
Una reunión dejó en evidencia las tensiones entre el banco central y el Ejecutivo. En una decisión dividida, la Junta Directiva del Banco de la República optó por endurecer nuevamente la política monetaria y elevó la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, hasta ubicarla en 10,25%, un nivel que no se veía desde hace varios años.
El anuncio lo hizo el gerente del Emisor, Leonardo Villar, durante una rueda de prensa en Bogotá, en la que estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Allí se explicó que la medida responde al comportamiento reciente de la inflación, que en diciembre se ubicó en 5,1%, y a las proyecciones que advierten que podría superar el 5,4% en los próximos meses.
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La votación dejó claro que no hubo consenso al interior de la Junta. Cuatro de sus integrantes respaldaron el aumento de la tasa, mientras que dos directores se inclinaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno propuso mantenerla en el nivel previo, de 9,25%. Aun así, la mayoría se impuso y marcó un giro más restrictivo frente a las expectativas que tenía el mercado.
Según explicó Villar, el objetivo central de la decisión es “que se retome la senda de decrecimiento de esa inflación”. El banco busca, además, anclar las expectativas de precios, que se mantuvieron por encima de la meta durante varios años consecutivos y que, a juicio de la autoridad monetaria, siguen representando un riesgo para la estabilidad económica.
El aumento de la tasa no pasó desapercibido para el Gobierno. Minutos después de conocerse la decisión, el ministro Ávila manifestó su desacuerdo de manera pública. “El Gobierno nacional quiere expresar el total desacuerdo con la opinión que presentaron cuatro miembros de la Junta. Opinión que, en nuestro concepto, y así lo manifestamos, no es responsable con la realidad que vive la economía del país”, afirmó.
Para el jefe de la cartera económica, el contexto actual muestra señales de mejora en variables clave como la inflación, el empleo y la dinámica productiva, por lo que considera que un ajuste de esta magnitud podría resultar contraproducente. En su intervención, advirtió que el alza de la tasa de referencia impacta directamente el costo del financiamiento para la producción y el crecimiento económico.
“Puede tener más efectos inflacionarios, que al contrario de controlar la inflación puede tener más efectos inflacionarios la decisión que se está tomando”, señaló Ávila, al insistir en que encarecer el crédito en medio de una expansión de la demanda agregada podría terminar presionando los precios. Desde su perspectiva, aumentar las tasas “pretende evitar el crecimiento económico, contraer la economía”, lo que, en este escenario, no ayudaría a contener la inflación.
Más allá del debate técnico, la decisión tendrá efectos concretos para los hogares colombianos. Con una tasa de política monetaria más alta, se espera que los créditos hipotecarios, los préstamos para vehículos y las tarjetas de crédito se encarezcan. En la práctica, esto significa que quienes tienen deudas vigentes o planean adquirir nuevos compromisos financieros pagarán más intereses.
Analistas del mercado señalan que parte de las presiones inflacionarias que observa el Banco de la República están asociadas al fuerte incremento del salario mínimo decretado para 2026. En ese contexto, las proyecciones apuntan a que la inflación podría cerrar el año entre 7% y 8%, muy por encima de la meta oficial, lo que abre la puerta a nuevos ajustes en la tasa de interés durante los próximos meses.
Durante la misma rueda de prensa, el ministro de Hacienda anunció que en los próximos días se expedirá un decreto para reducir en 500 pesos el precio de la gasolina, una medida que, según el Gobierno, podría aliviar parcialmente el bolsillo de los consumidores y contribuir a moderar algunas presiones inflacionarias.
Pese al choque de posturas, Ávila reiteró que el Ejecutivo mantendrá su hoja de ruta. “Manifestamos nuestro total desacuerdo con la decisión, continuaremos tomando medidas en beneficio de la sociedad colombiana y de las mayorías colombianas”, concluyó, al tiempo que señaló que el Gobierno seguirá atento a las decisiones de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica. Mientras tanto, el país entra en una nueva fase de tasas altas, con un debate abierto sobre sus efectos reales en la inflación y el crecimiento.
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