El debate sobre la seguridad en Barranquilla se intensificó tras recientes decisiones del Gobierno nacional.
El alcalde Alejandro Char denunció en su cuenta de X el traslado de más de 40 reclusos considerados altamente peligrosos a cárceles locales sin condiciones especiales de seguridad, entre ellos, el traslado de Digno Palomino Rodríguez, cabecilla de Los Pepes, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, líder de Los Costeños.
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Según Char, esta medida contradice los esfuerzos adelantados por la administración distrital y genera inquietud frente a la inminente llegada de visitantes para el Carnaval.
La autoridad local afirmó que “increíble el actuar del Gobierno nacional” al enviar criminales reconocidos como Digno, alias Castor y alias Negro Ober, ignorando el dolor de quienes han sufrido extorsión o violencia.
El mandatario sostuvo que la administración ha invertido más de 150.000 millones de pesos en acciones para reducir delitos y fortalecer la convivencia.
“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, cuestionó el alcalde.
Estas declaraciones, reflejaron el malestar ante una decisión que, según la alcaldía, no fue consultada con las autoridades regionales. La polémica por los traslados de dichos delincuentes ocurre pocos días antes del Carnaval, evento que atrae a miles de turistas y representa uno de los principales momentos culturales del país.
Char advirtió que cualquier hecho derivado de la presencia de estos reclusos recaerá sobre el Estado.
“Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana’”, manifestó el funcionario, subrayando la falta de respaldo jurídico de esta política.
El alcalde solicitó una reunión urgente con gremios, entes de control, representantes de víctimas, la academia, el gobernador Eduardo Verano De la Rosa y el Ministerio Público para evaluar alternativas y exigir decisiones coordinadas.
Desde el Congreso, el senador Mauricio Gómez Amín respaldó la postura de Char. “Mientras Barranquilla invierte y lucha por derrotar a las estructuras criminales, Petro las traslada al corazón de la ciudad”, indicó el legislador.
Gómez Amín criticó la falta de empatía hacia las víctimas y acusó al presidente Gustavo Petro de mostrar “condescendencia con los bandidos”.
Además que el senador reiteró su apoyo al alcalde, señalando que “la historia juzgará quién defendió a la gente y quién protegió a los delincuentes”.
Esto dijo el MinJusticia sobre posibles traslados de grupos criminales a Barranquilla
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, respondió a la información publicada por Semana acerca del traslado de Digno José Palomino Rodríguez, líder de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, cabecilla de Los Costeños, a cárceles de Barranquilla.
Idárraga explicó que esta medida se enmarca en los diálogos de paz impulsados por el Gobierno nacional, con el objetivo de mantener la tregua entre las bandas y proteger a la población.
Según el ministro, la solicitud de traslado fue presentada por el comisionado de Paz, Otty Patiño, y aseguró que el proceso será “estrictamente vigilado por el Inpec”. Subrayó que los reclusos no recibirán privilegios y que la decisión busca “sostener la tregua y proteger a la ciudadanía”.
El funcionario recalcó que todas las actuaciones se realizan dentro de la legalidad, siguiendo las directrices del presidente Gustavo Petro y la Resolución Ejecutiva N.º 442, que autoriza acercamientos exploratorios con grupos armados.
Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, indicó que estos contactos pretenden verificar la voluntad de paz de las estructuras criminales.
Los Pepes y Los Costeños han sido responsables de delitos como homicidios, extorsiones y comercio de drogas, afectando a la población de Barranquilla y el Atlántico.
El comunicado oficial enfatizó que la prioridad del Gobierno es preservar la vida y la seguridad en la región, y que estas decisiones buscan avanzar en los procesos de paz sin renunciar al principio de autoridad.
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