La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) impuso una multa de $753 millones al proyecto hidroeléctrico Hidroituango por presuntos daños ambientales asociados a su operación, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate nacional la viabilidad ambiental de los megaproyectos energéticos en Colombia y el rigor de la regulación que los rige.
La sanción quedó consignada en una resolución fechada el 17 de diciembre de 2025, que fue notificada formalmente a Empresas Públicas de Medellín (EPM), operadora y mandataria del proyecto, el 30 de diciembre, de acuerdo con medios como El Colombiano y El Espectador.
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Según la Anla, la multa asciende exactamente a $753.143.434 y se impone a EPM en su calidad de integrante de la Sociedad Hidroituango, tras concluir un proceso de seguimiento ambiental iniciado en 2018.
La decisión fue rechazada de inmediato por EPM. En una comunicación enviada a la Superintendencia Financiera, la empresa manifestó su total desacuerdo con la sanción y anunció que ya prepara acciones legales para revertirla. Entre los mecanismos jurídicos que utilizará se encuentra un recurso administrativo de reposición, además de otras gestiones judiciales orientadas a buscar la nulidad del acto sancionatorio.
EPM sostuvo que agotará todas las instancias legales disponibles para demostrar que ha cumplido con las obligaciones ambientales exigidas y defendió la reputación del proyecto, uno de los más ambiciosos del país en materia de generación energética.
La empresa también subrayó la complejidad técnica y operativa que implica administrar una infraestructura de gran escala bajo el marco normativo ambiental colombiano.
De acuerdo con la resolución de la Anla, la sanción se limita a un conjunto específico de conductas, aunque el mismo acto administrativo absolvió a Hidroituango de seis cargos adicionales que habían sido formulados en años anteriores. Para EPM, esta absolución parcial demuestra el rigor del proceso de vigilancia y la relevancia del material probatorio aportado durante el trámite.
Los cargos sancionados se originan en presuntas infracciones detectadas durante un seguimiento iniciado el 20 de marzo de 2018.
Entre las faltas señaladas se encuentra la captación de volúmenes de agua superiores a los autorizados, el incumplimiento de acciones de reconformación y recuperación del cauce del río San Andrés y de su zona de inundación, así como la superación de los niveles máximos permitidos de material particulado en suspensión (PST) y otros contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto ubicada en la zona industrial conocida como “El Valle”.
La Anla también señaló presuntos incumplimientos relacionados con el plan de manejo ambiental, en particular en lo referente a la disposición y almacenamiento de materiales en zonas de botadero. Estas irregularidades, según la autoridad ambiental, constituyen infracciones a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental del proyecto, según los medios citados.
Adicionalmente, el auto 011715 de la Anla, divulgado el pasado 9 de enero, documenta supuestos incumplimientos en la presentación del ajuste al Plan de Inversión del 1 %, una obligación ambiental destinada a la protección de recursos hídricos.
Según la autoridad, EPM habría omitido informes técnicos y financieros sobre la adquisición de predios y mejoras en zonas estratégicas como páramos, bosques de niebla y áreas de recarga acuífera, así como información sobre el monto base de la inversión forzosa correspondiente al periodo comprendido entre 2011 y 2022.
Para la Anla, el análisis del expediente permitió identificar elementos probatorios que indicarían el incumplimiento de estas obligaciones, lo que dio lugar a la apertura y culminación del procedimiento sancionatorio. No obstante, la normativa vigente garantiza a EPM el derecho a la defensa, por lo que la sanción aún no es definitiva.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la captación de agua por encima de los caudales concesionados, conducta que la Anla considera de especial gravedad. Las concesiones de uso del recurso hídrico establecen límites precisos con el fin de proteger los ecosistemas y las comunidades ubicadas aguas abajo, por lo que su incumplimiento puede generar impactos ambientales significativos.
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