
El 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud informó que el presupuesto para el aseguramiento en salud en 2026 ascenderá a más de $101,3 billones, frente a los $89,8 billones asignados para 2025. Esta decisión implica un incremento global del 12,94% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), equivalentes a un aumento superior a $11,6 billones, con recursos que serán reconocidos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), según detalló la cartera en un comunicado oficial.
A su vez, explicó que la mayor variación se registrará en el régimen subsidiado, cuya UPC crecerá un 16,49%, mientras que el régimen contributivo aumentará un 9,03%. Esta diferencia responde, según la cartera, al cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional para equiparar la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95% de la correspondiente al régimen contributivo.
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En paralelo, la entidad, liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo, mencionó específicamente la Sentencia T-760 de 2008 y autos posteriores, entre ellos el Auto 411 de 2016 y los autos 007 y 2049, estos últimos expedidos en 2025. El Ministerio de Salud señaló que esta medida busca reducir las brechas históricas en el financiamiento entre ambos esquemas de afiliación.
Con respecto a la decisión del Ejecutivo, gremios de salud alzaron su voz contra el incremento de la UPC. Para la presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, el aumento del 9% en la UPC en el régimen contributivo es insuficiente, “teniendo en cuenta que en este se concentra la mayor proporción del gasto en salud”.
A propósito, señaló que los análisis técnicos indicaban la necesidad de un incremento cercano al 17%, por lo que el ajuste aprobado apenas representaría un aumento real de entre 4% y 5%, una vez descontada la inflación proyectada para 2025.
“Este aumento del 9% es, en realidad, un aumento real del 4 o 5% sobre la base de la inflación para el año 2025. Hay que decir también que estos cálculos, que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026, no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno nacional” explicó la líder gremial.
Y agregó: “No reconoce entonces que hay un rezago actuarial muy importante en el sistema, expresado en las enormes deudas que hay entre aseguradoras y prestadoras y en toda la crisis”.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) expresó su preocupación por los incrementos definidos para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2026.
“Existe un desfase significativo entre el aumento del salario mínimo y el ajuste aprobado para la UPC, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector prestador de servicios de salud”, indicó el director de la asociación, Juan Carlos Giraldo.
Por lo tanto, “pedimos al Gobierno Nacional que reconsidere especialmente la cifra en el régimen contributivo, pero también que expida las circulares que hacen que el incremento sea trasladado de manera obligatoria a los contratos y las tarifas con las IPS, para que se mantenga algún grado de equilibrio entre estas, entre estas variables y se puedan tener unos mejores ingresos para un sector prestador que viene sufriendo dificultades”, expuso.

Bajo la misma línea, Pacientes Colombia calificó de “atentado contra la vida” el aumento del 9,03% a la UPC. Además de asegurar que esta decisión empuja al sistema de salud a un colapso.
La organización también explicó que “el desfinanciamiento ha tenido un impacto directo en el acceso oportuno a la atención. Según el reporte de la Fundación Retorno Vital, los usuarios han tenido que esperar hasta 250 días para acceder a sus medicamentos y, durante 2024, solo recibieron tratamiento efectivo durante 4,7 meses del año. A esto se suman la reducción de servicios y las profundas brechas territoriales en la capacidad instalada, que agravan de manera significativa la inequidad en el acceso a la salud”.
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