Usuarios de la Nueva EPS anunciaron manifestación para exigir respuestas a la escasez de medicamentos

La crisis en el suministro de medicamentos de la Nueva EPS detonó la convocatoria a un plantón nacional para el lunes 26 de enero, impulsado por usuarios que denuncian la persistente interrupción de tratamientos y graves obstáculos en el acceso a servicios esenciales.

Esta situación afecta a 11,5 millones de afiliados y se convierte en el detonante de una movilización que busca una respuesta inmediata de la entidad y las autoridades, en un contexto marcado por el reciente cambio en la red de dispensación de medicamentos y por acciones de control legal y ciudadano.

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La movilización fue anunciada tras una convocatoria difundida a los 22 delegados regionales de usuarios de Nueva EPS, citados a una reunión virtual extraordinaria el 17 de enero.

Allí se definirá la participación en la jornada nacional de protesta y se establecerán las medidas institucionales, jurídicas y sociales a seguir. Según el documento de convocatoria, los organizadores reclaman una reunión urgente con el agente especial interventor y la alta gerencia de la entidad, enfatizando la necesidad de una postura unificada para enfrentar la crisis en la prestación de servicios.

Desde finales de diciembre de 2025 se reportaron múltiples casos críticos en varias regiones del país, con especial gravedad en Popayán, Cauca. En esa ciudad, decenas de pacientes, incluidos que padecen hemofilia o enfermedades crónicas, protestaron ante la suspensión de contratos entre la EPS y dispensarios como Mennar.

La interrupción ha dejado a numerosos usuarios sin acceso a medicamentos imprescindibles incluso para cuadros complejos o tratamientos de alto costo. La situación llevó a cientos de personas a soportar largas filas en busca de fármacos básicos, tras el cierre progresivo de puntos de atención.

Manuel Santiago Ordóñez, pediatra y vicepresidente nacional de la Liga Colombiana de Hemofílicos, expuso la gravedad de esta situación: “Para los pacientes con trastorno de la coagulación, cada día que pasa es un día más de riesgo de muerte y no podemos realizar nuestras actividades convencionales”, dijo a El País.

Ordóñez enfrenta, junto a otros, la suspensión desde el 1 de enero de 2026 del contrato con su prestador habitual, quedando sin medicamentos vitales cuyo costo mensual estimó en 30 millones de pesos. Explicó que sin el tratamiento adecuado “hemos tenido casos de niños y adultos con traumas leves, pero que han sido mortales”, añadió.

Las fallas también golpean a adultos mayores como María Nelly Cortés, que relató en conversación con el medio citado que ha esperado desde diciembre la entrega de fármacos que su vida requiere. “Solo le digo al señor Gustavo Petro que si no me puede garantizar mi derecho a la salud, que al menos me ayude a morir en paz”, reclamó, tras décadas luchando por una atención integral y consignando pruebas de la suspensión de entrega de medicamentos. Su caso ilustra los obstáculos diarios para acceder a fármacos prescritos, incluso aquellos que podrían conseguirse en farmacias privadas, donde también hay desabastecimiento.

En Bogotá la situación no es menos grave. Néstor Álvarez, vocero de la asociación Pacientes de Alto Costo, denunció en declaraciones reveladas por La FM que “no hay una red de prestación para entrega de medicamentos específicamente para Bogotá. Todos los pacientes están sin medicamentos”.

Criticó los nuevos procesos impuestos por la EPS, que exigen radicar nuevamente las fórmulas médicas, algo que consideró una maniobra administrativa sin fundamento legal y una “cortina de humo”. Álvarez subrayó que la crisis excede la gestión burocrática y configura una verdadera emergencia de derechos humanos: “Estamos creando víctimas entre todos estos pacientes”.

El problema se agudizó tras la salida de Colsubsidio como gestor farmacéutico, situación que dejó sin cobertura a más de 1.642.000 personas en 11 departamentos, entre ellos Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima y Boyacá.

En algunos municipios afectados, los usuarios de la Nueva EPS deben ahora registrar su fórmula médica en la página web de la entidad, a la espera de indicaciones sobre el punto de dispensación. Según la EPS, la respuesta podría demorar entre 10 y 15 días hábiles. La entidad aclaró a través de sus canales oficiales que las actualizaciones sobre los nuevos mecanismos de entrega serán publicadas en su página, aunque no especificó cuál será la nueva red de dispensarios ni el procedimiento final.

Las dificultades administrativas y la demora en la respuesta motivaron llamados urgentes de organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, pidiendo a la Nueva EPS la adopción de medidas inmediatas para evitar el agravamiento de la crisis. Representantes de los pacientes insisten en que ningún usuario debe ser sometido a trámites extra o demoras que pongan en peligro su salud.

Hasta la fecha, la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud no han emitido un pronunciamiento público sobre el impacto de la crisis ni acerca de las denuncias sobre la continuidad de los tratamientos.