El incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, anunciado por el Ministerio de Salud, provocó una fuerte reacción por parte del movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a 202 organizaciones de pacientes en todo el país. La decisión del Gobierno de fijar un aumento del 9,03% para el régimen contributivo y del 16,49% para el subsidiado, frente a un incremento del salario mínimo del 23,7%, fue calificada como un “atentado contra la vida”.
Para el movimiento, que representa la voz de la sociedad civil en temas de salud, esta es una medida que empuja al sistema de salud hacia el colapso, por lo que rechazó de manera categórica el incremento definido para la UPC en el régimen contributivo. En un comunicado firmado por su titular, Denis Silva, hizo una serie de observaciones frente al anuncio hecho por la cartera del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, lo que se sumó a otras críticas sobre el particular.
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Según la misiva, para salvar la vida de los pacientes “era necesario un incremento mínimo del 15% en las contribuciones, pero el Gobierno estableció una prima que seguía siendo insuficiente y que no solucionaba los rezagos de los años anteriores, como había ordenado la Corte Constitucional”. De esta manera, se refirió a lo dispuesto por el Ejecutivo como una “condena para la vida de los pacientes”, que serán los principales perjudicados con esta medida.
En su argumentación, Pacientes Colombia enfatizó que los costos del personal de la salud, los suministros y los medicamentos “no podrán ser cubiertos por la prima establecida”. Una afirmación que respaldó, a nombre propio, Silva como vocero del movimiento, que señaló que “una UPC insuficiente es un incumplimiento directo del derecho fundamental a la salud y la causa del desfinanciamiento que hoy tiene al sector al borde de la quiebra”.
“Este desajuste no es una cifra: se traduce en pacientes que no reciben sus tratamientos, en servicios que cierran y en vidas que quedan en riesgo. La salud no puede seguir dependiendo de decisiones tardías e irresponsables ni de un modelo crónicamente desfinanciado. Sin una UPC bien calculada y sin el pago oportuno de los presupuestos máximos, el sistema está siendo empujado al colapso, condenando a millones de colombianos a quedarse sin atención", acotó.
Peticiones de las organizaciones de pacientes no habrían sido escuchadas por el Ministerio de Salud
En su pronunciamiento, el movimiento también recordó que, en reiteradas ocasiones, las organizaciones de pacientes solicitaron al Ministerio de Salud que el ajuste de la UPC fuera, como mínimo, del 15% para los regímenes contributivo y subsidiado, “con base en la realidad del Sistema y la evidencia técnica disponible”. Sin embargo, el incremento aprobado “se ubica varios puntos porcentuales por debajo de lo necesario, lo que agrava la crítica situación”.
En consecuencia, afirmaron cómo desde el Gobierno se insiste en que los recursos son suficientes, cuando la realidad demuestra lo contrario. Durante el primer semestre de 2025 se registró el cierre de 6.084 servicios de salud y, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el gasto de bolsillo de los usuarios subió del 14,2% en 2021 al 16,8% en 2024, al alcanzar los $14,5 billones, lo que acerca el gasto privado al umbral del 20%.
Este es un indicador que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera, según Pacientes Colombia, “catastrófico”. Además de su postura frente a este asunto, hicieron mención de los datos entregados por la Fundación Retorno Vital, que reseñó que los usuarios han esperado hasta 250 días para acceder a medicamentos y, durante 2024, solo recibieron tratamiento efectivo durante 4,7 meses del año, al tiempo que se profundizó la reducción de servicios.
Cabe destacar que ante este tema, el Ministerio de Salud explicó que el incremento de la UPC responde a un proceso técnico y normativo, en el que participaron varias entidades estatales, incluida la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, y que el aumento global del 12,94% representa un crecimiento de 11,6 billones de pesos para el aseguramiento en salud, alcanzando un presupuesto de más de $101,3 billones en 2026.
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