaq E.U. IPS destaca no solo por su posición dominante en la atención urológica —bajo propiedad de Rojas Falla y su esposa, Piedad Constanza Letrado Perdomo—, sino además por el notable incremento patrimonial: según registros consultados por la misma revista en la Cámara de Comercio de Florencia, los activos pasaron de $15 millones en 2010 a $4.500 millones en la actualidad.

Elías Rojas figura también en procesos judiciales ajenos a temas de violencia sexual, pero las distintas denuncias disciplinarias en su contra no prosperaron: el Tribunal de Ética Médica de Cundinamarca archivó en 2018 una investigación por falta de mérito.

El testimonio de Margarita, por su parte, exhibe otra arista de la violencia: tras ser acosada insistentemente por Rojas —quien tomó su número desde la historia clínica para buscar contacto extralaboral—, optó por no retornar a consulta, lo que implicó buscar tratamiento fuera de Caquetá ante la imposibilidad de solicitar otro urólogo dentro del sistema.

“Me asusté y no supe cómo manejarlo”, relató, destacando con ello la carencia de consentimiento informado y la utilización de información confidencial, hecho prohibido por el Ministerio de Salud.

La respuesta institucional ante estas denuncias muestra una tendencia a la insuficiencia o la inacción. Cuando Marta intentó comunicar su experiencia a la directora de la EPS Caprecom, recibió como respuesta: “Definitivamente nosotras las mujeres tenemos que pasar por eso. Eso es normal que nos pase a nosotras”.

Varias de las mujeres consultadas reportaron que las quejas, cartas y solicitudes formales —tanto a EPS como a hospitales y clínicas— fueron ignoradas o desestimadas.

Consultada por el mismo portal independiente, Urocaq negó haber recibido denuncias formales contra Rojas, mientras que el Tribunal de Ética Médica afirmó que solo tramitó una queja y la cerró sin cargos.

La impunidad también se sostiene en mecanismos judiciales opacos. La Fiscalía General de la Nación negó entregar información sobre los procesos en curso contra los médicos alegando protección a la privacidad.

Las propias pacientes y colegas describen un contexto en que la escasa oferta de especialistas y la cohesión gremial dificultan la denuncia y el acceso a opciones alternativas.

El caso de Charlot revela además falencias graves en la atención de emergencias por violencia sexual: tras denunciar una presunta violación por parte del ortopedista Domingo Ramos Daza, la ruta de atención presentó múltiples omisiones.

Charlot, médica interna en uno de los principales hospitales de Florencia, fue hospitalizada sin que le realizaran el examen ginecológico, ni le recogieran evidencias físicas, como su ropa. A pesar de acudir a la clínica menos de 24 horas después del hecho, no se cumplieron los protocolos de recolección de muestras.

Por si fuera poco, fue recibida por el ginecólogo Héctor Hernán Ramírez Giraldo, quien tenía —según respondió el Hospital María Inmaculada— al menos cuatro procesos abiertos por denuncias de violencia sexual.

Ramírez Giraldo omitió reportar hechos que la paciente le pidió consignar en la historia clínica, y el sistema falló tanto en la atención médica como en la judicial.

El hospital justificó la falta de sanción disciplinaria a Ramos argumentando su condición de contratista externo y no fijo, y en la Clínica Mediláser se afirmó que “no se logró evidenciar alguna conducta que no fuese acorde a la lex artis ad hoc”.

En diálogo con Volcánicas, Ramírez reconoció haber sido denunciado, pero sostuvo: “No he cometido acoso sexual. Yo he sido una persona muy normal que no ha necesitado acosar absolutamente a ninguna persona”.

Cuestionado sobre las anotaciones judiciales en su contra, el hoy procesado insistió en su derecho a la defensa y lamentó el ambiente adverso para los médicos acusados.

El urólogo Domingo Ramos Daza también fue consultado, pero sostuvo que respondería solo si sus abogados así lo autorizaban. Hasta el cierre de la investigación, no aportó un descargo.

Las denuncias también alcanzan a médicos vinculados con Profamilia en Florencia. Paola y Juliana refirieron tocamientos sexuales e incluso manipulación no consentida durante exámenes ejecutados por los doctores Helder Calderón Lacouture y Julio Camilo Arrata.

En ambos casos, las mujeres —que acudían a controles regulares producto de antecedentes ginecológicos— salieron del consultorio con una sensación de invasión e incertidumbre, sin que mediara explicación ni consentimiento informado. Profamilia reconoció que ambos profesionales ya no están vinculados y que hubo investigaciones internas a raíz de las denuncias.

Sobre Calderón, se señaló que la organización admite la posibilidad de tactos genitales realizados por médicos generales “en la medida en que estos se requieran técnicamente”, pero puntualizó que “ningún profesional debe, de ninguna manera, hacer tocamientos genitales que no correspondan a los procedimientos médicos requeridos para la atención particular, o que no sean aprobados por la persona”.

Arrata, por su parte, negó ante Volcánicas haber cometido actos indebidos, pero reconoció haber utilizado guante —no condón— en exámenes transvaginales y afirmó sobre las quejas: “Que yo sepa, no”.

Los relatos recabados por el mismo medio permitieron identificar patrones recurrentes:

• Intervenciones sin explicación.
• Preguntas e insinuaciones de contenido sexual.
• Contacto físico sin justificación técnica ni consentimiento.
• Empleo de la autoridad médica para neutralizar la reacción de las pacientes.

Marta y Margarita coincidieron en que el urólogo Rojas usaba un tono suave y diminutivos al referirse a la ropa interior, lo que dificultaba identificar el abuso en el momento: “Él tiene un tono muy tenue, no habla duro. No es un hombre fuerte. Entonces es difícil identificar que es violencia”, relató Margarita.

Las malas prácticas presentadas también afectan a médicas internas y personal joven, quienes enfrentan acoso y abusos por parte de superiores dentro y fuera del consultorio.

La médica Virginia, bajo anonimato, describió un entorno hospitalario marcado por el autoritarismo y la sobrevaloración de lo masculino: “El sistema de salud es sumamente patriarcal en todos los elementos [...] Los especialistas se enriquecen rápidamente, tienen poder y compran silencios”. Según sus palabras, la jerarquía crea un entorno intimidante para cualquier intento de denuncia.

En el plano institucional, la Fiscalía de Florencia ha sido señalada por su trato revictimizantes y la poca sensibilidad hacia las víctimas de violencia sexual.

Fuentes consultadas por Volcánicas denunciaron que la fiscal encargada ha restado credibilidad a las denuncias: “No se les puede creer”, habría manifestado en una capacitación sobre recolección de pruebas.

Consultado sobre estas acusaciones, el director seccional de Fiscalías Diego Fabian Peñuela Reina defendió el desempeño de su equipo, señalando un esclarecimiento del 50% de los delitos atendidos, aunque evitó especificar la proporción de casos de violencia sexual incluidos en esa cifra.

Las causas estructurales de la violencia sexual médica en Florencia incluyen la desigualdad de género, la concentración de poder en manos de pocos especialistas, y la práctica autoritaria aprendida desde la formación universitaria.

Esto se traduce en escaso acceso a médicas mujeres, elevados riesgos para quienes denuncian y dificultades extremas para que las víctimas sean escuchadas o reparadas.

Un estudio citado por Volcánicas señala que el 30% de las médicas sufrió acoso sexual durante la carrera, y las especialidades dominadas por hombres (urología, cirugía y anestesia) presentan mayores barreras para la igualdad. La verticalidad jerárquica, reafirmada en el texto Sociología de la práctica médica autoritaria, favorece la naturalización de estas violencias y la cosificación de las pacientes.