
La Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional descubrieron una red criminal dedicada al transporte ilegal de migrantes que operaba en Norte de Santander; trasladaba a las personas desde allí hasta la frontera con Ecuador y la región de Urabá. La organización criminal llevaba año y medio funcionando, hasta que las autoridades lograron desmantelarla y judicializar a sus integrantes.
Los presuntos criminales capturados y puestos a disposición de la justicia son: Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera. De acuerdo con el ente acusador, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.
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En una audiencia que se llevó a cabo ante un juez de control de garantías, cinco de los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Becerra Vera cumplirá la detención en su residencia mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica.

Así operaba la red de transporte de migrantes
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en seis hechos que fueron investigados y comprobados por las autoridades, se pudo determinar que la organización movilizó a 222 personas, incluidos 27 menores de edad, a quienes ofrecía supuestos servicios turísticos con destino a Quito (Ecuador), Lima (Perú) y distintas ciudades de Chile.
La mayoría de los migrantes, captados cerca de la terminal de transportes de Cúcuta, Pamplonita y Los Patios (Norte de Santander), eran extranjeros de nacionalidad venezolana.
A través de tres agencias de viajes, recibían paquetes que incluían traslados en buses, hospedaje, alimentación, chips para llamadas, acompañamiento de guías y documentos para evadir controles de seguridad y migración. Estos papeles resultaron ser falsos o extemporáneos, y muchos de los migrantes terminaron abandonados en la zona fronteriza con Ecuador, sin completar ni la mitad del trayecto.

Así lo expuso el fiscal del caso en la audiencia, dirigiéndose directamente a los procesados: “Ustedes conformaron un grupo delincuencial organizado que, desde el terminal de transportes de Cúcuta, desarrollaban las siguientes funciones específicas”.
- Captación en lugares aledaños al terminal de transporte de víctimas en vulnerabilidad.
- Venta de pasajes, en algunas ocasiones sin tiquetes, mediante pagos en efectivo.
- Entrega documentos de tránsito migratorios irregulares.
- Realización de promesas falsas de servicios incluidos.
El delegado de la Fiscalía reveló cuánto dinero en efectivo cobraban los presuntos criminales a las personas migrantes para hacer los traslados. Según explicó, pedían entre $170.000 y $270.000 por persona, y en dólares exigían entre USD40 y USD45. Esos montos los cobraba una persona encargada de una agencia de transporte.

“Adicionalmente, se cobraban otras tarifas dependiendo la nacionalidad de la ruta. Por ejemplo, Colombia-Chile, por un valor de USD450, o de Cúcuta a Lima, un valor de USD140″, detalló, indicando que al conductor del bus en el que viajaban los migrantes se le asignaba una tarifa de $100.000 por puesto ocupado.
Desmantelan red criminal que vendía documentos falsos a migrantes
En diciembre de 2025, las autoridades dieron un paso más en contra de los delitos relacionados con la migración en Colombia. Una red de trata de personas que facilitaba identificaciones colombianas a migrantes dominicanos mediante complicidad con funcionarios de la Registraduría Nacional fue desmantelada en un operativo dirigido por la Fiscalía General de la Nación.

“Utilizaban rutas alternas como Ecuador, Perú y Brasil para evitar controles migratorios, por lo que cobraban entre 3.000 y 5.000 dólares por cada trámite fraudulento”, detalló al respecto la mayor Ruby Stella Ruiz, jefe del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín.
El operativo contó con la coordinación de la Dijín de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos (DSS), la Registraduría Nacional y Migración Colombia.
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