
Nicolás Farfán Namén, exregistrador delegado en lo electoral, presentó el 1 de febrero de 2026 una recusación formal contra el magistrado Álvaro Echeverry Londoño, del Consejo Nacional Electoral (CNE), al pedir su apartamiento en la decisión sobre la inscripción de Iván Cepeda en la consulta interpartidista programada para el 8 de marzo.
La solicitud de Farfán se basa en principios fundamentales de imparcialidad y debido proceso, que, según su consideración, se verían comprometidos por ciertas manifestaciones del precandidato Roy Barreras, que reveló públicamente haber mantenido comunicaciones directas con Echeverry.
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En un extenso documento dirigido al CNE, Farfán argumenta que las declaraciones de Barreras, difundidas en el espacio de opinión política Los Danieles, generan “una duda razonable sobre la independencia” del magistrado Echeverry en el manejo de los expedientes relacionados con la consulta. El exregistrador electoral sostiene que las afirmaciones de Barreras, que aseguró haber hablado varias veces con Iván Cepeda y de manera directa con el magistrado, plantean un riesgo para la imparcialidad en el proceso.

Y es que cabe destacar que el proceso de avales para la consulta del Frente por la Vida está sumido en un clima de incertidumbre legal y política. El CNE ya recibió el acuerdo de coalición, pero aún no define quiénes pueden participar.
Iván Cepeda sigue en vilo, ya que su participación depende de si se considera válido su paso previo por otra consulta, mientras que Daniel Quintero fue rechazado por la Registraduría al haber intentado participar en una consulta anterior sin éxito; en contraste, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo ya cuentan con su aval. La decisión final del CNE se espera para el 6 de febrero, fecha límite para inscribir precandidatos, pero mientras eso ocurre, la discusión se trasladó a la petición de Farfán.
Las declaraciones clave que motivan la recusación de Farfán
Durante el programa de los reconocidos periodistas, Roy Barreras señaló: “Sigue siendo una persona con quien tengo comunicación”, refiriéndose al magistrado Echeverry. Posteriormente, explicó que había mantenido una conversación con Cepeda, al indicar que la ponencia sobre el caso de la inscripción del aspirante del Pacto Histórico estaba aún en desarrollo, pero que confiaba en que esta sería favorable para el líder político.

Barreras incluso detalló parte de una conversación con el magistrado: “Ayer conversé con Iván varias veces y hablé con él; hace días no me pasaba al teléfono, pero le dije: ‘Hombre, Álvaro, yo entiendo el secreto de sus decisiones, pero veo en los medios que usted es uno de los tres ponentes y yo esperaría que esa ponencia sea unánime en favor de Iván Cepeda’”.
Esta es la petición que se hizo al CNE
Estas palabras fueron interpretadas por Farfán como una revelación de la cercanía entre Barreras y Echeverry, y como una señal de que los intereses de Cepeda podrían haber influido en el desarrollo del trámite.
En su documento, el exregistrador del CNE hace hincapié en que “cuando un interesado afirma públicamente que mantiene comunicación directa con un magistrado, que coordinó la llamada con otro interesado, que expresó expectativas sobre el sentido de la ponencia y que además recibió información interna sobre el estado del trámite, se genera objetivamente una duda razonable sobre la independencia del servidor público para continuar conociendo del asunto”.
El exregistrador delegado citó los principios constitucionales de imparcialidad y debido proceso como base para su solicitud. Según Farfán, “la función administrativa debe desarrollarse con sujeción al principio de imparcialidad”, tal como lo establece el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, y en respeto al debido proceso previsto en el artículo 29 de la misma carta magna.
El abogado considera que las declaraciones de Barreras ponen en duda la imparcialidad del magistrado Echeverry, ya que, al conocerse que la ponencia del magistrado podría ser influenciada por la comunicación con actores cercanos a Cepeda, se vulneraría la objetividad del proceso.
Con base en estos argumentos, Nicolás Farfán solicitó al CNE que admita y tramite la recusación: “Separar al magistrado Álvaro Echeverry Londoño del conocimiento de los expedientes CNE-E-DG-2026-002657 y CNE-E-DG-2026-002705” (donde están recluidos los casos de la consulta).
Además, el abogado pidió que se tomen las medidas necesarias para que la actuación continúe sin la intervención del magistrado recusado, con el fin de “garantizar la imparcialidad de la decisión”.
Esta recusación se presenta en un momento crucial, a pocos días de la consulta programada, lo que añade tensión a un proceso electoral que ya se vislumbra como altamente competitivo. La decisión del CNE sobre la recusación podría tener repercusiones significativas no solo para el caso de Iván Cepeda, sino para la percepción pública de la transparencia y justicia en la gestión electoral del país.
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