La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica y social, empezó a generar reacciones inmediatas en el Ejecutivo y en distintos sectores políticos y económicos del país.
La medida fue adoptada con una votación de 6 a 2 en el alto tribunal y tiene un efecto inmediato, quedan congelados todos los impuestos y beneficios tributarios que habían sido creados o modificados al amparo de la emergencia. La Corte estudia ahora de fondo la constitucionalidad del decreto, mientras se mantiene la suspensión.
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Desde el Gobierno, una de las primeras voces en pronunciarse fue la del ministro del Interior, Armando Benedetti, que cuestionó duramente la decisión del tribunal y defendió la necesidad de la emergencia. En su pronunciamiento, Benedetti sostuvo que la crisis no se limita a un desbalance fiscal, sino que tiene implicaciones más amplias sobre la estabilidad financiera del Estado.
“La emergencia económica se da no sólo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda, y la deuda se debe pagar por constitución, lo mismo que los temas de seguridad social. Luego, aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros, con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales”, afirmó.
El ministro fue más allá y aseguró que, con esta decisión, la Corte estaría beneficiando a los sectores de mayores ingresos. “Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado”, agregó.
La suspensión del decreto se produce luego de que varios gremios y sectores económicos solicitaran formalmente a la Corte frenar la emergencia, argumentando presuntos vicios de forma en su expedición y la falta de una justificación sólida que acreditara una situación extraordinaria que no pudiera ser atendida por las vías ordinarias. Para estos actores, el uso de la figura de emergencia abría la puerta a una carga tributaria adicional sin el debido debate legislativo.
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