La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, formuló en la sede de la Casa de Nariño una serie de advertencias sobre la administración de Carlos Carrillo al frente del Fondo de Adaptación.
Durante una intervención pública, Rodríguez, gerente encargada de la entidad, indicó que bajo la dirección de Carrillo se estructuraron y contrataron diversos proyectos clave que no registraron avances en su ejecución y presentaron presuntas señales de falta de transparencia.
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La funcionaria señaló en sus declaraciones públicas que el primer proyecto, denominado Ruta del Arroz, presentó “cero por ciento de ejecución, cero por ciento de ejecución”, pese a haber sido contratado durante la gerencia de Carrillo.
Según la funcionaria, esta situación responde a riesgos de colapso financiero, desplome en la ejecución, incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia, como lo expresó ante medios en la sede presidencial.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también cuestionó a Carlos Carrillo en su cuenta de X.
“Angie Rodríguez, secretaria general de Presidencia, presenta pruebas contundentes de malos manejos, negligencia, de ineficiencia, show y de engaños en el Fondo de Adaptación por Carlos Carrillo. Las denuncias conocidas hoy deben ser investigadas con rigor", señaló Benedetti.
Angie Rodríguez también hizo referencia al contrato para adelantar una investigación hidrodinámica sobre el río Cauca, afirmando que este proyecto no aportó insumos relevantes para avanzar en los diseños de soluciones y reportó igualmente ausencia de ejecución presupuestal.
La funcionaria informó que este contrato se realizó mediante contratación directa y que la Oficina de Control Interno emitió alertas que, según ella, fueron omitidas.
“La Oficina de Control Interno envía unas alertas que, en su momento, fueron omitidas. Ausencia del concepto de Minciencias para el tipo de contratación requerido por el Fondo de Adaptación; contratación directa para un solo oferente; y ausencia de documentación asociada a la presentación del proponente”, expresó la directora del Dapre.
Entre los proyectos citados también figura Senderos para la Paz, que bajo la administración de Carrillo, según Rodríguez, tampoco reportó avances de ejecución.
Asimismo, Rodríguez expuso el caso de la aplicación La Mojana, cuya primera fase fue estructurada en la administración previa y la segunda contratada bajo Carrillo.
El proyecto no ha registrado ejecución presupuestaria. La denuncia subraya que el desarrollo priorizó una plataforma tecnológica en vez de soluciones estructurales para la población afectada, pese a que fue contratada una suma significativa para este objetivo.
Angie Rodríguez precisó que la baja ejecución de proyectos asociados al Fenómeno de La Niña y a La Mojana genera el riesgo de reintegrar casi $800 mil millones al Ministerio de Hacienda, por lo cual los avances financieros y en infraestructura no se alinean con los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional.
Según la funcionaria, “retraso crítico en estudios: el Fondo debería contar ya con los estudios y diseños de la solución estructural e incluso tener la mitad de las obras ejecutadas. Sin embargo, la entidad se encuentra apenas preparando una solución conceptual”.
La licitación para la consultoría de los estudios y diseños, valorada en $54 mil millones, fue declarada desierta a finales de 2024. El Fondo de Adaptación asumió la preinversión mediante contrataciones de menor alcance, lo que, de acuerdo con el reporte oficial, “genera un riesgo inminente en la calidad y la garantía de las posibles intervenciones”.
Durante la presentación del informe a medios de comunicación, la directora Angie Rodríguez advirtió además que la entidad ha perdido capacidad de ejecución, mientras que incrementó la contratación de personal y cuestionó contratos de arrendamiento firmados durante la administración anterior.
El reporte expuso “alarmantes retrasos y deficiencias en la ejecución presupuestal y de proyectos cruciales”.
El informe de la gerente encargada fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para su investigación, con el objetivo de que se indaguen los hechos señalados y se mantenga informada a la opinión pública sobre la administración del Fondo de Adaptación.
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