La salida de Mónica de Greiff de la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol dejó al descubierto las tensiones de fondo entre la cúpula de la principal empresa del país y la visión del presidente Gustavo Petro sobre el modelo energético.
En su primera entrevista tras anunciar su retiro, la abogada y exministra fue directa: al mandatario “no le gusta lo que hace Ecopetrol”, en referencia al negocio de los hidrocarburos, pese a que este ha sido la principal fuente de ingresos fiscales del Estado colombiano en los últimos años.
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De Greiff dejará formalmente su cargo el próximo 31 de mayo, luego de considerar inviable su permanencia en medio de desacuerdos que, según explicó en conversación con Semana, se volvieron insostenibles.
Aunque hubo intentos de disuadirla de renunciar, aseguró que las diferencias entre sus posturas técnicas y las expectativas del Gobierno terminaron precipitando su salida.
Uno de los principales puntos de choque fue su negativa a avalar negociaciones con Venezuela, particularmente la posibilidad de que Ecopetrol comprara gas venezolano o invirtiera en la empresa Monómeros.
De Greiff fue enfática en que cualquier negocio con el gobierno de Nicolás Maduro estaba limitado por las sanciones impuestas por Estados Unidos, lo que hacía jurídicamente inviable avanzar en ese sentido durante su gestión.
“Sabía que había ciertas posiciones mías que le molestaban al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y me imagino que, en ese sentido, al presidente Gustavo Petro”, afirmó.
Según relató, sus diferencias se hicieron evidentes cuando sostuvo ante la junta y los asesores que comprar gas a Venezuela no era una opción realista. Aunque nunca tuvo un enfrentamiento directo con el ministro Palma, reconoció que sus declaraciones públicas desmintiendo anuncios oficiales sobre esa compra generaron incomodidad en el Ejecutivo.
El ambiente de presión se intensificó en las semanas previas a su renuncia, en medio de denuncias anónimas recurrentes sobre presuntas irregularidades contractuales dentro de Ecopetrol.
De Greiff explicó que la junta directiva no está llamada a realizar investigaciones permanentes, por lo que remitía estos asuntos a las instancias correspondientes. “La verdad estaba como sobrecogida con estos temas difíciles”, confesó, al describir el desgaste que le produjo ese clima interno.
Sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, De Greiff ofreció una valoración positiva desde el punto de vista técnico. Aseguró que su relación fue profesional y basada en criterios de gestión, y que nunca percibió “segundas intenciones”.
Frente a las investigaciones que cursan en su contra por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro, fue prudente: defendió el derecho al debido proceso y aclaró que esas pesquisas del Consejo Nacional Electoral no están relacionadas con hechos de corrupción interna en la petrolera.
Su salida coincide con un momento decisivo: la Asamblea de Accionistas del próximo 5 de febrero definirá si avala la plancha propuesta para la Junta Directiva 2024-2029, que incluye nueve nombres, tres de ellos nuevos.
Esta elección será determinante para el rumbo de activos estratégicos como el campo Permian, en Estados Unidos, cuya producción mediante fracking representó el 14 % de los hidrocarburos de Ecopetrol en el tercer trimestre de 2025.
El Gobierno, encabezado por Petro, ha insistido en la necesidad de acelerar la transición hacia energías renovables y ha planteado la conveniencia de revisar activos intensivos en combustibles fósiles, como Permian.
Sin embargo, tanto la directiva actual como sectores sindicales han advertido que una desinversión podría afectar la estabilidad financiera de la empresa y la seguridad energética del país.
Los tres nuevos candidatos a la junta reflejan visiones contrapuestas. Juan Gonzalo Castaño, ingeniero de sistemas formado en Moscú y autor de informes críticos frente al fracking, representa una postura contraria a este método de extracción, lo que podría reabrir el debate sobre la continuidad de proyectos como Permian.
Carolina Arias, doctora en estudios del desarrollo y exasesora del Movimiento Ríos Vivos, llega con un perfil ambientalista que podría incidir en las discusiones sobre megaproyectos y explotación de hidrocarburos, aunque su posición concreta solo se conocerá en la práctica.
En contraste, César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) y representante de los trabajadores, ha defendido abiertamente el fracking y el activo Permian.
La USO ha reiterado que acompaña la transición energética, pero sin sacrificar la seguridad energética ni la estabilidad de Ecopetrol, al que considera un pilar de la soberanía nacional.
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