La difusión viral de un video en el que un agente de tránsito de Soledad, en el departamento del Atlántico, recibe dinero de un motociclista, motivó la apertura de una investigación disciplinaria por parte del Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Soledad (Imttrasol).
El material, que se divulgó ampliamente durante el sábado 17 de enero de 2026 en redes sociales, muestra al funcionario recostado sobre una motocicleta policial en la vía a Manuela Beltrán mientras presuntamente recibe un billete de parte del conductor.
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Un ciudadano, testigo del hecho, cuestionó con dureza al agente, acusándolo de “ladrón” y “corrupto”, y responsabilizó indirectamente también a un patrullero de la Policía que estaba presente pero no intervino.
El motociclista habría entregado dinero al funcionario para evitar ser multado por circular sin casco, mientras el testigo advertía que haría público el video.
El director del Imttrasol, Santander Donado Ibáñez, rechazó de manera enfática cualquier acto de corrupción dentro de la entidad.
“No permitiremos ningún acto de corrupción, ni la afectación a nuestros actores viales. Lo que deseamos es que todos cumplamos con las normas de tránsito y seguir trabajando por la movilidad sostenible en el municipio”, explicó el funcionario en declaraciones a los medios locales.
Donado dispuso que el jefe de Control Interno Disciplinario abriera la investigación formal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de forma inmediata.
Las autoridades recordaron que la comunidad puede presentar denuncias sobre conductas irregulares de funcionarios a través de canales oficiales.
Estos incluyen la oficina de Control Interno Disciplinario, ubicada en el segundo piso del Centro Comercial Nuestro Atlántico, la Línea de Transparencia y el correo electrónico institucional.
La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que formalicen las denuncias por vías institucionales, más allá de la queja digital, para garantizar un proceso disciplinario efectivo.
El caso se da en un municipio con precedentes de situaciones similares.
En julio de 2025 fueron suspendidos cuatro agentes después de que se hiciera público otro video que documentó un procedimiento irregular, según una denuncia recopilada por El Espectador.
Ante esto, la administración local insiste en la importancia de la transparencia y reitera la invitación a la población para que vigile y denuncie cualquier conducta indebida, promoviendo así la integridad institucional.
Estas acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana y subrayan la responsabilidad de los uniformados de actuar siempre de acuerdo con la ley y como referentes de comportamiento intachable en las vías de Soledad.
Polémica por presunto negocio familiar en el tránsito de Santander
Este no ha sido el único caso de presunta corrupción en las entidades de tránsito en Colombia.
En el municipio de Girón, departamento de Santander, dirigentes políticos de la región denunciaron presuntas anomalías en los trámites de tránsito.
De acuerdo con la denuncia expuesta por el exconcejal Carlos Felipe Parra, respaldado por el congresista Cristian Avendaño, varios miembros de una misma familia estarían vinculados tanto a cargos públicos en tránsito como a una empresa privada, lo que, de acuerdo con la denuncia, podría afectar la imparcialidad en la imposición de sanciones a conductores.
Las denuncias públicas contra la Dirección de Tránsito del municipio han derivado en enfrentamientos verbales y episodios de tensión que afectan a los denunciantes y a los ciudadanos.
En un video publicado en las redes sociales, fueron increpados por el agente Diego Cristancho Blanco tras indagar sobre presuntos negocios irregulares ligados a la imposición de sanciones de tránsito.
Durante el altercado, se escucharon amenazas explícitas e insultos, entre ellos: “Si me toca lo mato”, “No le doy cuenta a nadie, idiota. No, no soy alférez”, y “Me importa un culo quién es usted (sic)”, lo que generó un clima de riesgo para los presentes.
En ese material, denunciaron un sistema en el que agentes aplican multas que luego son canalizadas a una empresa privada, donde los conductores pueden evitar el curso oficial mediante el pago de una suma estimada de 30.000 pesos.
Los aspirantes al Congreso aseguraron haber identificado numerosos casos de imposición irregular de multas, agresiones y amenazas, aunque muchas víctimas prefieren callar por temor a represalias.
Como respuesta, Parra y Avendaño declararon que remitirán los chats y elementos recopilados al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, con el fin de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.
“Tenemos que acabarles el negocio. Y hasta ahora hemos revelado solo una parte de las irregularidades. Por todo lo anterior, le exigimos al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia que intervenga los tránsitos del área metropolitana”, anunciaron.
Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Girón comunicó que inició una investigación interna tras difundirse un video en redes sociales con denuncias de corrupción al interior de la entidad.
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