La Agencia Nacional de Tierras mantiene abiertas investigaciones a 14 senadores por presunto acaparamiento de baldíos: habrían usado a familiares

14 senadores colombianos están siendo investigados en 19 procesos administrativos por presunto acaparamiento de tierras y apropiación irregular de baldíos, a través de mecanismos como el uso de familiares y otros financiadores para, presuntamente, encubrir sus nombres.

Según una reciente investigación publicada por la revista Cambio, que tuvo acceso a los expedientes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las investigaciones involucrarían a legisladores de cinco partidos políticos.

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La lista de congresistas investigados por la ANT ha crecido rápidamente en los últimos meses. En mayo de 2025, Felipe Harman, director de la ANT, informó sobre ocho procesos abiertos contra parlamentarios por temas relacionados con baldíos.

Sin embargo, información conocida por el medio indica que la cifra se duplicó en menos de seis meses, alcanzando 19 procesos que involucran a 14 senadores. Entre los nombres destacados figuran Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal), Paola Holguín (Centro Democrático), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador) y Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical).

El fenómeno abarcaría a seis senadores del Partido Conservador, tres del Centro Democrático, dos de Cambio Radical, dos del Partido de la U y uno del Partido Liberal. Algunos legisladores, como García Turbay y Bitar Castilla, acumularían hasta cuatro y tres investigaciones respectivamente, y varios enfrentarían procesos por más de un predio.

Según información conocida por Cambio, la ANT adelanta dos tipos principales de procesos sobre los predios vinculados a los congresistas: clarificación y recuperación directa.

Los procesos de clarificación buscan establecer la naturaleza jurídica real de los terrenos, especialmente cuando los folios de matrícula presentan inconsistencias o carecen de información suficiente. Si durante la investigación se recopilan pruebas de apropiación ilegal, el proceso puede transformarse en uno de recuperación directa.

Según los hallazgos del medio, los legisladores habrían recurrido a familiares, cónyuges, amigos cercanos o financiadores de campañas para encubrir la titularidad de los predios.

En varios casos, los beneficiarios directos de la gestión de los congresistas habrían sido personas que aportaron recursos a sus campañas políticas. Además, la ANT ha detectado el uso de mecanismos judiciales, como la prescripción adquisitiva, para legitimar la tenencia de tierras baldías, a pesar de que la ley prohíbe este procedimiento sobre bienes del Estado.

Felipe Harman ha advertido que el problema podría ser aún mayor, al estimar que uno de cada tres congresistas tendría algún tipo de relación con temas de baldíos. La ANT se encuentra en la fase final de un informe que analiza la relación entre el poder político y la acumulación irregular de tierras, con la conclusión preliminar de que un buen número de congresistas y excongresistas han estado vinculados a estas prácticas.

Los expedientes revisados por Cambio detallan casos en departamentos como Córdoba, Cesar, Magdalena, Antioquia y Bolívar. Entre los ejemplos más representativos se encuentran:

• Juan Samy Merheg (Partido Conservador): El predio Los Cambulos, en Obando (Valle del Cauca), de 54,4 hectáreas, está a nombre de Inveragro S.A.S., empresa financiadora del senador. La ANT no logró establecer el origen ni la cadena de dominio, por lo que abrió un proceso de clarificación.
• Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical): Dos predios en Zona Bananera (Magdalena), de 14 y seis hectáreas, carecen de título originario y presentan sentencias judiciales posteriores a la fecha límite legal, lo que ha motivado investigaciones adicionales.
• Luis Eduardo Díaz Mateus (Partido Conservador): El predio Lagunitas, en Cerrito (Santander), de 141 hectáreas, supera ampliamente la Unidad Agrícola Familiar permitida en la zona y fue adquirido mediante procesos de pertenencia cuestionados por la Corte Constitucional.
• Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical): La Gracia de Dios, en Ariguaní (Magdalena), de 497,3 hectáreas, está a nombre de la cónyuge del congresista y excede los límites legales para la zona.
• Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador): Tres predios en Córdoba, entre ellos La Conchita (15 hectáreas), presentan falta de documentos que acrediten la propiedad privada y superposición con áreas destinadas a hidrocarburos.
• Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal): Cuatro investigaciones por predios en Bolívar, algunos sin registro de área, donde la ANT no pudo determinar la naturaleza jurídica por ausencia de títulos.

• Juan Samy Merheg (Partido Conservador): El predio Los Cambulos, en Obando (Valle del Cauca), de 54,4 hectáreas, está a nombre de Inveragro S.A.S., empresa financiadora del senador. La ANT no logró establecer el origen ni la cadena de dominio, por lo que abrió un proceso de clarificación.
• Antonio Luis Zabaraín (Cambio Radical): Dos predios en Zona Bananera (Magdalena), de 14 y seis hectáreas, carecen de título originario y presentan sentencias judiciales posteriores a la fecha límite legal, lo que ha motivado investigaciones adicionales.
• Luis Eduardo Díaz Mateus (Partido Conservador): El predio Lagunitas, en Cerrito (Santander), de 141 hectáreas, supera ampliamente la Unidad Agrícola Familiar permitida en la zona y fue adquirido mediante procesos de pertenencia cuestionados por la Corte Constitucional.
• Carlos Mario Farelo Daza (Cambio Radical): La Gracia de Dios, en Ariguaní (Magdalena), de 497,3 hectáreas, está a nombre de la cónyuge del congresista y excede los límites legales para la zona.
• Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador): Tres predios en Córdoba, entre ellos La Conchita (15 hectáreas), presentan falta de documentos que acrediten la propiedad privada y superposición con áreas destinadas a hidrocarburos.
• Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal): Cuatro investigaciones por predios en Bolívar, algunos sin registro de área, donde la ANT no pudo determinar la naturaleza jurídica por ausencia de títulos.

Otros casos involucrarían a familiares directos, como el hermano de Nicolás Antonio Barguil Cubillos (Partido Conservador) en Cereté (Córdoba), o a financiadores de campañas, como en el caso de Óscar Leonardo Villamizar Meneses (Centro Democrático) en Puente Nacional (Santander). En ocasiones, las denuncias han partido de campesinos afectados, que han aportado información clave sobre la ubicación y extensión de los predios.

La falta de un censo actualizado de tierras baldías en Colombia dificulta la labor de verificación y control estatal. Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras en la ANT, explicó a Cambio que esta carencia complica la identificación de la naturaleza jurídica de los predios y la recuperación de bienes del Estado.

La Superintendencia de Notariado y Registro ha alertado sobre el uso indebido de la prescripción adquisitiva para apropiarse de baldíos, una práctica ilegal que, según Bautista, se ha extendido gracias a la intervención de jueces que reconocen propiedad privada donde no corresponde.

Además, la ANT ha identificado que en muchos casos los registros más antiguos de los predios son sentencias judiciales o escrituras basadas en testimonios, lo que impide consolidar un dominio legal claro.