La JEP fijó audiencia preparatoria de juicio contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez por ‘falsos positivos’

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que el martes 27 de enero de 2026 se llevará a cabo la audiencia preparatoria del Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, señalado como responsable de asesinatos y desapariciones forzadas documentadas en la Costa Caribe.

Según la jurisdicción, que es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, con la diligencia se busca esclarecer la responsabilidad del exmilitar en los hechos investigados. Pues, comandó el Batallón de Artillería N.º 2 ‘La Popa’ entre 2004 y 2005, tiempo en el que se reportaron 24 hechos violentos que dejaron un saldo de al menos 38 personas asesinadas, de las cuales 11 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.

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La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), encargada de sustentar la acusación, detalló que los 24 episodios de violencia atribuidos a Figueroa Suárez incluyeron el asesinato de civiles que fueron presentados de manera ilegítima como bajas en combate, casos conocidos como ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

El proceso adversarial contra Figueroa Suárez se activó cuando rechazó la imputación formulada en 2021 por la Sala de Reconocimiento de Verdad, en relación con el subcaso Costa Caribe del Caso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado).

Según la JEP, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez guiará la audiencia, durante la cual se definirán pruebas del caso, la participación de las víctimas y el calendario de diligencias.

La UIA, que busca demostrar la responsabilidad del exmilitar en los hechos, asegura que existen evidencias de que Figueroa Suárez tenía conocimiento pleno de los crímenes cometidos por uniformados que estaban bajo su mando y que omitió las acciones de control debidas, lo que derivó en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La investigación indica que la mayoría de las víctimas eran civiles, muchos en condición de vulnerabilidad e, incluso, una persona que padecía una discapacidad mental.

Una de las particularidades señaladas en la investigación se centra en que algunos de los hechos violentos ocurrieron fuera de la jurisdicción formal del batallón: algunas víctimas, previamente reclutadas, fueron movilizadas desde diferentes puntos de la Costa Caribe para ser ejecutadas. Además, hay registros de actos de estigmatización perpetrados por los uniformados contra los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.

Ahora bien, si el coronel retirado reconoce los hechos por los cuales es investigado por la JEP, el caso avanzará hacia la etapa de “reconocimiento tardío”, de modo que deberá afrontar una audiencia restaurativa y enfrentar una sanción alternativa, que varía entre cinco y ocho años de privación de libertad. Si, por el contrario, niega su participación en los crímenes, el juicio continuará por la vía adversarial, con la presentación de alegatos iniciales y testigos.

“Por estos mismos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz impuso sentencia de ocho años a 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad, quienes deberán realizar trabajos en favor de las víctimas”, detalló la JEP.

Por otro lado, la JEP recordó que el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del batallón ‘La Popa’ que antecedió a Figueroa Suárez, fue condenado a 20 años de privación de libertad por su responsabilidad en 35 crímenes que dejaron 72 víctimas en regiones del norte de Cesar y sur de La Guajira.

El exmilitar no aceptó los cargos que le fueron endilgados. “En estos 19 años perdí mi carrera, estuve 10 años en prisión preventiva, perdí todo lo que más he querido; me aporrearon, me maltrataron a mí y a mi familia; me cerraron todas las posibilidades laborales. Me llevaron a La Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido todo, me quedan tres cosas: una, la verdad; dos, mi honor de soldado de Colombia; tres, mi dignidad ciudadana. Y eso no es negociable. No acepto los cargos”, dijo.