
De acuerdo con información conocida por periódico colombiano El Tiempo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció el inicio oficial de una ronda minera orientada a la explotación de cobre, oro y minerales polimetálicos, con el objetivo de poner a disposición del mercado 14 áreas que ya cuentan con estudios técnicos, certificaciones ambientales y procesos previos de concertación territorial.
La iniciativa contempla contratos de exploración y producción con una duración de 30 años, de acuerdo con los lineamientos definidos por la autoridad minera.
Las zonas ofertadas se encuentran localizadas en Antioquia, La Guajira, Cesar y Tolima, departamentos donde, según las entidades del sector, existe un potencial mineral relevante identificado con anterioridad.
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De acuerdo con ese medio de comunicación, estas áreas fueron caracterizadas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de adelantar estudios sobre el subsuelo y los recursos minerales del país, cuyos resultados sirvieron como base para estructurar la convocatoria.
Desde la ANM se explicó que la ronda está dirigida a inversionistas interesados en desarrollar proyectos mineros bajo un esquema de exploración y producción, en el que se establecen condiciones técnicas, sociales y ambientales definidas desde la etapa inicial. Las áreas ofertadas ya fueron categorizadas como territorios libres, lo que implica que no presentan restricciones jurídicas que impidan su adjudicación dentro del marco normativo vigente.
El anuncio se realizó luego de que el Consejo Directivo de la ANM aprobara los términos de referencia que regirán el proceso. Dicho documento establece los requisitos para los interesados, así como los criterios de evaluación y las obligaciones que deberán asumir quienes resulten adjudicatarios. En este contexto, se señaló que uno de los ejes del proceso es la incorporación de herramientas orientadas al diálogo con las comunidades y las autoridades locales.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, las áreas incluidas en la ronda corresponden a minerales considerados estratégicos para el desarrollo de tecnologías limpias, energías renovables y procesos de reindustrialización, sectores que demandan insumos como el cobre y ciertos metales asociados. Esta clasificación fue uno de los elementos tenidos en cuenta durante la definición del portafolio de zonas ofertadas.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el proceso parte de condiciones previamente verificadas. “Estas 14 áreas son territorios libres, categorizados y con alto potencial mineral, que ya cuentan con certificaciones ambientales, verificación de no procedencia de consulta previa y actas de concertación con comunidades y autoridades locales”, señaló el funcionario cita por El Tiempo, al referirse a los requisitos cumplidos antes del lanzamiento de la ronda.
En la estructuración de los términos de referencia participaron varias entidades del Estado, entre ellas la ANM, el Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). Según se informó, este trabajo interinstitucional buscó unificar criterios técnicos, económicos y de ordenamiento territorial.
Durante la elaboración del documento también se abrió un espacio de participación ciudadana. En ese proceso se recibieron cerca de 180 comentarios provenientes de la ciudadanía, la academia, gremios del sector y organizaciones internacionales. Estas observaciones fueron revisadas y, según las autoridades, varias de ellas se incorporaron en la versión final de los términos que regirán la convocatoria.

La ANM indicó que las áreas se entregarán bajo contratos que permiten desarrollar actividades de exploración para confirmar la presencia y magnitud de los recursos, y posteriormente avanzar hacia la etapa de producción, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa ambiental y minera. El periodo de 30 años contempla ambas fases, con las obligaciones correspondientes en cada una.
Desde el Gobierno se precisó que la ronda no implica una adjudicación automática, sino un proceso competitivo en el que los proponentes deberán demostrar capacidad técnica, financiera y experiencia. Además, se reiteró que los proyectos deberán ajustarse a los planes de manejo ambiental aprobados por las autoridades competentes y a los acuerdos previamente suscritos con los actores del territorio.
La convocatoria se enmarca en la política minera definida por el Ejecutivo, que plantea una planificación del aprovechamiento de los recursos del subsuelo con base en información técnica y en procesos de concertación. En ese sentido, las entidades del sector señalaron que la identificación previa de las áreas busca reducir riesgos y brindar mayor claridad tanto a los inversionistas como a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia.
El lanzamiento de la ronda minera fue informado inicialmente por El Tiempo, medio que dio a conocer los detalles del proceso, las características de las áreas ofertadas y la participación de las distintas entidades del Estado en la estructuración de la convocatoria.
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