El inicio de las negociaciones para definir el salario mínimo en Colombia para 2026 generó un ambiente tenso entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se instaló de manera formal el 1 de diciembre de 2025, con lo que marcó el comienzo de una discusión que involucra cifras clave de inflación, propuestas de incremento y el posible impacto en la economía nacional.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual hasta noviembre de 2025 fue de 4,82%, un dato que sirve de base para las proyecciones de ajuste salarial. Las propuestas de aumento varían entre el 6% y el 11%, lo que refleja la distancia entre las posiciones de los distintos actores. De concretarse este rango, el salario mínimo mensual se ubicaría entre $1.516.478 y $1.531.763.
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El presidente Gustavo Petro propuso un aumento del 11% para el salario mínimo, lo que elevaría la remuneración mensual a cerca de $1.580.085. La cifra representa la propuesta más alta en la mesa de negociación. Por su parte, Fedesarrollo sugirió un ajuste entre el 6% y el 7% al argumentar la necesidad de mantener el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad macroeconómica. Los empresarios muestran cautela ante la posibilidad de un incremento elevado, advirtiendo sobre los riesgos asociados al costo laboral y la informalidad.
Impacto estimado en el salario mínimo y el costo laboral total
Un aumento del 11% en el salario mínimo, como plantea el Gobierno, tendría un efecto directo en el costo total de contratación de un trabajador. Según cálculos de Fenalco, este costo, que incluye salario, prestaciones y aportes legales, ascendería a unos $2.800.499 mensuales. El incremento impactaría a los empleadores y podría influir en la dinámica del mercado laboral y en la sostenibilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Debate sobre informalidad y empleo
La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,2% en octubre de 2025, el nivel más bajo en más de una década, según el Dane. El dato fue destacado en la mesa de concertación como un logro relevante, aunque persisten preocupaciones sobre la alta informalidad laboral. De acuerdo con los empresarios, el 56% de la fuerza laboral permanece en la informalidad, lo que limita el alcance real de cualquier ajuste al salario mínimo. El debate se centra en cómo un aumento significativo podría incentivar la informalidad y afectar la generación de empleo formal.
Advertencias y propuestas
En medio de la discusión, Infobae Colombia consultó al presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, teniendo en cuenta que fue ministro de Vivienda y que, durante la instalación de la mesa de concertación, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el Gobierno buscará desligar del próximo aumento los topes de la vivienda de interés social para evitar que haya menos acceso a esta.
Y es que, hasta el momento, la vivienda de interés social no ha sido incluida en este grupo de bienes y servicios desindexados. Por eso, en la actualidad, se mantiene así:
- El valor máximo de una vivienda VIS en ciudades con más de un millón de habitantes es de 150 salarios mínimos, es decir, $213.525.000.
- En el resto del país, el tope es de 135 salarios mínimos, equivalente a $192.172.500.
- La vivienda de interés prioritario (VIP) tiene un límite de 90 salarios mínimos, lo que corresponde a $128.115.000 en todo el territorio nacional.
Los topes se ajustan cada año en función del incremento del salario mínimo, lo que impacta de manera directa en los precios de las viviendas y en los subsidios del Estado.
Efecto en el poder adquisitivo de los trabajadores
Teniendo en cuenta esto, Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), habló la importancia de que el incremento salarial tenga un efecto positivo en el poder adquisitivo de los trabajadores: “Nosotros estamos desde la técnica buscando que el incremento que se le dé a los asalariados les mejore su nivel adquisitivo”, dijo. Además, cuestionó la percepción de que los empresarios se oponen al aumento al señalar que “el Gobierno nos pone como los malos, pero hoy al 56% de los trabajadores, que son informales, no los tienen en cuenta en esta decisión que vamos a tomar”.
Puntualizó que el proyecto social más importante que se podía haber hecho era intensificar Mi Casa Ya, pero lo triste es que quitaron los subsidios y la posibilidad de tener vivienda: “Ahora nos quieren decir que no hace parte del incremento salarial, pero, pues eso no tiene presentación. Simplemente, es ilegal. Como dijeron antes: le quitamos la i para que sea legal. Aquí estamos tratando de hacer lo mismo. Vamos a quitar un pedazo de lo que es verdaderamente necesario, simplemente, por quedar mejor con algún sistema o algún sector”.
El dirigente gremial también expresó su preocupación por la posibilidad de que el ajuste salarial se utilice con fines electorales al advertir sobre las consecuencias a largo plazo.
Al referirse a otros productos o servicios que cree que deberían ser desligado, respondió que “no estamos para improvisar, es que este es un tema muy preocupante y ya solamente el hecho de que vayamos a especular con que queremos poner el salario más alto de la historia simplemente por dejar ese hito en época electoral, simplemente el costo social lo va a pagar el gobierno entrante y la economía que va a perder y crecerá la informalidad en el país”, sostuvo.
Implicaciones sobre tarifas de servicios públicos y subsidios
El presidente de Andesco abordó el impacto de las decisiones salariales en las tarifas de servicios públicos y la política de subsidios. Criticó la desvinculación de los subsidios a la vivienda del ajuste salarial y recordó su experiencia como exministro de Vivienda. Sánchez advirtió que “malas decisiones hoy repercuten en tarifas hacia el futuro”. Al mismo tiempo, defendió el papel de las empresas de servicios públicos en la estabilidad del país, especialmente en el suministro de gas.
Reforma tributaria y el gasto público
Con relación a la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, que busca recaudar $16 billones y se debate en el Congreso, instó a que el Presupuesto General de la Nación se elabore sin depender de nuevos impuestos.
“Hoy lo que se tiene que hacer es cumplir la regla fiscal. Hoy lo que se tiene que hacer es disminuir el gasto excesivo que tenemos y hoy lo que tenemos que desbaratar es todos esos OPS que no sirven para nada, que no generan valor agregado y que disminuyen supuestamente el desempleo, pero que no es sostenible en el tiempo”, afirmó.
Además, cuestionó la sostenibilidad de mantener 650.000 contratos de prestación de servicios que, según él, no aportan valor real al mercado laboral: “Yo no puedo mantener 650.000 contratos de prestación de servicio que no estén generando algo verdaderamente real en el mercado real”, concluyó Sánchez.
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