Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín resultó en la captura de dos hombres identificados como Yeiner Alejandro Carmona Echavarría, alias Mandíbula, y Mateo Marín Bedoya, alias Aretes, señalados de integrar una organización dedicada a una serie de hurtos contra la cadena de tiendas D1 en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Según los informes de las autoridades, la actividad delictiva de este grupo se extendió desde julio de 2024 hasta noviembre de 2025, abarcando locales en Medellín y el municipio de Bello.
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Entre los elementos clave del caso destacan el uso de armas de fuego, la violencia contra el personal de las tiendas y la apropiación de más de $32 millones de pesos en efectivo durante los robos identificados.
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal adscrito a la Estructura de Apoyo (EDA), lideró la investigación que permitió documentar cerca de 200 atracos ejecutados bajo un modus operandi consistente en la distracción y la intimidación directa.
Así operaban los delincuentes que tenían azotados los D1 de Antioquia
Los delincuentes ingresaban a los establecimientos simulando ser clientes, para luego, al llegar a la caja registradora, desenfundar sus armas de fuego y amenazar a los empleados.
En ocasiones, uno de los cómplices esperaba afuera en una motocicleta para facilitar la huida tras el robo.
Las autoridades señalaron que las cámaras de seguridad de las tiendas fueron determinantes para identificar y judicializar a los responsables, que mantenían en alerta a los comerciantes del sector.
Dentro de los antecedentes judiciales, la información oficial señala que Marín Bedoya había sido capturado previamente tras resultar herido durante un robo frustrado en el sector de Zamora.
Por su parte, Carmona Echavarría fue vinculado por la Fiscalía con al menos 20 hurtos y aceptó los cargos imputados. Ambos enfrentan procesos por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Este resultado judicial se suma a otros casos relacionados con el hurto en este tipo de establecimientos de consumo masivo, como el de Davinson Flórez Laverde, capturado en octubre de 2024 por cometer al menos 40 robos en las tiendas D1 del departamento antioqueño, específicamente en Medellín y municipios del Valle de Aburrá.
Las investigaciones determinaron que el presunto delincuente realizaba robos pese a estar bajo medida de casa por cárcel por delitos de la misma naturaleza. Las estimaciones de pérdidas globales reportadas por la cadena D1 debido a este tipo de redes criminales superan los $300 millones, conforme a los registros de las autoridades.
Las acciones coordinadas entre la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía buscan reducir el impacto de las redes criminales dedicadas al robo sistemático de establecimientos comerciales en Antioquia, un fenómeno que ha generado preocupación entre los gremios de comerciantes y que, según los voceros institucionales, seguirá siendo objeto de atención prioritaria.
Alerta por estructura dedicada al robo de equipos médicos en Antioquia
Una serie de hurtos a hospitales públicos del Valle de Aburrá y otras subregiones de Antioquia encendió las alarmas entre las autoridades y directivos de centros médicos, según denunció la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia (Aesa).
De acuerdo con el director ejecutivo de la entidad, Luis Hernán Sánchez Montoya, en las últimas seis semanas se registraron al menos seis robos en hospitales municipales, incluyendo los de La Estrella, Itagüí y Bello, así como en los de San Jerónimo, Donmatías y San Pedro de los Milagros.
Los delincuentes, que fingen ser pacientes o acompañantes, sustraen equipos médicos portátiles de alto costo, como ecógrafos, desfibriladores y componentes de sistemas de Rayos X.
El hurto de estos dispositivos generó una afectación económica estimada en $300 millones y obligó a suspender servicios médicos esenciales, perjudicando especialmente a la población más vulnerable.
Las cámaras de seguridad captaron a grupos de tres o cuatro personas actuando de manera coordinada y sin ejercer violencia física, lo que hace sospechar la existencia de una estructura organizada. Según Sánchez Montoya, estos equipos robados suelen ser vendidos fuera del departamento e incluso podrían terminar en mercados ilegales de otros países.
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