El anuncio del Gobierno colombiano de declarar la emergencia económica, con el fin de que cubrir un déficit presupuestal de 16 billones de pesos que estaban previstos en la ley de financiamiento negada por las Comisiones Económicas del Congreso, sigue generando diferentes reacciones en varios sectores del país.
El turno fue para Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que cuestionó la legalidad y pertinencia del documento expedido por el Ejecutivo, advirtiendo sobre el impacto negativo que estas medidas podrían tener en la inversión privada y en sectores estratégicos como el energético.
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En declaraciones a Caracol Radio, el directivo afirmó que la Constitución Política exige que una emergencia económica se base en hechos nuevos, graves e inminentes, condiciones que, en su opinión, no se cumplen en la coyuntura actual.
“El país sí enfrenta una fragilidad fiscal, pero esta no es nueva ni sobreviniente. Es una fragilidad autoinfligida, producto de un manejo presupuestal irresponsable, con gastos mal focalizados, presupuestos irreales y una deuda pública cada vez más costosa”, expresó el dirigente gremial al citado medio de comunicación.
Así mismo, el directivo señaló que uno de los puntos más críticos es la reiterada carga fiscal sobre el sector energético, al que se le sumarían nuevas tasas e impuestos, según lo estipulado en el decreto.
“El sector energético vuelve a ser el trompo de poner. Está de capa caída y esta sería la estocada final”, alertó Castañeda a la cadena radial mencionada.
Además, el dirigente criticó la inclusión de impuestos al patrimonio de las personas jurídicas, calificándolos como antitécnicos y generadores de distorsiones económicas que afectarían no solo al sector energético, sino a toda la estructura productiva.
Otras críticas al decreto
La postura de Alejandro Castañeda se suma a otras críticas de sectores empresariales y políticos, afirmando que el documento propone un aumento de impuestos que impactaría directamente el costo de vida y la actividad empresarial en Colombia.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó su rechazo a la declaratoria de emergencia económica, argumentando que no existen razones que la justifiquen.
“En este momento es una medida altamente desleal con la sociedad colombiana, ya que el gobierno sabe que en este momento entramos en vacancia judicial. No se le está jugando limpio a la sociedad colombiana. No hay razones para decretar una emergencia económica”, mencionó el directivo en su cuenta de X.
A su vez, José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, indicó que la declaratoria, pese a que podría caerse jurídicamente, generará grandes problemas para el nuevo Gobierno que se posesionará el 7 de agosto de 2026.
“Es probable que esta emergencia económica se caiga, pero mientras eso ocurre, los mayores impuestos afectarán la inversión, el empleo y el crecimiento. El próximo Gobierno se encontrará con una situación fiscal peor dado que las empresas tendrán saldos a favor en materia de impuestos”, sostuvo.
Por su parte, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi Atlántico, también manifestó su preocupación por el decreto, calificando la medida como “altamente irresponsable”.
Quintero advirtió que la decisión del Gobierno podría tener consecuencias negativas en la inversión privada, especialmente en un contexto de incertidumbre y ajustes fiscales. A pesar de este panorama, la dirigente gremial destacó que más del 50% de los empresarios han mantenido o incluso aumentado su nivel de inversión en medio de la incertidumbre.
Qué dice el decreto
Entre las medidas más controvertidas se encuentra la elevación del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000, que pasaría a ser 5x1.000 durante el año gravable 2026, lo que supondría un mayor costo para los usuarios del sistema financiero.
Además, introduce ajustes al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y productos similares: para 2026, el componente específico del impuesto sería de $750 por cada grado alcoholimétrico, calculado sobre unidades de 750 centímetros cúbicos o su equivalente, y se sumaría un componente ad valorem del 30%, incrementando la carga tributaria total sobre estos productos.
En cuanto al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, el borrador contempla que para el año gravable 2026 el tributo se causaría por el consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos o imitadores dentro de los departamentos, excluyendo únicamente los chicotes de producción artesanal. Estas medidas aún podrían ser modificadas antes de su expedición oficial.
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