
La decisión de la magistrada Aura Rosero contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, a los que envió a prisión mientras se adelanta el proceso por lo que sería su participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), provocó una dura reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, que habló –incluso– de lawfare contra su Gobierno.
Estos pronunciamientos del mandatario en las redes sociales provocaron una fuerte reacción del magistrado Hermes Lara, que hace parte del Tribunal Superior de Bogotá, y además es presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. El togado defendió la independencia judicial y rechazó cualquier insinuación de politización en las decisiones de los jueces por parte del mandatario, que ha sido enfático en insistir en la defensa de sus exfuncionarios.
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“Una de las situaciones más importantes en este país es que se deben resguardar las instituciones como lo es la justicia, de críticas que son desde todo punto de vista salida de contexto”, afirmó Lara a W Radio. El magistrado consideró que descalificar las decisiones judiciales cuando no coinciden con los intereses del Gobierno envía “un mal mensaje institucional para el país en general”, por lo que hizo un urgente llamado al Ejecutivo en ese sentido.

La férrea postura en defensa de la justicia de Hermes Lara
En efecto, Lara indicó a la comunidad y, en especial, a la Presidencia y sus funcionarios, para que “atiendan y comprendan que en Colombia no existe una justicia politizada”. Y reiteró que los jueces colombianos actúan bajo el marco de la Constitución y la ley, sin influencias políticas ni jerarquías externas. En este sentido, el magistrado instó a rodear y respaldar a la justicia, al remarcar la objetividad con la que los jueces ejercen su función en Colombia.
“No somos políticos. La rama judicial no tiene ninguna clase de ascendiente político ni jerarquías. Aquí las decisiones las toman los jueces y desde ese punto de vista existen los mecanismos de defensa, como bien se conocen por los abogados”, explicó en entrevista con el referido medio. E insistió en sus declaraciones, que generaron respaldo en las redes sociales, en que “aquí no hay jueces amigos o enemigos. No somos políticos ni tomamos decisiones políticas”.

El magistrado también advirtió sobre el impacto negativo que pueden tener las descalificaciones públicas hacia los jueces. “Nos parece desde la Corporación de Jueces y Magistrados que es un mal mensaje institucional para el país en general que se descalifiquen las decisiones de los jueces cuando no son parte de lo que pretende el Gobierno o cuando realmente sus intereses no son los que correspondan a la decisión”, reiteró el togado a W Radio.
Y en respuesta a Petro, que señaló que Rosero también participó en la decisión de otorgar la libertad al expresidente Uribe, Lara fue enfático. “Aquí no hay jueces amigos o enemigos. En Colombia no podemos decir que tengamos jueces del régimen, como sí pasa en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, ha pasado en otros países de Latinoamérica, en donde los jueces terminan siendo el apéndice del Ejecutivo. No, aquí tenemos una justicia independiente", expresó.

El magistrado aclaró que desconoció detalles sobre asignaciones previas de la togada, pero explicó que el proceso de asignación de casos en el Tribunal Superior de Bogotá es aleatorio entre todos los magistrados que ejercen la función de control de garantías para aforados. “No tenemos una asignación especial puntual, como se dice, o específica, sino que es aleatorio”, detalló Lara, que recordó que el sistema judicial colombiano contempla mecanismos de defensa y revisión.
“Si se han cometido errores, pueden ser corregibles desde varios ángulos. Por ejemplo, en el tema de la tutela, hay una decisión que toman tres magistrados, no es uno solo. En el tema de control de garantías, es un solo magistrado que toma como juez de control de garantías una decisión, pero la última reforma al código de procedimiento penal otorga la posibilidad de tener una segunda instancia”, remarcó el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados.
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