
El sistema carcelario es objeto de polémica tras la fuga de dos peligrosos delincuentes privados de la libertad en menos de 24 horas en distintas zonas del país: Bogotá, Itagüí.
Al respecto, el ministro de justicia encargado, Andrés Idárraga, entregó detalles de las circunstancias que rodearon estas fugas y las acciones al respecto para evitar futuros casos.
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Durante la entrevista, Andrés Idárraga señaló: “Efectivamente, el Ministerio de Justicia está muy preocupado por esta situación que no se puede seguir normalizando. En lo corrido de estos últimos cuatro años, llevamos en total cuarenta y cuatro personas que han salido de las cárceles de manera irregular, fugadas a través de distintas modalidades. Las más recientes, como ya comentaron, el cambiazo que sucedió en La Picota y una persona que se fue por una cuerda en la cárcel de Itagüí”.

El ministro atribuyó parte de la problemática a “situaciones rudimentarias” en materia de verificación de identidad y controles de acceso, que, según sus palabras, “son bastante rudimentarias, arcaicas para poder controlar, hacer la seguridad de las personas privadas de la libertad”.
Específicamente, reportó 10 hechos en cuatro años donde se han roto barrotes, cinco más implicando escalada de muros y antecedentes del “cambiazo” registrados en el pasado.
Para responder a los hechos recientes, Idárraga anunció tres medidas prioritarias. En primer lugar, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera iniciar una investigación para determinar si existieron transacciones sospechosas entre los fugados, sus familiares y funcionarios encargados de la seguridad penitenciaria, con el fin de descartar sobornos.
Además, mencionó que se busca actualizar los recursos tecnológicos a través de la Uspec para reemplazar los actuales sistemas de verificación mediante tinta, considerados desactualizados frente a la disponibilidad de equipos biométricos.
Finalmente, anunció que “una tercera fase que vamos a hacer a partir de la próxima semana, en coordinación con Ejército, con Policía, que tiene que ver con dos anillos de seguridad perimetral de las cárceles que más nos preocupan para poder contener no solamente ese tipo de situaciones que terminaron en fuga, también la entrada de celulares a las cárceles, que sigue siendo nuestra preocupación y que conlleva buena parte de las extorsiones del país”.

La cárceles con mayor riesgo de fugas, según ministro de Justicia (e)
El ministro enumeró los penales con mayores riesgos, entre ellos los de Valledupar, Caldas, Ibagué, Cómbita, y la Modelo en Bogotá, lugares que serán priorizados para la implementación de los nuevos controles y la rotación del personal de custodia.
Sobre el funcionamiento interno, Idárraga reconoció deudas históricas en materia de infraestructura y tecnología, enfatizando que “no es de ahora, hace quince días. Es que esto lleva en una crisis todo el tiempo”, y citó la falta de recursos debido a la caída de proyectos de ley de financiamiento en el Congreso.
En cuanto a la recaptura de los fugados, informó que “la Policía Nacional y todas sus agencias de investigación están muy concentradas en dar con el paradero para la recaptura de estas personas. No podemos descartar absolutamente nada. Confiamos en la presunción de inocencia y la buena fe de las personas que están cuidando a las personas privadas de la libertad, pero desafortunadamente no podemos descartar ningún tipo de situación que pueda conllevar la fuga de presos, entre otras cosas por un caso de corrupción”.
Sobre la persona que facilitó el “cambiazo” en La Picota, identificada como Alexander Marulanda Ríos, el ministro explicó que corresponderá a la Fiscalía determinar su grado de responsabilidad, indicando que “la fiscalía es la que tiene que establecer su responsabilidad, porque no puede ser un inocente que dijo: ‘No, yo no sabía que me cambiaron e iba para la celda, pero yo en realidad estaba de visita’. Eso lo tiene que determinar la fiscalía pronto”.

Al cierre de la conversación, Idárraga transmitió un mensaje de tranquilidad, insistiendo en que la situación está siendo abordada con la mayor urgencia y que se desplegarán operativos para demostrar ante la opinión pública la eficacia de los nuevos esquemas de seguridad penitenciaria en los próximos días.
Los casos
En Itagüí, Dairo Arcadio Zapata Mazo, condenado a 35 años por delitos como extorsión y secuestro, escapó el 8 de diciembre de la Cárcel y Penitenciaría La Paz, un centro considerado de máxima seguridad.
Según el Inpec, utilizó sábanas para descender desde el pabellón dos, lo que ha generado sospechas sobre posible colaboración interna y fallas en los protocolos de seguridad. Las autoridades activaron los operativos de búsqueda y una investigación por presunta complicidad de funcionarios.
De otro lado, en Bogotá, Pedro David Nieves Mosquera, sentenciado a 28 años por secuestro extorsivo y hurto, escapó de la cárcel La Picota mediante la modalidad de “cambiazo”. El recluso intercambió su lugar con un visitante, Alexander Marulanda Ríos, que fue retenido y enfrenta cargos por suplantación y favorecimiento de fuga.
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