El último trimestre de 2025 confirmó un nuevo repunte en el crecimiento demográfico de España, impulsado principalmente por el flujo migratorio.
El país alcanzó una cifra cercana a los 50 millones de habitantes, un hito al que contribuyeron más de 105.000 personas en solo tres meses.
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Entre todos los países de origen, Colombia se consolidó como el principal emisor de migrantes hacia territorio español. Solo en la recta final de 2025, se contabilizó la llegada de 36.000 colombianos, una cifra que superó a la de Marruecos y Venezuela.
Este flujo de recién llegados refleja una tendencia que ha ido en aumento desde finales del siglo pasado, pero que en los últimos años ha cobrado una dimensión inédita.
El impacto demográfico de este fenómeno se ha sentido especialmente en regiones como Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha, que experimentaron los mayores incrementos de población, con subidas que oscilaron entre el 0,34% y el 0,40% en el trimestre analizado.
El crecimiento de la población extranjera en España se apoya en datos contundentes. Desde 2017, la cantidad de residentes de nacionalidades no comunitarias casi se ha duplicado, pasando de 2,5 a 4,9 millones.
Aunque el aumento se ha dado en todas las comunidades, el avance de las nacionalidades americanas es el más destacado: representan el 91% de los extranjeros que residen en situación irregular.
Las cifras de Funcas revelan que, a inicios de 2025, había cerca de 840.000 extranjeros en situación irregular en el país, lo que supone un 17,2% de la población extranjera procedente de fuera de la Unión Europea. De estos, 290.000 serían colombianos, seguidos por los peruanos y hondureños, muy por delante de africanos, asiáticos y europeos.
La migración colombiana hacia España comenzó a tomar fuerza en los año 90. En esa etapa, la violencia, la crisis económica y la falta de oportunidades motivaron a muchos a buscar una nueva vida en el extranjero. La afinidad cultural y el idioma común facilitaron la elección de destino, mientras que la economía española vivía entonces un ciclo expansivo.
Los primeros migrantes colombianos llegaron, en su mayoría, sin un estatus regularizado y accedieron a trabajos en sectores como el servicio doméstico, la construcción, la hostelería y los cuidados.
Esta precariedad inicial fue una constante hasta que, entre finales de los 90 y principios de los 2000, se abrieron procesos de regularización que permitieron a miles obtener papeles y estabilidad laboral.
La situación cambió a partir de 2010, cuando se empezó a observar un nuevo perfil de migrantes: profesionales, técnicos y graduados universitarios. Estos recién llegados no solo buscaban sobrevivir, sino también desarrollarse en sus áreas de formación.
El cambio de perfil coincidió con la recuperación económica de España tras la crisis de 2008, que reactivó la demanda en sectores como la sanidad, la hostelería, los cuidados y la tecnología.
En 2010, residían en España alrededor de 300.000 colombianos. Cinco años después, la cifra superaba los 356.000, un crecimiento de casi el 20%. Entre 2015 y 2020, el ritmo se aceleró aún más: la población de origen colombiano pasó de 356.000 a aproximadamente 513.000, lo que supuso un incremento del 44% en solo un lustro.
La pandemia de Covid-19 y la posterior crisis en América Latina provocaron una nueva oleada migratoria. El desempleo juvenil, la caída de los ingresos y la percepción de estancamiento en Colombia multiplicaron las salidas. Entre 2020 y 2023, el número de colombianos residentes en España aumentó de 513.000 a 780.000, un salto del 52% en apenas tres años.
A finales de 2025, la comunidad colombiana en España rozaba los 978.000 residentes, lo que representa un crecimiento acumulado del 175% en una década. Por primera vez, Colombia se consolidaba como uno de los tres principales países de origen de inmigrantes, y en varios trimestres recientes encabezó el ranking de nuevas llegadas.
El incremento migratorio de los últimos años se produjo antes de la entrada en vigor de una nueva reforma de los procedimientos de regularización, implementada en mayo de 2025. Aunque se espera que esta normativa reduzca la cifra de personas en situación irregular, los expertos advierten que aún es pronto para evaluar su impacto real.
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