Exmagistrado le puso tutela al aumento del salario mínimo del 23,78% decretado por el Gobierno Petro

Una acción de tutela presentada ante el Tribunal de Bogotá busca frenar de manera provisional el aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el gobierno de Gustavo Petro, que lo fijó en $1.750.905 mensuales, junto con un auxilio de transporte de $249.095.

La medida, que representa un incremento del 23,78% frente al salario mínimo vigente, ha generado alarma entre empresarios y expertos por sus posibles impactos económicos, sociales y fiscales.

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La tutela fue radicada el pasado 8 de enero por Alexander Donato Rondón y su apoderado y exmagistrado, Alejandro Linares Cantillo.

Según los demandantes, los decretos 1469 y 1470 de 2025, que establecieron el nuevo salario y el auxilio de transporte, vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la sostenibilidad de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como del empleo formal e informal. Además, advierten que la medida podría generar presiones fiscales significativas para el Estado.

El escrito asegura que el aumento se adoptó sin el debido proceso y sin la concertación tripartita prevista por la Constitución, que exige la participación de trabajadores, empleadores y el Gobierno en decisiones salariales de este tipo.

“Parte del daño ya estaría consolidado en empleo, costos y cierres”, alerta la tutela, que solicita la suspensión provisional de los decretos mientras se evalúa la constitucionalidad del incremento.

Los accionantes sostienen que el aumento promedio del 23,7%, incluyendo el auxilio de transporte, es abrupto y no consideró los efectos sobre las MiPymes y los trabajadores informales.

“Los pequeños negocios tendrían que elegir entre reducir jornadas, eliminar empleos o incluso enfrentar la quiebra. No podrán sostener sus actuales estructuras de costos sin eliminar empleos o reducir jornadas”, señala la acción.

Añade que, en algunos sectores altamente competitivos, las empresas no podrían trasladar los costos adicionales a los consumidores, lo que agravaría el impacto económico.

La tutela también enfatiza que el impacto no es homogéneo. Los trabajadores informales podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a empleo formal y asumir precios más altos por bienes y servicios.

Al mismo tiempo, el documento recuerda que el salario mínimo actúa como “unidad de cuenta” en la economía colombiana, por lo que el incremento tiene efectos que se extienden más allá de las nóminas, afectando a múltiples sectores y cadenas productivas.

En su argumentación, la acción cita estudios del Banco de la República que muestran cómo los ajustes en el salario mínimo se reflejan de manera inmediata en la economía, generalmente en los cuatro meses siguientes a su entrada en vigor.

Esto convierte la discusión en una “carrera contra el tiempo” para evitar que los efectos negativos se consoliden, incluso si un tribunal llegara a suspender posteriormente el decreto.

Desde el punto de vista fiscal, la tutela advierte sobre un posible aumento del déficit público y un deterioro de la regla fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que la medida podría incrementar el déficit en 5,3 billones de pesos en 2026 y en 8 billones a partir de 2027, comprometiendo la recuperación fiscal.

Además, el escrito critica el enfoque del gobierno, que introdujo el concepto de “salario vital” basado en un estudio de la OIT, argumentando que se sobrepasaron los límites normativos y se desconocieron las discusiones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Según los demandantes, el decreto terminó fijando un alza superior incluso a la solicitada por trabajadores y empresarios, lo que vacía de sustancia la concertación tripartita.

El contexto inflacionario refuerza la controversia. Corficolombiana reporta que la inflación de 2025 cerró en 5,1%, fuera del rango meta del Banco de la República, situando a Colombia como uno de los pocos países de la región incapaz de anclar los precios.

Según la misma fuente, el aumento del salario mínimo para 2026, 17 puntos porcentuales por encima de la regla técnica, se convierte en el principal motor de presión sobre los precios.

Las estimaciones de inflación para 2026 pasaron de 4,9% a 6,5%, principalmente por la indexación de cerca del 60% de la canasta del IPC al salario mínimo o a la inflación pasada.

Los sectores de servicios serán los más afectados, con proyecciones de inflación que podrían subir de 5,7% a 8,7% este año.

Si se excluyen los arriendos, la inflación en servicios podría escalar hasta 12,3%, afectando actividades que dependen en gran medida de la mano de obra, como restaurantes, peluquerías o servicios domésticos.